El Defensor del Pueblo admitió a trámite –el pasado 6 de junio- una queja de la Campaña contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y por el fin de las Deportaciones de Valencia, respecto a un joven marroquí de 22 años, extutelado por la Comunidad de Madrid, que estuvo encerrado durante más de un mes en el CIE de Zapadores en Valencia.
La Campaña ha solicitado la mediación de la Defensoría “para que no se repitan situaciones similares”, y calificó en su escrito el encierro de “ilegal”; el motivo es que la reclusión se produjo “a pesar de que en el centro se disponía de la resolución judicial que suspendía su orden de expulsión”, subrayan las ONG; “su puesta en libertad sólo se produjo cuando el caso fue detectado por los Servicios Jurídicos de la Campaña”, añade la queja.
La motivación del texto, remitido por los activistas y registrado el 13 de marzo por el Defensor del Pueblo, continúa del siguiente modo: “Se puso en evidencia que en el expediente del interno constaba que la expulsión había sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid” (recurso de apelación del muchacho estimado por la resolución judicial del 8 de julio de 2021).
Pero, “vulnerando la ley y la sentencia del TSJ, el chico fue recluido desde el 21 de enero hasta el 23 de febrero (de 2023) en el CIE de Valencia sin que ninguna autoridad verificara su situación legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle”, se agrega en la queja.
La orden de expulsión fue emitida por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid dos años antes que el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares acordara –el pasado 21 de enero- el ingreso en el CIE del ciudadano magrebí; a la persona migrante A.E.M. “se le encerró en Valencia con el fin de ser expulsado en cualquier momento”, denunció la Campaña en un comunicado del 8 de junio.
Tras el estudio y admisión a trámite de la queja, el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones “ante los organismos administrativos competentes”.
En el texto que las ONG han remitido a la Defensoría se incluye, entre otros argumentos, los que en su día expuso el TSJ de Madrid para determinar la suspensión cautelar: “(el TSJ) tomó esta decisión al considerar que el auto de expulsión no había valorado ‘debidamente las circunstancias del caso. En primer lugar, porque la documentación aportada arroja múltiples indicios del arraigo social’ del chico”.
Además, el citado tribunal “critica a la Comunidad de Madrid y a la Administración en general por la ‘inacción’ y la ‘descoordinación’ para regularizar su situación administrativa desde que se detectó su minoría de edad, mientras estuvo tutelado y tras alcanzar la mayoría”.
En el informe anual de 2022, el Defensor del Pueblo recuerda que 2.082 personas estuvieron internas en los cinco CIE del estado español que permanecieron abiertos ese año.
El defensor hace mención, asimismo, de dos acuerdos que dictaron en 2022 los jueces de control del CIE de Aluche (Madrid), que resumen las quejas principales y que son “comunes a todos los centros”; por ejemplo, la necesidad de implantar un protocolo de tramitación de quejas y denuncias por malos tratos (y la obligatoriedad de trasladar al juzgado de control a la persona que los alegue, para garantizar la eficacia de la investigación).
Otro de los puntos destacados es que, en las solicitudes de protección internacional, esté presente el personal de la Oficina de Asilo y Refugio; también la garantía del derecho a la intimidad en la consulta médica; y, en el caso del CIE de Madrid, la necesidad de implantar la atención psicológica para los reclusos.
Además de la investigación por el caso del joven marroquí encerrado en Zapadores, la Campaña ha difundido una resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia -dirigida a la dirección del CIE de Zapadores- en la que da la razón a los activistas por las quejas y alegaciones planteadas respecto a las entrevistas en el centro.
De este modo, según la disposición firmada por el magistrado Francisco de Asís Silla el 24 de marzo, “las entrevistas con letrados y ONG, así como con familiares, deben hacerse en todo caso respetando la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se hayan escuchado”.
La resolución del juez de control de la estancia de los internos en el CIE se produjo tras las denuncias -por parte de las ONG- de “espionaje policial”.
El Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europe) publicó en abril el informe Visitas en centros de internamiento: cómo son y cómo deberían ser. El JRS, que realiza visitas en 13 países europeos (entre ellos España), concluye que las autoridades deben reconocer el “papel crucial” de las ONG; en consecuencia, las organizaciones tendrían que contar con el acceso libre a los centros –incluidas las salas comunes- para poder desarrollar el acompañamiento.
Según la red de entidades, “el personal del centro debe informar a las personas detenidas sobre la posibilidad de recibir visitas”.
La Campaña CIE No de Valencia se hace eco habitualmente, en las redes sociales, de las denuncias de la iniciativa de boicot a los vuelos Stop Deportación; por ejemplo, sobre la intervención de varios pasajeros en un vuelo de la compañía Air Maroc, que hizo fracasar la expulsión de una persona migrante (ciudadano de Guinea Konacri) desde Gran Canaria hasta Casablanca (elDiario.es, 3 de junio).
O el intento de suicidio, para impedir la deportación desde el aeropuerto de Corvera, en Murcia, de un ciudadano extranjero (La Opinión de Murcia, 25 de mayo, a partir de fuentes policiales).
El pasado 19 de marzo, Stop Deportación informó (a partir de las referencias de los periódicos Público y elDiario.es) de la “reanudación” de los macrovuelos de deportación promovidos por el Ministerio del Interior español, con destino a Senegal (más de 30 personas expulsadas desde Gran Canaria en dos vuelos realizados por la empresa Air Nostrum, en dirección a Dakar).
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