La indignación ciudadana que causa la corrupción en España es perfectamente comprensible y legítima. Trabajadores, jubilados, jóvenes y demás integrantes de la aplastante mayoría social (el 99% del que hablan en Occupy), sometidos a una brutal cura de «austeridad» marcada por recortes de ingresos y de derechos, ven con asombro cómo la pequeña categoría cercana […]
La indignación ciudadana que causa la corrupción en España es perfectamente comprensible y legítima. Trabajadores, jubilados, jóvenes y demás integrantes de la aplastante mayoría social (el 99% del que hablan en Occupy), sometidos a una brutal cura de «austeridad» marcada por recortes de ingresos y de derechos, ven con asombro cómo la pequeña categoría cercana al mando sigue llenándose los bolisllos a su costa. El último escándalo, que hoy afecta al PP, no es sino uno más dentro de una ininterrumpida serie en la que esŧán implicados los distintos gobiernos de la fase neoliberal del régimen español (de los años 80 a esta parte). Esta implicación de los dos grandes partidos del régimen así como de los partidos de las derechas periféricas (PNV y CiU) en una corrupción sistémica explica el clamoroso silencio con que las distintas instancias de representación política y social, tanto partidos como instituciones -o incluso los sindicatos mayoritarios- acogen el caso Bárcenas. Y es que la práctica de los «sobres» no es exclusiva de un partido sino una característica fundamental del actual régimen español que se explica por la combinación de sus dos aspectos: transfranquista y neoliberal.
Es un hecho que la Transición fue un proceso que requirió mucho, muchísimo dinero. Había que mantener al conjunto de los aparatos de Estado franquistas, del Rey (a título de sucesor de Franco) hasta abajo, pasando por las burocracias políticas y sindicales del régimen y sus cuerpos militares y represivos. Había que ganarse el silencio o la complicidad de todos estos engranajes del poder franquista para llevar a cabo una operación de transmutación de este en una democracia de partidos, sin romper formalmente con la legalidad del régimen del 18 de julio. También había que acomodar en el nuevo avatar del régimen a toda una clase política que estuvo dispuesta a renunciar a una ruptura democrática a cargo de prebendas generadoras de dinero y de poder. Independientemente de las nuevas justificaciones que pudieran derivarse de nuevas reivindicaciones populares legítimas (Andalucía o Extremadura), la generalización de las autonomías, más allá de las nacionalidades históricas reconocidas por la Constitución republicana, sirvió para doblar la estructura de la administración central con una segunda administración autonómica a veces difícilmente justificable. Todo eso supuso dinero y cargos, y cargos que permitieron sacar más dinero mediante un sinfín de comisiones cobradas por contribuir a inflar cada vez más la burbuja inmobiliaria. Mucho dinero que sirvió para financiar a los partidos, pero también a sus jerarcas y cargos de distintos niveles.
Sin embargo, el transfranquismo español se caracteriza también por su evolución neoliberal, sobre todo a partir de los años 80 y de los primeros gobiernos del PSOE. El neoliberalismo viene a añadir a las componendas del nuevo régimen una nueva dimensión más sistemática. Para el neoliberalismo la tarea del Estado es explícitamente favorecer la libre competencia y el enriquecimiento privado, pues se considera que este, por desmedido que sea, genera un «goteo desde arriba» (trickle down) que termina beneficiando a los de abajo. El gobierno, en régimen neoliberal confunde por sistema el interés común con el interés privado, pues el primero se basa en el segundo. Los métodos para llegar a este fin importan poco. En cuanto a la prevaricación de cargos públicos o la corrupción en general, se considera que no debe condenarse a priori sino sólo en función de sus consecuencias, las cuales no siempre son negativas, pues, como sostiene el premio Nobel de economía Gary Becker: «Con unas reglamentaciones públicas ineficaces y una extendida gestión gubernamental de bancos y otros empresas, los funcionarios corruptos pueden, sin saberlo, realizar una función útil al reducir las decisiones públicas arbitrarias y ayudar a los empresarios y a otras personas a eludir leyes y reglamentos nocivos.» Este planteamiento se inscribe en el marco más general de una economía política neoliberal del delito en la que el mismo Gary Becker considera el delito como una actividad económica más. La corrupción y el delito no son así sino sectores económicos que sólo se valoran en función de un criterio: su rentabilidad, su capacidad de generar beneficios, por supuesto privados.
En este doble contexto, a pesar de la indudable legitimidad de la indignación popular contra la corrupción, sería un grave error olvidar la dimensión sistémica del problema de la corrupción. Por muchos millones que se hayan entregado en sobres y comisiones a cargos corruptos de los partidos del régimen, las sumas en cuestión no guardan ninguna proporción con el saqueo descarado de los bienes comunes que está en curso. Los 22 millones que, según la prensa, el tesorero del PP tenía guardados en Suiza, son una cantidad despreciable comparada con las decenas de miles de millones que cuesta salvar una banca que arruina el país y a sus ciudadanos.
Es poco, en efecto, decir que alguien es un ladrón cuando se vive en un régimen de cleptocracia (un gobierno de los ladrones: del griego klephtes, ladrón, y kratos, poder). En una cleptocracia, robar no es sino una actividad económica normal, que, incluso, en determinadas circunstancias puede considerarse «obligatoria». Esta práctica generalizada del robo no impide que algunos mandos del régimen como la Sra. Sáenz de Santa María estén al borde de las lágrimas cuando hablan del drama de los desahucios realizados por los mismos bancos que se han salvado con dinero público. No es fácil saber si esas lágrimas apenas contenidas son sinceras. Podrían serlo. Alguna vez, en este mismo blog, se ha recurrido para describir el neoliberalismo a la fortísima imagen kantiana de la república de los demonios. En efecto, el gran filósofo de Königsberg afirmaba el el segundo suplemento de su texto sobre La paz perpetua que: «El problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios, por muy fuerte que suene (siempre que tengan entendimiento), y el problema se formula así: «ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales malas inclinaciones». Un problema así debe tener solución.» Parece, sin embargo que habría que dar un paso más: no se trata solo de pensar la sociedad como la «soledad» (cf. el maravilloso lapsus de la Sra. Sáenz de Santa María en su comparecencia antes mencionada) organizada en la que individuos racionales que se odian entre sí pueden convivir bajo buenas leyes que dan lugar a una sociedad justa. Habría que formular hoy la hipótesis inversa a la de Kant. Sería concebible el establecimiento de una cleptocracia incluso en un pueblo de ángeles regido por tal sistema de normas sociales que, cualquiera que fuese su voluntad, sólo pudieran cometer crímenes. El problema de la corrupción no radica, pues, en la maldad de determinados individuos que cometen graves delitos, sino en el funcionamiento general del sistema. No es que el sistema funcione mal, sino que funciona así y no lo puede hacer de otra manera. La propia república de los demonios se perfila hoy como una utopía liberal algo ingenua.
Fuente: http://iohannesmaurus.blogspot.be/2013/01/la-corrupcion-una-angelical-cleptocracia.html