En una reciente entrevista, el historiador germano-británico Orlando Figes hablaba de la campaña de los medios británicos para convencer a la opinión pública sobre las ventajas del Brexit y de cómo la facción conservadora más radical ha estado treinta años alimentándola para acabar con esta reflexión: “No puedes repetir machaconamente según qué mensajes y que no tengan efecto” (El País Semanal, 14 de noviembre de 2021). Lo mismo podemos decir de la campaña de algunos diarios (ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia) a propósito de la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial.
Veamos algunos ejemplos:
“El Gobierno se queda solo en su defensa del modelo actual de elección del CGPJ” (ABC, 14 de septiembre de 2021).
“PSOE y PP recibieron una propuesta concreta para despolitizar el CGPJ ya en 2018” (ABC, 25 de octubre de 2021).
“El Gobierno se enroca en que el reparto partidista del Poder Judicial es ‘magnífico’” (ABC, 26 de octubre de 2021).
“Arrecia la presión sobre Sánchez y Casado para regenerar la institución” (La Vanguardia, 10 de noviembre de 2021).
“El PP exige al Gobierno tramitar la ley para despolitizar el CGPJ” (El Mundo, 8 de noviembre de 2021).
“Solo habrá pacto para el CGPJ si hay una ley para despolitizarlo” (El Mundo, 8 de noviembre de 2021).
Estos son algunos ejemplos de la prensa conservadora, ejemplos que sólo contrarrestan El País y algunos digitales (por ejemplo, Juan Fernando López Aguilar: “EL CGPJ ante la UE y la reputación de España”, El País, 9 de noviembre de 2021). Como dice Figes, tanta insistencia acaba calando en la opinión pública.
Sin embargo, el contenido de esta gran campaña de la derecha descansa en varias falacias, a saber, un CGPJ “politizado”, “partidista”, necesitado de regeneración, no acorde con los cánones europeos. Veamos estos mitos:
El CGPJ está politizado. Claro que lo está y lo estaría igual si sólo los Jueces y Magistrados participaran en su elección. El órgano de gobierno del Poder Judicial, con independencia de la forma de seleccionar a sus miembros, siempre va a estar politizado, porque gobernar a un Poder difuso del Estado es hacer política. ¿No estaría politizado si los doce Vocales judiciales fueran elegidos por un colectivo donde estuvieran las asociaciones “profesionales” conservadoras, progresistas y de centro? El CGPJ está inevitablemente politizado, pero lo va a estar, aunque sus Vocales sean elegidos directamente por los funcionarios del Poder Judicial. Y por si no bastaran estos argumentos, la Constitución obliga a elegir un mínimo de ocho Vocales por el Congreso y por el Senado. ¿No va estar politizada la obligada elección parlamentaria? Por otra parte, la prensa conservadora y la derecha política y judicial utiliza el adjetivo “político” con sesgo negativo, como se hacía durante la dictadura cuando la política es la función más digna de toda sociedad, porque aspira a gobernar ésta.
El CGPJ es “partidista”. Si en la elección participan Diputados y Senadores es imposible que los partidos políticos no estén interesados en el resultado de la elección. Pero, en primer lugar, tampoco es un desdoro, porque los partidos “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” (artículo 6º de la Constitución). Si los partidos tienen atribuidas esas nobles funciones, ¿de qué nos escandalizamos, como haría Franco? Además, si como hemos apuntado más arriba, las asociaciones judiciales (que son cuasi-sindicatos) se consideran conservadoras, progresistas o de centro, ¿cómo se puede tener el cinismo de decir que el CGPJ es partidista? ¿O nos escandalizamos como el Capitán Renault, de Casablanca, porque en este local se juega?
La elección parlamentaria de todos sus Vocales no responde a cánones europeos. Esta es otra mentira. Los Tratados fundacionales no dicen nada ni pueden decirlo. Es verdad que en los informes de la Comisión se deslizan ideas sobre la autoelección de los miembros de esta clase de órganos de gobierno judicial y también lo hace un grupo de trabajo del Consejo de Europa (GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción), que preside un Diputado croata, Marin Mrcela. Pero resulta que en la mayor parte de los Estados europeos y en Estados Unidos el Poder Judicial no está gobernado por ningún Consejo, por lo que los dictámenes de la Comisión Europea y del Consejo de Europa son una extralimitación que no corresponden a los principios del Derecho comunitario.
Pero estas falacias van horadando en la opinión pública, porque sería necesario que desde los partidos de la izquierda se les diera una respuesta más contundente y, sobre todo, más persistente.
Por último, otra falacia que ya está empezando a circular. En junio de 2022 el Gobierno y el CGPJ han de proponer, cada uno, dos Magistrados del Tribunal Constitucional. Y para embarullar la cuestión ya salen en cierta prensa algunas opiniones que dicen que si el CGPJ no se renueva y (en virtud de la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial este Consejo no pueda formular este tipo de propuestas), el Gobierno no podría proponer a sus dos Magistrados. Esto es otra mentira. Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obligan a hacer las propuestas conjuntamente, pues cada uno de estos dos órganos constitucionales dispone de toda su autonomía para formular propuestas cuando cronológicamente le corresponda. Si uno de estos órganos no formula propuestas porque no quiera o no pueda (que es el caso actual), esa inactividad no condiciona al otro órgano. Pensemos en el caso contrario: si cuando correspondiera al Gobierno proponer Magistrados, ese Gobierno estuviera en funciones, no debería formular propuestas (ex artículo 21.3 de la Ley del Gobierno de 1997), en esa circunstancia al CGPJ para aprobar sus propuestas.