El arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati intervendrá como mediador entre los mapuche en huelga de hambre contra la ley antiterrorista y el gobierno, según anunció el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en el inicio de la semana clave de los festejos del bicentenario. «Nada que celebrar», advertían desde hace un año los mapuche, pero la […]
El arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati intervendrá como mediador entre los mapuche en huelga de hambre contra la ley antiterrorista y el gobierno, según anunció el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en el inicio de la semana clave de los festejos del bicentenario. «Nada que celebrar», advertían desde hace un año los mapuche, pero la consigna se encarnó en 34 comuneros mapuche -dos de ellos menores- en estado crítico en cárceles y hospitales de Concepción, Temuco, Lebu, Angol y Valdivia. El gobierno presentó a Ezzati a 64 días del inicio de la huelga de hambre y a horas del ofrecimiento del argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, de mediar, valorado positivamente por María Tralcal, vocera de los presos políticos mapuche en huelga de hambre.
Hace ya semanas los huelguistas habían solicitado a Monseñor Ezzati su intervención pero la vocera Natividad Llanquileo mantiene la cautela. Están en marcha ayunos solidarios masivos en la FECH y jornadas de movilización a nivel nacional e internacional programadas para los días miércoles, así como acciones de protesta en el país mapuche.
Desde Argentina llegó una delegación de «Pueblos Originarios» junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, y Osvaldo Bayer, a apoyar las demandas mapuche. Diputados del Parlamento europeo demandaron al gobierno de Chile «no aplicar el sistema de los dobles juicios simultáneos ante tribunales civiles y militares, y por lo tanto no aplicar la llamada Ley Antiterrorista a los Mapuches detenidos en actos de protesta social; y reformar a fondo el Código de Justicia Militar». Todo apunta a empujar al gobierno a la mesa de diálogo ya concordada entre los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados- Jorge Pizarro y Alejandra Sepúlveda – y los voceros. Dos de estos, el lonko de Temucuicui, Víctor Queipul, y María Tralcal, se trasladaron a la capital como invitados de piedra a los festejos, para intervenir en las gestiones de diálogo.
Según las voceras María Tralcal, y Natividad Llanquileo, los comuneros mantienen firme su decisión de lucha en todos los penales y se mantienen estables dentro de la debilidad propia de más de 65 días en huelga de hambre. Pero en Angol dos comuneros, Felipe Huenchullan y Fernando Millacheo, permanecen en el Hospital de Victoria en delicado estado de salud. En Valdivia el estudiante mapuche Andrés Coña ha recibido visitas solidarias de los Lonko Francisco Huichaman Tripayante, y Efrain Cheuquefilo Paillalef de esa zona. En la cárcel de menores de Cholchol, los adolescentes Luis Marileo Cariqueo y José Ñirripil Pérez reportan que a 12 días de huelga de hambre su peso ha disminuido entre 6 y 7 kilos, «y según informes médicos, pérdida de masa muscular y principios de arritmia cardiaca, por lo mismo en cualquier momento seremos trasladados a centros médicos».
El despertar de la solidaridad ciudadana, la resonancia de la huelga a nivel internacional y en organismos de derechos humanos, las manifestaciones en capitales de países de Europa y América Latina en apoyo a las demandas de los huelguistas finalmente rompieron el prolongado cerco informativo sobre la huelga de hambre. Una masiva movilización llevaron a cabo los historiadores desde el Archivo Nacional en Santiago, «para detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconocer el legítimo derecho de los pueblos originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política». Cientistas sociales y académicos de cuatro universidades del sur de Chile plantearon que «una situación histórica tan compleja…no puede intentar resolverse por medio del uso de instrumentos jurídicos como la ley antiterrorista, que no son adecuadas ni para la sociedad chilena ni para las demandas de los pueblos indígenas». Asimismo se constituyó en Santiago un Frente Amplio de Apoyo a la huelga con intelectuales, estudiantes y artistas. Frente a las distintas cárceles los familiares han levantado campamentos o ramadas y realizan rogativas.
Ello en vistas que el Presidente se negaba al diálogo pese a la petición formal de la Conferencia Episcopal de los obispos Católicos y de la Iglesia Evangélica en el Tedeum del 11 en su cara, y desechaba también el planteamiento del presidente del Senado, hasta el inicio de la semana del 18. Además, once familiares de presos fueron detenidos por desórdenes en incidentes que tuvieron lugar el once de septiembre en el Hospital Regional de Concepción. La señora Emilia Pilquimán, madre de los hermanos Llanquileo en huelga de hambre, golpeada en la cabeza por carabineros, resultó con lesiones de mediana gravedad. Los detenidos, entre ellos los voceros, arrestados en la calle, fueron formalizados y liberados. Natividad Llanquileo, vocera de los presos de Concepción informó que dos de los huelguistas trasladados al hospital para la realización de exámenes, retornarán a la cárcel de El Manzano tras una evaluación positiva de su estado de salud.
No al agente encubierto
Desde la cárcel de Temuco, los 13 huelguistas rechazaron en declaración pública el proyecto que se votaría en el Congreso, en respuesta a «la presión de la derecha económica para fortalecer al estado policial en contra de los movimientos sociales, y en especial … del movimiento mapuche.» Consideran que las propuestas de mantener a los testigos sin rostro e incorporar la figura del «agente encubierto» legalizarán la infiltración en las comunidades mapuche y sus organizaciones. Resaltan que el concepto de incendio terrorista se mantiene. Agregan que «cualquier acto que hagamos dentro del marco de nuestra lucha es calificado de terrorista, así, nuestra huelga también debería serlo, pues según el artículo 1 de esta ley, sería ‘un delito cometido para arrancar resoluciones a la autoridad, e imponerle exigencias».
Rodrigo Curipan, vocero de los 10 huelguistas de la cárcel de Angol señala: «Estamos disgustados porque nosotros pusimos el tema de la ley antiterrorista y sin embargo el gobierno pretende modificar la ley y una vez más, no podemos opinar nada. A nosotros nadie nos ha comunicado formalmente cuáles son los cambios que se harían.»
Los familiares de los presos políticos de Concepción declararon que «el gobierno ha desviado la atención de las demandas centrales de la huelga de hambre: la no aplicación de la ley antiterrorista y la justicia militar» y repudiaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Corte contra el debido proceso
Cumplidos ya más de dos meses de huelga, los procesos judiciales se encuentran postergados ya que en Temuco, el comunero Pedro Cheuque se desmayó en plena audiencia y debió ser hospitalizado. La Corte de Apelaciones de Concepción, por otra parte, disipó el viernes 10 las esperanzas de una señal positiva. En fallo unánime reinstaló a 36 testigos protegidos sacados del juicio en Cañete, revocando el fallo del juez John Landeros a favor del debido proceso. La decisión adoptada por los ministros Eliseo Araya y Freddy Vásquez y la abogado integrante Gabriela Lanata, sólo cautela la seguridad de los testigos protegidos ignorando los derechos de los acusados. La práctica del uso de la tortura para reclutar testigos no conmovió a esta corte.
Testigo made in puente Lanalhue
Los hechos de tortura en que un menor fue colgado de un puente para obligarlo a atestiguar, fueron denunciados ante la Corte de Apelaciones de Concepción por los abogados de la defensa mapuche en el alegato de apoyo a la exclusión de 36 testigos protegidos. Punto Final tuvo acceso a la declaración jurada del testigo protegido, menor Rodrigo Viluñir Calbul, realizada el 19 de febrero de 2010 ante Marcel Mathieu Pommiez, notario conservador de Cañete. El relata que tras haber sido colgando del puente Lanalhue y amenazado de muerte, firmó sin leer una declaración redactada por la policía. Rodrigo tenía 17 años a esa fecha, por lo que su padre -que falleció posteriormente- lo acompañó cuando fue detenido y llevado a firmar.
El y su hermano José Viluñir Cabul figuran como testigos protegidos en el proceso contra Eduardo César Painemil Peña (27 años) del sector Huentelolén, Cañete. Painemil es uno de los 3 mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Lebu, acusado de 3 incendios «terroristas» y de asociación ilícita «terrorista». El fiscal pide para él más de 20 años de prisión. Viluñir implicó también a los comuneros Marco Millanao, en huelga de hambre en Temuco (70 años de prisión); y a Juan Carlos Millanao y Simón Millas.
En la declaración jurada, Rodrigo Viluñir señala que los hechos ocurrieron el mediodía del corte de ruta del camino Cañete-Tirúa, en mayo de 2009. Lo detuvieron y lo subieron en una camioneta roja, y a su padre en una blanca. En el puente Lanalhue, lo bajaron dos policías «y me colgaron de los brazos desde el puente, me apuntaron con una escopeta y me decían «dime la verdad o te vamos a matar conchetumadre. Después de un rato que me tenían colgado desde el puente, yo me puse a llorar y me subieron. De nuevo me apuntaron con la escopeta y me dijeron que dijera la verdad de lo que yo sabía y yo les dije que no sabía nada. »
Fue llevado posteriormente a la comisaría de Cañete donde dio su nombre, y otra persona también lo amenazó. Agrega: «yo les contesté que no sabía nada y me dijeron ‘invéntate una huevá conchetumadre». También le preguntaban si tenían armas. Alrededor de las 9 de la noche le pusieron una hoja que firmó sin leer. Luego se reunió con su padre y tomaron la última micro a Tirúa. Declara que vio al fiscal (Andrés Cruz) dos veces, la primera vez cuando «ratifiqué la primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes atrás en Talcahuano.» El fiscal le dijo que tenía que firmar porque si no lo hacía, se iba a ir preso y otros iban a salir libres.
La declaración jurada concluye: «Cuento esto a la directiva de mi comunidad Caupolicán porque quiero que se sepa la verdad de lo que pasa y porque confío en ellos para hacer las cosas bien. En esta ocasión mi papá don Jose Viluñir Millapi no me acompaña debido a que se encuentra internado en el hospital de Cañete en delicado estado de salud. Junto con mi hermano José nos acercamos a la directiva de la comunidad de manera voluntaria.» Firman la declaración Patricio Cona Millanao presidente de la comunidad Caupolicán; David Claudio Santi, secretario; José Sebastián Santi Cona, Tesorero; y Agustin Santi Millapi, consejero.
La directiva de la Comunidad Caupolicán, también avaló una declaración similar de José Abraham Viluñir Calbul, run 18.671.469-5 en Cañete, en la misma notaría, el 19 de febrero de 2010. Relata que dos camionetas llegaron a su casa después de la detención de su hermano para que fuera a declarar a Cañete. «Me decían que Rodrigo ya había contado todo, estaba en la pieza de al lado y que tenía que hablar o si no me iba veinte años presos y los cabros iban a salir libres. Yo contesté que no tenía idea de nada. Firme un papel, pedí leerlo y no me dejaron. Al fiscal lo vi cuando viajamos a Talcahuano hace un mes aproximadamente, con mi hermano y papá. En ese momento firme una ratificación y tampoco leí lo que decía.»
Concluye la declaración jurada afirmando «quiero que me ayuden a salir de esto y que se sepa la verdad.»
Un suicidio en Puerto Choque
Richard Ñegüey, el más joven de los procesados en Cañete por ley antiterrorista, de 19 años, se ahorcó el mes pasado, sólo tres días después de la apertura del juicio oral en que estaba imputado, al igual que su padre. Había permanecido largos meses en la Cárcel de Lebu, en condiciones extremas de encierro -sin patio ni luz- pero estaba libre, con medidas cautelares, cuando se suicidó. Su caso es parte de las dramáticas consecuencias de la ley antiterrorista en la vida de las comunidades.
La ley antiterrorista permite utilizar como prueba válida las declaraciones de testigos protegidos, cuya identidad es desconocida por la defensa junto a las declaraciones, sólo reveladas al inicio del juicio, obstaculizando el debido proceso. La huelga de hambre demanda la no aplicación de esta ley antiterrorista por delitos contra la propiedad, relacionados con la recuperación de tierras ancestrales.