Ante el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recuerda que los sindicalistas siguen siendo perseguidos en el mundo y denuncia que el Gobierno de Colombia es el más represivo contra las personas y las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. La política de «seguridad […]
Ante el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recuerda que los sindicalistas siguen siendo perseguidos en el mundo y denuncia que el Gobierno de Colombia es el más represivo contra las personas y las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. La política de «seguridad democrática» desarrollada por el presidente Álvaro Uribe bajo el pretexto de la «guerra contra el terrorismo» conculca de manera masiva los derechos humanos con absoluta impunidad.
A lo largo de 2004 fuerzas estatales y paramilitares asesinaron a 94 sindicalistas, lo que equivale a un asesinato cada tres días. Desde 2003 casi 700 dirigentes sindicales han sido amenazados de muerte, 63 han sufrido hostigamientos, 98 han debido desplazarse internamente o exiliarse en busca de protección y 104 han sido detenidos de manera arbitraria.
En Colombia los sindicalistas, al igual que los defensores de los derechos humanos, están indefensos y en el punto de mira de los grupos paramilitares y de los agentes armados del propio Estado, que les estigmatizan como «terroristas» para justificar su eliminación física.
CEAR, como organización que defiende el derecho de asilo y atiende a las personas que buscan protección en nuestro país, recuerda que son estas violaciones masivas de los derechos humanos la causa del éxodo emprendido por cientos de miles de colombianos en los últimos años, con la complicidad del Gobierno de Uribe y de importantes grupos empresariales, entre ellos algunos de capital español.
Asimismo, como organización que lucha por la igualdad de derechos y la plena integración de los inmigrantes en nuestra sociedad, CEAR quiere llamar la atención sobre las graves situaciones de sobreexplotación y altísimo riesgo en que trabajan cientos de miles de trabajadores extranjeros, quienes, al carecer de los permisos administrativos, se encuentran totalmente invisibilizados y en consecuencia desprotegidos ante las situaciones de semiesclavitud y los abusos de todo tipo que violan sus derechos y su dignidad humana.