El jueves 3 de julio la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por la defensa de la cineasta Elena Varela, en una actuación que recordó su record de tiempos de dictadura. Por ahora sólo queda esperar una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se dirigieron el […]
El jueves 3 de julio la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado por la defensa de la cineasta Elena Varela, en una actuación que recordó su record de tiempos de dictadura. Por ahora sólo queda esperar una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se dirigieron el 2 de julio destacadas personalidades del país, soliciatando medidas cautelares. Sin embargo, estas medidas se refieren sólo al resguardo de la libertad de expresión y creación, exigiendo la devolución de los materiales fílmicos incautados a la documentalista de «Newen Mapuche» y «Sueños del Comandante» al momento de su detención.
Uno de los integrantes de la Segunda Sala Penal de la Suprema es el ministro Rubén Ballesteros, quien integró los Consejos de Guerra realizados en Osorno contra presos políticos después del 11 de septiembre de 1973. Cuando el ex Presidente Lagos nominó a Ballesteros para la Suprema, la bancada parlamentaria del Partido Socialista hizo notar que él era conocido por utilizar resquicios legales a favor de ex militares torturadores y asesinos, y por votar en contra de los desafueros da Pinochet, desde el caso Caravana de la Muerte hasta el caso Riggs. Además ha favorecido la aplicación de la amnistía negando la doctrina del secuestro permanente aplicada por sus pares. «Su nominación es otra ofrenda a la derecha, pagadera a futuro con mayores injusticias, a costa de las víctimas y sus familiares,» agregaron los socialistas, sin que a Lagos se le moviera un dedo.
Esa historia explica el voto de Ballesteros, claro está. Pero ¿y el de los demás?
No se ha informado aun de la composición de la sala, pero debieron estar allí Hugo Dolmetsch, con una trayectoria respetable, Nibaldo Segura (que vota igual que Ballesteros), Jaime Rodríguez y algun abogado integrante que reemplace a Alberto Chaigneau, jubilado. ¿Qué presiones recibieron los jueces? ¿Qué está pasando en Chile con la justicia?
En el Tribunal se hizo presente el diputado y cineasta Marco Enríquez quien se mostró sorprendido e indignado por la resolución de la Corte Suprema. Enríquez irá a visitar a su colega encarcelada el próximo lunes 7 de julio, a la cárcel de alta seguridad de Rancagua, donde merced a la decisión del máximo tribunal del país, Elena Varela deberá seguir en prisión por 6 meses mientras dura la investigación de la causa.
Reacciones de activistas de ddhh
Integrantes de la Plataforma Por los Derechos Humanos mostraron de inmediato su indignación. A continuación parte de su declaración: «Quedó claro que a la Corte no les interesó la prisión arbitraria de la documentalista. Hasta el presente no se conocen los hechos, que se le imputan a Elena, ni las fechas o los lugares en que éstos ocurrieron. Tampoco las leyes que infringió.La Corte Suprema avaló acusaciones del Ministerio Público fundadas en testigos anónimos con declaraciones sujetas a reserva. La sentencia es pobre. No se refiere a ninguna de las impugnaciones efectuadas tanto en las apelaciones como en los alegatos. Omitió atender los apremios denunciados. La Sociedad debiera sentirse seriamente amenazada si una juez y un fiscal, sin mostrar pruebas, se conciertan para acusar, a cualquiera, de los peores crímenes. El verdadero peligro serían ellos y no sus imputados.
En un país digno, tales funcionarios serían destituidos y penalmente sancionados. En Chile, en cambio, se les protege. Así como en el pasado, el máximo tribunal, legitimaba los abusos de la justicia militar hoy respalda las ignominias, de un fiscal y una juez, que decretaron, ilícitamente, la privación de la libertad de una artista visual.
No se puede esperar más de una Corte Suprema, integrada, entre otros, por Rubén Ballesteros Cárcamo, uno de los sentenciadores. Dolorosos recuerdos están muy presentes, en 16 jóvenes socialistas, de la época, respecto del hombre que presidió el tribunal castrense de Osorno y que fundado en declaraciones extraídas bajo tortura, les imputó graves delitos e impuso condenas excesivas por hechos que no estaban acreditados. Así da cuenta la causa, rol 54-75, tramitada en Osorno hasta el once de mayo de mil novecientos setenta y seis. No es de extrañar, entonces, el proceder de la Corte Suprema.»
El recurso ante la CIDH
Considerando que la detención de la documentalista Elena Varela, así como la incautación de su material fílmico, pueden provocar un «daño grave e irreparable» a su persona, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El académico Nicolás Espejo, Director de la entidad universitaria, Francisco Gedda, en representación de la Asociación de Documentalistas de Chile, Bruno Bettati, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, y Paulina Acevedo,informó del recurso. Entre los firmantes está Faride Zerán, Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, junto a Orlando Lübbert, Director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, y destacados documentalistas como Ignacio Aguero y Pedro Chaskel.
Respaldaron también esta gestión Angela Ramírez, de la Asociación de Artistas Contemporáneos y el cineasta y director de la película «Machuca», Andrés Wood, quien se refirió a la situación que afecta a la documentalista: «Acá se está operando con un exceso propio de otra época, de otro país, de otro gobierno, de otras personas, entonces no lo entiendo realmente. Finalmente el derecho mínimo a cautelar los trabajos de periodistas, documentalistas, cineastas, de cualquier persona a mi parecer, el derecho a tener un pensamiento distinto, está en jugo. Solidarizo absolutamente con Elena por todo lo que está pasando, independientemente de si hay una responsabilidad penal o no».
Actualmente, y luego de ser objeto de torturas, trato vejatorio y amenazas, Elena Varela se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua. Su detención ocurrió en Licanray, Región de la Araucanía el pasado 7 de mayo. La jueza Andrea Urbina la formalizó por delitos que no fueron detallados. Las acusaciones iban en una carpeta reservada a la que la defensa no tuvo acceso.
A la fecha de su detención, la artista realizaba el documental «Newen Mapuche», que registraba el conflicto mapuche por la recuperación de tierras usurpadas por empresas forestales trasnacionales en la región. El proyecto se había adjudicado $52.929.710 en el Fondart 2007, pero tanto el material de esa película como el de otro documental en el que se encontraba trabajando, «Los Sueños del Comandante» (situada en Neltume) cuya etapa de investigación y guión era respaldada y financiada con un Fondo de la CORFO, fueron requisados en su totalidad.
La gravedad de la situación, alega el Centro de DDHH UDP ante la CIDH, radica en tres aspectos: el operativo mismo de la detención, en el cual participaron 450 efectivos policiales, quienes «trataron con evidente desdén a Elena, afectando su dignidad y con el único objetivo de reunir material que para ellos podría resultar indiciario de una supuesta asociación ilícita, lo que en definitiva demuestra que el real objetivo fue amedrentarla a ella y a su equipo, y dar la señal para todo quien decida realizar un documental sobre el pueblo mapuche, que será sospechoso de participar en actividades ilícitas».
Además, agregan: «Dicho material está en posesión de la Policía de Investigaciones y la Ministra de Cultura habría encargado su copia. Ello sin embargo, es una medida parcial que no asegura la integridad de la información incautada y menos la protección de las fuentes. Asimismo se desconoce el tiempo en que dicha información estará en manos de las autoridades, negando a su autora cualquier conocimiento y acercamiento a la misma».
Finalmente sostienen: «la gravedad existe toda vez que la sociedad toda ha quedado impedida de conocer los detalles del documental Newen Mapuche. Más aún, se le está negando informarse sobre lo que ocurre en relación con el conflicto mapuche, al censurar tanto este documental en elaboración, como Los Sueños del Comandante, obra no exhibida hasta la fecha». En este mismo sentido, se recalca, «la incautación del material fílmico y detención de Elena Varela produce un efecto inhibidor en los demás artistas, los que por temor a ser objeto de las mismas represalias se abstendrán de dar cuenta de cualquier información que pueda relacionarlos con el conflicto mapuche».
Hablan los Documentalistas
La asociación de documentalista de Chile (ADOC), la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, el abogado de la defensa de Elena Varela, Rubén Jeréz, convocaron a una conferencia de prensa a realizarse el viernes 4 de julio, a las 11:00 horas, en la sede de Amnistía Internacional Chile, ubicada en calle Huelén 164, Piso 2, Providencia, Santiago.
Allí expondrán la posición de ADOC ante el rechazo del recurso de amparo. Francisco Gedda reprsentará a los cineastas que firmaron el mencionado recurso. El abogado, Rubén Jerez, explicará el curso de acción futuro. Y la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, representada por Mauricio Durán, miembro del equipo de producción del documental Newen Mapuche, se referirá a los nefastos efectos de una sentencia que lesiona la libertad de expresión de Elena y de todos quienes no pueden conocer hoy el contenido de su trabajo.