He aquí una parte del informe relativo a la tortura en Colombia, informe hecho con mucha valentía y ahínco por las organizaciones sociales que han seguido protegiendo y organizando a las personas, pese al macabro Terrorismo de Estado que se viene abatiendo sobre ellas, diezmándolas cada vez más. El siguiente informe no ha tenido ningún […]
He aquí una parte del informe relativo a la tortura en Colombia, informe hecho con mucha valentía y ahínco por las organizaciones sociales que han seguido protegiendo y organizando a las personas, pese al macabro Terrorismo de Estado que se viene abatiendo sobre ellas, diezmándolas cada vez más. El siguiente informe no ha tenido ningún tipo de cobertura mediática por los grandes medios, evidentemente porque pone en relieve el carácter genocida del régimen que protege y viabiliza el saqueo económico de Colombia mediante las masacres, el paramilitarismo, las desapariciones, la tortura y el Terror.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Avre, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Terre des Hommes, dio a conocer a la opinión pública, en el mes de julio 2008, los resultados del seguimiento que realizó en el año 2007
De los 97 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante que La Coalición logró documentar, 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida, mientras que en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios. Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres.
En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado. Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento.
Algunos casos, ejemplos de tortura
El 26 de marzo de 2007 al municipio de Bello (Antioquia), llegaron paramilitares autodenominados «Águilas Negras». Los criminales hirieron a dos niñas de diez años y violaron sexualmente a una de ellas de nombre Gabriela Alzate Perea*. Cuando las niñas pidieron auxilio, acudió inmediatamente José Mendieta, quién por este acto fue asesinado por los ‘paras’. Mendieta y las dos niñas vivían en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, ubicado en la vereda Granizal, del municipio de Bello.
El 25 de junio de 2007 en el municipio de Tulúa (Valle), fueron torturadas y violentadas sexualmente por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Vilma Helena Márquez* y Martha Eulalia Márquez*. Los militares ingresaron a la casa en la que ellas se encontraban junto con los campesino Alcides Granada Durango y Gerson Ladino Suárez…
El teniente Manotas agredió y acusó a Vilma Helena de ser guerrillera y la obligó a un interrogatorio a solas apuntándole con un arma. Cuando ella se quejó de un agudo dolor estomacal, el teniente le preguntó sí estaba embarazada y la golpeó brutalmente en el vientre ocasionándole desmayo y sangrado vaginal.
Posteriormente alias «Bombas», otro militar del mismo operativo, interrogó a Martha Eulalia agrediéndola y amenazándola con un cuchillo. Le exigió la entrega de unas armas que no existían y la obligó a quitarse el brasier para luego cogerle y apretarle los senos y las nalgas, sin ningún respeto por la dignidad de la persona.
Otro militar agredió y amenazó a las dos mujeres con violarlas. Los campesinos que acompañaban a las mujeres fueron brutalmente golpeados por los uniformados, quienes antes de ponerlos en libertad los fotografiaron y les abrieron procesos por narcotráfico.
Niños y mujeres entre las víctimas
El 7 de junio de 2007, en el municipio de Toribío (Cauca), dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional, cuando se dirigían a estudiar al colegio Eduardo Santos ubicado en la vereda Berlín.
Los uniformados las obligaron a apartarse del camino y luego a que se quitaran la ropa (…)
El 23 de diciembre del mismo año, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue torturada y asesinada por miembros del Ejército Nacional, María Margarita Giraldo Usura, perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Los militares entraron disparando a la vivienda de la víctima, poniendo en riesgo la vida de las dos hijas de María Margarita a quién se llevaron junto con algunos bienes de la desdichada mujer. Al día siguiente María Margarita fue reportada por el Ejército como «guerrillera dada de baja en combate» y remitida a la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Turbo (Antioquia). El cadáver de la víctima presentaba señales de tortura.
El 23 de noviembre de 2007, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue detenido y torturado tanto física como psicológicamente el niño Efrén Espinoza Goes, de 10 años, por miembros del Ejército Nacional quienes lo golpearon por más de 15 minutos. Los uniformados amenazaron con cortarle los dedos y matarlo, acusándolo de ser guerrillero. El rostro y la cabeza del niño quedaron destrozados.
Los casos anteriores forman parte de los 97 que pudieron ser documentados por la Coalición que son una ínfima parte de las cifras reales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar debido a las dificultades para acceder a la justicia, el temor a los victimarios y sus represalias y la ausencia de mecanismos de protección a víctimas y testigos. Los altísimos niveles de impunidad que goza el Estado colombiano, han garantizado la invisibilidad de este crimen de Estado, es tarea de todos denunciarlo.
*Nombres cambiados para proteger los derechos de las víctimas y familias derechos de las víctimas y familias derechos de las víctimas y familias