La tendencia a establecer monopolios y similares es un proceso propio del modelo neoliberal, que se expresa desde el control de los mercados mediante la salida y aniquilación de los competidores más débiles, la adquisición de los oponentes más pequeños y las fusiones entre similares. Una tercera, pero no última modalidad, es el acuerdo entre […]
La tendencia a establecer monopolios y similares es un proceso propio del modelo neoliberal, que se expresa desde el control de los mercados mediante la salida y aniquilación de los competidores más débiles, la adquisición de los oponentes más pequeños y las fusiones entre similares. Una tercera, pero no última modalidad, es el acuerdo entre las partes y la conformación de carteles que funcionan de forma concertada. Los mercados chilenos se mueven en este espacio, el que ha sido observado por los organismos fiscalizadores y sancionadores como la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
No sólo se trata de pollos, farmacias y papel higiénico. La hebra de la colusión es larga y está trenzada en torno al modelo económico y sus naturales tendencias a la concentración de la propiedad y los mercados, repartidos y controlados por un puñado de corporaciones que fusionan sus capitales en una súper categoría globalizada. En este espacio económico el capital se mueve con facilidad y flexibilidad, colocando sus inversiones y retirando sus ganancias en sectores que van desde la alimentación y las bebidas, las comunicaciones y la telefonía a las finanzas en todas sus vertientes.
Un caso que se mueve en corrientes menos públicas y bulliciosas es el de las transacciones financieras, que además de caer bajo la evidente figura de colusión o cartel, también encaja con bastante precisión en el monopolio. Transbank y Redbank, sociedades creadas por los bancos de la plaza, mantienen como mercado cautivo a millones de usuarios de tarjetas que realizan cada día una enorme cantidad de transacciones. Con barreras de ingreso insalvables hasta el momento para los competidores, Transbank tuvo en 2011 beneficios netos por 1.170 millones de pesos. La propiedad de Transbank (que opera las tarjetas en compras con el comercio) pertenece principalmente al Banco de Chile, Santander y BBVA, más proporciones algo menores para CorpBanca, BancoEstado, BCI y Scotiabank. Su otra cara es Redbank (negocio de las tarjetas a través de cajeros automáticos), en la que participan los mismos bancos repartidos en una estructura algo diferente.
COMPRAS ELECTRONICAS
Y GIROS EN CAJEROS
Esta sociedad y su estructura tiene características de cartel y monopolio. Por donde se la mire hay distorsiones y opera como un traje a la medida para que los bancos le apliquen toda clase de comisiones arbitrarias al titular de la tarjeta de crédito o débito, tanto al hacer compras como en los giros que efectúa en los cajeros automáticos o ATM ( Automated Teller Machine ). Esta es sólo una de las caras del negocio. Otra buena tajada de las comisiones la obtienen del comercio asociado al sistema, muchas de ellas también arbitrarias. Decimos cartel y colusión porque son los bancos los actores que operan de manera coludida a través de Transbank, el único operador de un sistema monopólico.
Estas comisiones son arbitrarias y también entrecruzadas, lo que confunde a los clientes. Por ejemplo, Redbank, la operadora de la red de ATM, no les cobra directamente a los usuarios sino que lo hace a través del banco emisor de la tarjeta. En el caso de Transbank, los cobros van directamente cargados al comercio con comisiones altas, discriminatorias y abusivas.
Al referirnos a Transbank no podemos evitar mencionar sus orígenes y su fundación indirecta a manos del empresario, operador financiero y ex presidente de la República, Sebastián Piñera. El político derechista fue dueño de Bancard durante la década de los 80, sociedad pionera en las tarjetas de crédito en Chile que vendió a Transbank hacia inicios de la década siguiente.
La verdadera explosión de este mercado sucede un poco más tarde, con el proceso de bancarización masiva de la población chilena. Quién no recuerda este periodo, acompañado con grandes campañas publicitarias para procesar a través de los bancos todas las operaciones comerciales. Un proceso en el cual formaron parte desde estudiantes a jubilados, y pymes y microempresas que, pese a sus pequeños aportes, generaron un flujo enorme y millonario de transacciones manejado y lucrado por los bancos.
Para tener una idea del crecimiento de este negocio, en el año 2000 se realizaron en todo el periodo poco más de dos millones de transacciones con tarjetas de débito, en tanto sólo en julio de 2015 se efectuaron más de 77 millones de operaciones. El banco que lleva lejos el liderazgo en esta actividad es el BancoEstado, con más de 35 millones de transacciones en el periodo citado. En cuanto al número de tarjetas, a julio pasado existían más de 20 millones, de las cuales nueve millones pertenecen al BancoEstado.
En 2013 las transacciones de débito y crédito en Chile correspondieron al 14,6 por ciento del PIB, cifra que en Estados Unidos llega a casi el 24 por ciento y en Reino Unido sube al 33. Según los registros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras durante el mes de abril de 2015 el monto de operaciones con tarjetas de crédito alcanzó a 1.261 millones de dólares y con tarjetas de débito fue de 1.239 millones de dólares. Una torta gigantesca sobre la cual la banca aplica sus comisiones.
UN HISTORIAL DE
DISTORSIONES Y ABUSOS
Las distorsiones y abusos registrados en este sector tienen larga data. Ya en 2004 la Fiscalía Nacional Económica demandó a Transbank por abuso de posición dominante mediante el cobro de precios discriminatorios y abusivos a los comercios asociados, evento judicial que marcó el inicio de un proceso que se remonta hasta este año, con la presentación al Congreso de una moción que permita abrir las puertas a otros competidores en este lucrativo mercado.
En diciembre de 2013 la FNE interpuso una consulta al TDLC para que revisara si la autorización con que cuentan los bancos e instituciones financieras para actuar conjuntamente a través de Transbank infringe actualmente las disposiciones legales. De ser así, la instancia pedía la eliminación del Decreto Ley de 1991 que autoriza estas operaciones y la creación de un nuevo cuerpo legal. La «adquirencia» bancaria, afirma el texto de 2013, «consiste en afiliar a los establecimientos de comercio al referido sistema, proveyéndoles de servicios para que éstos puedan aceptar una o más tarjetas de crédito y débito como medio de pago, a cambio de una comisión por transacción realizada».
Actualmente, todos los bancos e instituciones financieras emisores de tarjetas de crédito y débito actúan conjuntamente en materia de adquirencia a través de Transbank. De este escenario, la FNE observó: «Esta actuación conjunta ha implicado que, al día de hoy, exista un monopolio en los servicios de adquirencia (Transbank) , lo que se traduce en que los comercios sólo pueden optar entre adherir a las condiciones comerciales que fija Transbank por encargo de los bancos, o marginarse de contar con el sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito». La aseveración de la FNE evidencia y denuncia una situación de monopolio.
Y continúa en la misma línea. El mismo texto agrega que «la referida falta de competencia ha conllevado a que la comisión cobrada a los establecimientos de comercio presente niveles supracompetitivos, afectando no sólo a éstos sino que también a los consumidores finales dado el traspaso de costos que efectúan los comercios». Tras esta consulta, el TDLC respondió en abril de 2014 que inició un expediente para analizar si es necesario y oportuno el «ejercicio de recomendación» de un cambio a la normativa contemplada en el D.L. N° 211 de 1991.
En septiembre pasado, la FNE presentó un informe al TDLC que apuntó en el mismo sentido y desnuda el carácter monopólico y coludido del operador de tarjetas. En el escrito, se lee: «La Fiscalía afirma que para garantizar un funcionamiento competitivo en esta industria, es necesario que el legislador limite la posibilidad de actuación conjunta de los bancos a través de Transbank», en tanto advertía «que las iniciativas legales que se han discutido en el Congreso en relación a los medios de pago son insuficientes para resolver los problemas de competencia de este mercado, dado que no atacan el centro del problema, que es la autorización judicial que poseen los bancos para actuar en conjunto a través de Transbank».
PERJUICIOS AL COMERCIO
Y A CONSUMIDORES
El informe también detalla cómo la ausencia de competencia en este sector «ha perjudicado a los comercios y a los consumidores, que han estado sometidos a las condiciones comerciales impuestas por un solo actor que desde el año 1991 no enfrenta competencia alguna». En el documento dirigido al TDLC, la Fiscalía advierte que «la existencia de este monopolio ha impactado negativamente en los precios que pagan los comercios, en la calidad del servicio y en su cobertura y que, además, ha impactado en la innovación». Asimismo, señala que «la participación propietaria de los principales bancos en Transbank, produce interlocking (entrelazamientos), ya que en el directorio de esta firma se reúnen quienes al mismo tiempo son directores o altos ejecutivos de los bancos que deben competir en el mercado de la emisión de tarjetas de aceptación universal».
Otro documento presentado ante el TDLC contiene y expone argumentos que justifican el envío, por parte del Tribunal, de una propuesta al gobierno destinada a inyectar competencia en el mercado nacional de los medios de pago. La Fiscalía insiste que para garantizar un funcionamiento competitivo en esta industria, es necesario que el legislador limite la posibilidad de actuación conjunta de los bancos a través de Transbank. En esta línea, recoge testimonios de representantes de diversos comercios que detallan cómo es su relación con Transbank y los aspectos que se requiere mejorar.
Pero las insistencias de la FNE han sido infructuosas. El TDLC rechazó la consulta presentada por la FNE, en la cual se solicitó evaluar la competencia en el mercado y revocar la autorización otorgada en 1991 para que los bancos participaran unidos en esta industria. Esta decisión del TDLC fue reclamada ante la Corte Suprema que, por tres votos contra dos, rechazó la solicitud de la FNE de seguir adelante con la consulta.
El 17 de noviembre pasado los senadores Eugenio Tuma y Manuel José Ossandón ingresaron una moción para incorporar competencia a este monopolio de casi 25 años que mueve miles de millones de dólares anuales. Como se puede observar, pese a la evidencia de colusión y monopolio, la discusión es silenciosa y acotada. La banca, en tanto, sigue con sus negocios, que sólo el año pasado le reportaron ganancias por 2.170 millones de dólares, un 32 por ciento más que el año anterior.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 842, 3 de diciembre, 2015