En medio de un debate electoral presidencial bastante reñido el cual cerrara el próximo domingo 19 de junio, en el que el tema de la corrupción se ha convertido en asunto central, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha ordenado la captura de un prominente Senador liberal de la cuerda del expresidente Cesar Gaviria, quien ha orientado su caudal electoral en apoyo del candidato neouribista (y neofacho) Rodolfo Hernández.
Mario Castaño fue elegido el pasado 13 de marzo con casi 69 mil votos como senador liberal con el aval de la Dirección Oficial del inveterado Partido Liberal que encabeza el expresidente Cesar Gaviria, el artífice de la imposición del modelo neoliberal en Colombia.
Castaño es una reconocida figura politiquera del departamento de Caldas y de la región del Eje cafetero (conformada por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío), región en la que despliega su criminal accionar en perjuicio de los intereses de las comunidades y de las instituciones públicas. Desde el año 2019 denunciamos sus andanzas criminales y oscuras en Armenia y en la gobernación del Quindío, mostrando sus antecedentes como socio de los grupos paramilitares de la Dorada y el Magdalena Medio encabezados por Ramon Izasa, quien con sus hijos aún conserva un amplio control territorial en dicha zona en complicidad con el ejército, policía y los clanes del poder municipal; igualmente lo denunciamos por su relación con el desfalco a la Empresa de Licores de Caldas y el robo a los recursos de las regalías petroleras. Nuestros señalamientos mostraban como la presencia de Mario Castaño en Armenia reflejaba una alianza con la mafia vargasllerista encabezada por “Toto” y su compañera sentimental, la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado, quienes han secuestrado la Alcaldía de la capital del Quindío, la misma que despojan a diestra y siniestra, incluyendo las Empresas Públicas, el Pae, la salud, la educación y la Universidad del Quindio en manos de una rosca delincuencial rechazada por la comunidad educativa de manera unánime.
A raíz de esas denuncias fuimos amenazados y perseguidos por bandas criminales y por grupos paramilitares que nos obligaron a salir de la ciudad y a pedir medidas de protección que nunca llegaron, pues lo único que se hizo efectivo fue un seguimiento permanente de mi vida cotidiana y de mis comunicaciones telefónicas y en red por parte de la policía y la Fiscalía.
Obviamente la mano criminal de Castaño está detrás de toda esta acción siniestra contra nuestro liderazgo social en el Quindio.
Mario Castaño ya está en la cárcel la Picota y será condenado a una importante pena por sus delitos que se han relacionado como concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado, concusión y estafa, lo que le da casi 30 años de penitenciaria.
Castaño conformo una poderosa máquina de robo al estado no solo en el Eje cafetero sino en el Valle del Cauca, el Cauca (en el municipio de Piendamo donde hizo llave con su alcalde Víctor Franco), Choco y Antioquia.
Merced a sus maniobras, en las que recibió el apoyo de Iván Duque y del Contralor General de la República, a través de María Fernanda Rangel, alta funcionaria de esa entidad dizque encargada de combatir la corrupción.
Castaño se apropió de manera fraudulenta y con sobornos, con sus testaferros de 55 multimillonarios contratos, de los que se embolsillo 50 mil millones de pesos (15 millones de dólares) en pocos meses desde el 2021.
Mario Castaño es la punta de iceberg del sistema de corrupción que ha denunciado Gustavo Petro, del que hacen parte 57 clanes regionales, todos los cuales están en la campaña de Rodolfo Hernández para imponerlo como presidente de la Republica.
Sobre el problema de la corrupción en Colombia quiero citar acá la reciente columna del ex vicepresidente German Vargas Lleras, quien se refiere al caso de la descomunal contratación hecha recientemente por el gobierno de Iván Duque, mediante la modalidad de la contratación interadministrativa; aunque los amigos de Vargas Lleras, integrantes del Partido Cambio Radical tienen una red nacional de rateros que son favorecidos por el poder e influencia de Vargas Lleras para garantizar impunidad.
“Sistema de corrupción.
German Vargas Lleras.
“Concuerdo con destacados analistas y en particular con el Dr. Alfonso Gómez en que nuestra legislación tiene todo el arsenal de instrumentos suficientes para enfrentar la corrupción. Basté señalar la figura de la extinción de dominio, de la cual fui ponente en el Senado, que no solo se aplica a los bienes del narcotráfico sino también a los dineros originados en delitos contra la administración pública.
“Disponemos, además, de todos los tipos penales, incluido el de enriquecimiento ilícito con penas severísimas; consagramos conductas para perseguir los más sofisticados delitos, como el uso de información privilegiada, y establecimos inhabilidades políticas como la pérdida de investidura y la silla vacía, para mencionar solo algunas. Año tras año hemos fortalecido las competencias de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría e incrementado sus abultados presupuestos. Aun así, los resultados dejan mucho que desear.
“Hace dos semanas, y a propósito de las elecciones, me referí a la que creo es hoy la principal fuente de corrupción: se trata de la práctica de comprar gobernabilidad en donde las entidades del Gobierno Nacional renuncian a ejecutar sus presupuestos para asignarlos, previa sugerencia de los parlamentarios, a las gobernaciones y alcaldías a través de contratos interadministrativos, a fin de que las inversiones sean licitadas y contratadas a nivel territorial.
“Ya en esta órbita, los pliegos se confeccionan a la medida del único contratista que generalmente se presenta y, por supuesto, raro es que se respete el pliego tipo que valora las propuestas de manera objetiva. Para continuar con esa práctica es que se modificó, precisamente, la ley de garantías.
“Estos contratos, en mayores cuantías y cada día en más entidades, se han convertido en la regla general. Así proceden usualmente el Fondo de Adaptación, la Unidad de Gestión del Riesgo, los ministerios de Agricultura y del Deporte, el Invías, Fontur, el DNP y el DPS, el Fonade y, cómo no, el Ministerio del Interior, entre otros.
“Baste decir que el publicitado atraco al Mintic por cuenta de Centros Poblados por 70.000 millones resulta irrisorio si se lo compara con las cifras de billones que son contratadas a través de este mecanismo, donde evidentemente reciben tajada el parlamentario que señala la obra y su valor, el alcalde, el contratista y el interventor, cuando no los funcionarios de los organismos de control. Si en verdad quiere extirparse este cáncer de la corrupción, debe cortase de raíz esta práctica.
“Esta semana el Contralor anunció investigaciones en curso por 6,5 billones a contratos interadministrativos suscritos bajo la ley de garantías y así ganados en licitaciones con oferente único. Buena noticia, pero la tarea es descomunal, comoquiera que toca revisar más de 600.000 contratos.
“También registro como positivo que la Corte Suprema le metió el diente al tema, dictando medida de aseguramiento por la presunta intervención del senador Mario Castaño en la contratación de vías a través de contratos en la unidad de riesgo y para la construcción de canchas sintéticas con el Mindeportes y varios contratos en el programa Sacúdete del Mininterior.
“Son miles los contratos adelantados en igual forma. En el solo programa Sacúdete, el Fonsecom del Mininterior ha suscrito 330 en 2021 y 203 en 2022, de un presupuesto para este año de medio billón de pesos. Me tomé el trabajo de seleccionar 20 contratos y en 18 se presentó un único oferente, el otro está en proceso de licitación y en el restante se presentaron dos propuestas. Por eso es evidente que el caso del senador no es aislado. Vale la pena indagar con qué criterios, por ejemplo, se seleccionaron los municipios de Toledo, Hato Nuevo, Rovira, Linares, Yaguará, Piojó y los demás municipios beneficiados, quiénes mediaron en la asignación de estos recursos y también qué responsabilidad cabe a ministros y funcionarios que los suscribieron.
“Propongo que se haga un ejercicio muy sencillo de cotejar la relación de estos contratos interadministrativos, especialmente los suscritos en época preelectoral, con votaciones atípicas registradas en los municipios beneficiados.
“Y a todas estas, ¿en qué irá la liquidación de los contratos ordenada por la Corte Constitucional?” (https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras )
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