En un inolvidable otoño frío, el 14 de junio de 1987, Hugo Salas Wenzel, director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y general de división del Ejército de Chile, estaba concentrado en un operativo sangriento de la Dictadura. Este general ordenó al jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán «reventar» de una vez por […]
En un inolvidable otoño frío, el 14 de junio de 1987, Hugo Salas Wenzel, director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y general de división del Ejército de Chile, estaba concentrado en un operativo sangriento de la Dictadura. Este general ordenó al jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán «reventar» de una vez por todas al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). El 15 y 16 de junio de 1987, la orden se cumplió de acuerdo al plan establecido.
En este operativo en particular, están presentes todos los efectivos de las brigadas bajo el mando de Corbalán, apoyados por la Unidad Antiterrorista del Ejército y funcionarios de Investigaciones. Según consta en el proceso, el 15 de junio el fiscal militar Luis Acevedo autorizó las detenciones y los allanamientos, de lo que posteriormente se conoció como la «matanza de Corpus Christi». 12 combatientes del FPMR fueron torturados y asesinados a mansalva, para posteriormente informar a través de los medios, que «cayeron abatidos en enfrentamientos».
En junio de 2016, 29 años más tarde, y cuando la temperatura nos despertaba cada día con cerca de 5 grados, tres proyectos de ley son ingresados al Senado. A todos los inspira la noble misión humanitaria de velar por los presos enfermos y adultos mayores.
El uno, auspiciado por los Honorables Senadores, Manuel José Ossandón, una de las cartas presidenciables de Renovación Nacional (RN), Lily Pérez de Amplitud y el siempre notable Eugenio Tuma del Partido por la Democracia (PPD). El escrito pretendía modificar la ley N° 18.050, en materia de otorgamiento de indultos particulares, respecto de «aquellos condenados que padecieran enfermedades graves en su etapa terminal y personas mayores de 70 años.»
En su base argumental contiene los siguientes datos, «…De acuerdo a información proporcionada por Gendarmería, el número de mayores de 65 años que se encuentra recluido en los centros penales a nivel nacional es de 563 personas. En lo que respecta a la salud, 1.636 internos padecen de hipertensión arterial, siendo la patología más frecuente, 62 están diagnosticados con esquizofrenia y, sin duda lo más llamativo, existe una cifra de 740 personas que están agrupadas dentro del ítem «otros», donde presumiblemente se encuentra un número relevante de internos con cáncer u otras enfermedades terminales. En el caso del penal de Punta Peuco la información está más desagregada, habiendo 4 internos con cáncer, 11 con diabetes insulina dependiente y 165 agrupados en la categoría «otros»…». Otros, que podrían «presumiblemente», porque no nos consta, padecer del mal llamado diverticulitis o similares.
En tanto, el dos fue ingresado por los Honorables Senadores de RN, Francisco Chahuán y Baldo Petar Prokurica, y el inigualable de la Unión Democrática Independiente (UDI), Iván Moreira. Su intención, también honorable, fue modificar el artículo 86 del Código Penal, con el objeto de «…establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal…».
El tres, es un proyecto de acuerdo, más amplio y estiloso. Fue presentado por los Honorables Senadores de la UDI, encabezados por su presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Juan Coloma, Alejandro García Huidobro, Ivan Moreira, Hernán Larraín, y Víctor Pérez Varela; acompañados por sus socios de RN, Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García, Baldo Petar Prokurica y el presidenciable Manuel José Ossandón; se sumaron también los militantes de la Democracia Cristiana (DC) , Manuel Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar; y para darle más peso, pusieron además su rúbrica los independientes Antonio Horvat, y el seguro candidato presidencial de la Nueva Mayoría, periodista, Alejandro Guillier; por supuesto no pudo faltar el PPD, Eugenio Tuma.
En el escrito, se solicitó a la Presidenta de la República, señora Verónica Michelle Bachelet que, «…si lo tiene a bien, adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables…» .
En particular, este proyecto de acuerdo, que contó con la anuencia de lo más granado del senado, tuvo interesantes «considerandos». A saber: se apeló a razones humanitarias, obvio; largas y desarrolladas «tradiciones jurídicas» como la española; los deberes de Gendarmería; la opinión de otros más «honorables personalidades» de la sociedad chilena, con sus respectivos reconocimientos en la defensa de los derechos humanos, como la ex Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, el ex Rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, y el abogado Héctor Salazar. Todos ellos, habrían «…manifestado la necesidad de reconocer este principio en la aplicación de la penas privativas de libertad de todos los reos condenados, sin discriminación de ninguna naturaleza…».
En rigor, hay que decir con toda propiedad que los Honorables, políticos o afines no es que no hayan hecho la pega antes y esperaron cerca de tres décadas para presentar iniciativas que llegaron a coincidir en el Congreso en junio de 2016. Lo hicieron, y con mucho vigor. Intentaron una y otra vez implantar otra Ley de Amnistía. Hubo «lobbys» incesantes para una Ley de Punto Final, que fue conversada incluso entre los partidos de «izquierda». Mesas de Diálogo y cocinerías varias. Pasaron leyes de reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por la protección de torturadores, asesinos, todos criminales de lesa humanidad (léase también Ley Valech de Lagos, a la medida de la impunidad). Y lo más importante, hubo un acuerdo entre el propio dictador y los representantes del conglomerado llamado «Concertación de Partidos por la Democracia» para no tocar a los militares, ni la Constitución espuria, en los sucesivos gobiernos. Tal cual.
Hace unos seis años, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja comenzó la tramitación de proyectos para permitir que condenados en edad avanzada o enfermos graves, pudieran cumplir su pena en el domicilio. La iniciativa no logró prosperar.
Para qué vamos a revivir el trauma del dictador llegando a Chile en un avión de la FACH, ese fatídico 3 de marzo de 2000. Cuál Lázaro se levantó de su silla de ruedas y caminó erguido. Asistentes de todos los colores y uniformes le rindieron la debida pleitesía, después que el gobierno del DC Eduardo Frei (hijo), militante del mismo partido que sigue negando hasta el día de hoy su apoyo al Golpe de Estado (civicomilitar), no dejara piedra sin mover para salvarlo del juicio por su responsabilidad en los asesinatos de ciudadanos españoles. El dictador fue liberado por «razones humanitarias» debido a su estado de salud. Y posteriormente, sobreseído bajo el diagnóstico de «demencia senil».
En unos de los gestos más pirotécnicos de los esbirros y testaferros del tirano, y para exponer las cifras duras, en enero de 2001, las fuerzas armadas entregaron un informe con el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. 180 figuraban con sus identificaciones. Lagos tuvo en su poder un informe con 45 casos de detenidos desaparecidos (DD), con las especificaciones de su ubicación, lo que hizo nacer la esperanza que los restos serían encontrados rápidamente.
Se usa el término «restos», porque eso es lo que se sigue encontrando, en el marco de las investigaciones vigentes.
La jueza Amanda Valdovinos, fue designada para iniciar una investigación que permitiera esclarecer la existencia de una caverna con 20 cráneos de DD. Encontró más de 500 piezas óseas en el Fuerte Arteaga, sus alrededores, y en una ladera del recinto militar que era conocida como el «rincón de los finados». Estos restos de seres humanos, son prisioneros (como tanto otros en todo Chile) que después del Golpe además de ser torturados, asesinados y enterrados en fosas clandestinas, fueron parte de una operación macabra. «El retiro de televisores», es una operación que se puso en marcha bajo la orden del mismísimo dictador.
Como buenos cobardes sin honor, las fuerzas armadas se movilizaron hasta las fosas clandestinas con explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos. Con maquinaria pesada (retroexcavadora) desenterraron los restos y los metieron en bolsas, para luego lanzarlos al mar. Algunos restos de porfiados y valientes compañeros se resisten al olvido, y quedan allí para enrostrar el horror. Allí estaban los héroes que llegaron a acompañar a Allende a La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.
Luego de este inolvidable gesto en que se dignaron a entregar 200 nombres, el entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos (PS-PPD) indultó, en 2005, al suboficial del Ejército, Manuel Contreras Donaire, condenado como uno de los autores del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982. Este indulto se otorgó como «conmutación de la pena» para que Contreras Donaire terminara su condena en libertad, firmando cada tanto, en el Patronato Nacional de Reos.
En 2009, la señora Bachelet, la presidenta no la madre, ya con la banda a punto de caducar, y después del emplazamiento del capellán de Gendarmería, Jaime Nawratha para liberar a estos condeandos, fue muy precisa al sostener que el tema se debía analizar «…seriamente, profundamente y humanamente…», y se debía estudiar caso a caso, para agregar, que no estaba cerrada a «…mirar todas las propuestas que lleguen y mirar cuál es el grado de acuerdo que podemos tener en la sociedad chilena…» (sic) .
En 2012, el coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos condenados a presidio perpetuo, autores del secuestro y posterior asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino (conocido como el «caso degollados» que conmocionó al país el 29 de marzo de 1985), fueron autorizados por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses, a recibir el beneficio de la «salida dominical». En 2013, se amplió a «salida diaria». La explicación de Gendarmería fue escueta y simple : «de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional».
Para quienes no tengan ninguna noción sobre la normativa de Gendarmería, es necesario comentar que el reglamento penitenciario estipula que se debe acreditar la «buena conducta» para acceder a ciertos beneficios, y éstos serán concedidos siempre y cuando tengan una hoja de vida intachable. Demás está decir que los dos «internos» no cumplieron con este requisito básico. Pero además, el Estatuto de Roma, ratificado por Chile, fue abiertamente vulnerado para poder beneficiar a estos dos criminales de lesa humanidad.
El 11 de diciembre de 2016, el ministro de Justicia, militante del Partido Radical, Jaime Campos, dijo con todas sus letras que faltaba «coraje» para abordar el tema de permitir a condenados enfermos (graves o terminales) salir en libertad.
Estas declaraciones las hizo en el órgano oficial de la derecha, El Mercurio. Allí argumentó : «…Desgraciadamente, todos vamos tomando posiciones sobre esta materia en base a lo que son nuestras visiones o intereses particulares, y no tenemos una mirada colectiva de país. Creo que los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así…».
Para rematar su incursión en la prensa, además quiso pautear a las iglesias con la siguiente pildorita, «…si hemos de legislar sobre el particular, se debe legislar en general. Y si dentro de la generalidad caen algunos casos particulares, caerán. Me llama la atención que las instituciones morales de Chile, como las iglesias de cualquier signo, no hayan tenido sobre esta materia una posición más firme, más clara, más decidida, que les permitiese a los actores políticos obrar de un modo más consecuente…».
Cuatro días después, el 15 de diciembre, el abogado de genocidas y violadores de los derechos humanos, que delira ante los focos, Raúl Meza, anunció la solicitud de indulto para cuatro criminales recluidos en Punta Peuco. Para la platea coronó con una frase magistral, «…queremos apelar ya no a los tiempos de la justicia, sino que es tiempo de la misericordia, el perdón…».
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, los últimos días de marzo de este año, admitió el recurso de protección presentado contra la presidenta Bachelet, porque aún no se pronunciaba respecto de los indultos solicitados y le dio un plazo de cinco días para remitir todos los antecedentes. De estos indultos, solo restaba pronunciarse sobre dos, porque los otros murieron recientemente en el penal. La Presidenta, oficalmente rechazó los indultos.
Sobrevivientes y familiares de quienes fueron torturados, asesinados y hechos desaparecer, no solo piden la cárcel para los genocidas, sino además han demandado el cierre de los penales especiales para los condenados de violaciones a los derechos humanos y el cese de todos sus privilegios.
No hay que ser muy avezado para asegurar que existe una estrategia y campaña de impunidad para blanquear a los torturadores y asesinos. Sobre ésto, se debe decir que la campaña ha sido permantente; que los violadores de los DDHH no tienen honor; que en esta estrategia son cómplices desde moros a cristianos; que la impunidad se naturalizó en Chile, no hubo verdad plena, ni justicia verdadera; que la máxima de Aylwin se posicionó y que el documento se firmó con la sangre de nuestros muertos queridos.
En el contexto de este debate sobre «indulgencia» para los genocidas, los/a postulantes a la presidencia de la nueva coalición que pretende representar a «ciudadanos», acumuladores de diversas fuerzas, autoproclamado Frente Amplio, ha guardado un silencio elegante, pese a que no han demostrado la misma fineza para alinearse con el imperio y denostar a países que resisten dignamente en sus proyectos libertadores.
Y cómo siempre han sostenido los más «progres», las violaciones a los derechos humanos no es tema, no es noticia y a nadie le importa. Excepto cuando se trata de avanzar hacia el futuro y salvar a los genocidas de sus condenas. Los mismos que están en cárceles de lujo, ostentando suculentas pensiones que pagamos todos y todas.
Lo viejo y enfermo no quita lo criminal. Levantar la ceja en señal de sorpresa es pura amnesia selectiva. Solo basta decir que las boletas de Julio Ponce Lerou (Soquimich), que financiaron a la flor y nata de la política criolla, es solo la guinda que está en la cúspide de la torta.
El silencio y la complacencia no ha sido gratis. Las vidas cegadas y el terror fueron necesarios para implantar un modelo que tiene a todo un pueblo esclavo en trabajos precarios, sin el derecho a salud, educación, trabajo decente, pensión, vejez digna, sin derecho al respeto de sus derechos humanos más elemenales. El silencio y la protección, ha tenido un alto precio. Bien lo saben los/as notables, los/as honorables, los/as imprescindibles, los/as carismásticos, los/as estadistas, los/as empáticos que en lujosas mansiones, reflexionan sobre los destinos del país con un whisky añejado en la mano.
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