La Comisión Etica Contra la Tortura dio a conocer el 3 de julio, su informe de Derechos Humanos 2013: «En la Senda de la Memoria, los Derechos y la Justicia: 1973-2013, Cuarenta años de lucha, resistencia y construcción», publicado por Editorial Quimantú, que enfatiza en la práctica de la tortura como respuesta a las demandas […]
La Comisión Etica Contra la Tortura dio a conocer el 3 de julio, su informe de Derechos Humanos 2013: «En la Senda de la Memoria, los Derechos y la Justicia: 1973-2013, Cuarenta años de lucha, resistencia y construcción», publicado por Editorial Quimantú, que enfatiza en la práctica de la tortura como respuesta a las demandas del movimiento estudiantil y del pueblo mapuche en su recuperación de tierras ancestrales y defensa contra megaproyectos. Memoria, denuncia, canto y acción se dieron la mano en el lanzamiento, que también homenajeaba a quienes hoy exigen en democracia el fin del lucro en la educación, a luchadores cuyas vidas están entroncadas con la defensa de los derechos humanos, y al canto libre que ha acompañado esos combates.
La actividad tuvo lugar en el auditórium de la Radio Universidad de Chile, en Santiago, premiando a luchadores sociales con las medallas «Obispo Fernando Ariztía» (co-fundador de la Vicaría de la Solidaridad); «Danielle Mitterrand»; «Juan Pablo Jiménez» (obrero y sindicalista asesinado en 2013); «José Huenante Huenante», detenido desaparecido (2005); «Olof Palme» (Ex Primer Ministro Sueco), «Manuel Gutiérrez» (asesinado en agosto 2011) y «Enrique Pérez Rubilar» (ícono de la lucha por los ddhh en la Araucanía, fallecido en 2012).
Los galardonados fueron la Hermana María Inés Urrutia, quien fue parte del Movimiento Sebastián Acevedo en dictadura y vive en la población La Victoria; Diego Vela, Presidente de la FEUC; Andrés Fielbaum, Presidente de la FECH; Enrique Núñez, destacado miembro de la CECT de Valparaíso; la dirigente secundaria Eloísa González; el Conjunto Illapu, en la persona de Roberto Márquez; y Martín Almada, luchador por los DDHH de Paraguay.
Emocionada, la viuda de Juan Pablo Jiménez dirigente de la empresa Azeta, entregó la medalla a Enrique Núñez señalando que la familia Jiménez y el país han pagado un precio muy alto para lograr que la gente despierte ante los abusos. «El quería un mundo mejor y nos dejó una huella marcada con sangre». Agradeció a los estudiantes que junto a la Comisión Etica, se han hecho parte de su llamado por justicia y verdad ante ese asesinato. «La memoria duele, pero obliga a la acción», sostuvo a su vez Núñez, recordando que es la ética la que debe impulsar al ser humano a rechazar la impunidad. Roberto Márquez, de Illapu, enarboló su guitarra para agradecer la premiación, y llamó con su canto a «abrir al sol todas las puertas, vamos, hay que andar!!» La dirigente secundaria Eloísa González aseguró que la medalla recibida de manos de Gerson, el hermano del joven Manuel Gutiérrez asesinado en una protesta, era para el propio Manuel y todos los secundarios movilizados, mencionando especialmente a quienes han sufrido secuestro y tortura en los últimos tiempos. Calificó los últimos episodios represivos como «el desalojo de nuestra democracia» y llamó a construir un camino de lucha junto a estudiantes, profesores, padres, y trabajadores y el conjunto del pueblo chileno.
El macizo informe (de más de 200 páginas) fue comentado por el Académico de la Universidad de Chile, historiador Sergio Grez Toso y por Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo y director de la Radio Universidad de Chile. Fue calificado por Sergio Grez como «instrumento de combate», mientras que Cárdenas afirmó que su lectura «aumentaba la vergüenza de vivir en un país que queremos, pero en el que se prolonga la aplicación de la tortura». Sergio Grez se refirió a la construcción de los movimientos sociales destacando que hay elementos como la solidaridad que están volviendo a aparecer en forma germinal, junto con ciertas incursiones en la desobediencia civil. Ambos panelistas se refirieron a la ilegalidad de la actual constitución. «Se requiere voluntad política y liderazgo para cambiar la Constitución», precisó Grez, luego que sostuvieran que el panorama descrito en el informe arranca de la permanencia de la herencia de la dictadura en todos los planos.
El informe
La Comisión Etica pasa revista al estado de los derechos humanos en los 40 años transcurridos desde el golpe militar, señalando que en pleno siglo XXI hay nuevos testimonios de la práctica de tortura. Considera urgente tipificar este crimen en las leyes chilenas y poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención contemplado por el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional Contra la tortura ratificada por Chile en 1988. Plantea que ello debiera hacerse con medidas dirigidas a grupos etáreos, de género, pueblos originarios y zonas de aislamiento geográfico, todo ello con participación de la sociedad civil en los mecanismos que se diseñen en esta política pública. Rechaza la criminalización de los movimientos sociales, destacando que la lucha por el derecho a la educación, contra el lucro y en defensa del territorio y los recursos naturales, es la nueva cara de los derechos humanos. Por ello llama a los movimientos sociales al autocuidado y a afianzar los lazos de solidaridad entre sí y con los distintos grupos movilizados. Una plataforma de lucha por la justicia y contra la impunidad es el remate del editorial. Juana Aguilera, coordinadora de la Comisión Etica Contra la Tortura concluye señalando que » son 40 años de lucha, pero también son 40 años de Resistencia y de construcción por un Chile que se levanta desde la Memoria, por los Derechos y la Justicia»,
En ese marco, el informe dedica un capítulo completo a la represión y tortura al movimiento estudiantil, elaborado por Defensa Secundarios, organización de estudiantes de la Universidad de Chile que cumplen roles de Observadores de Derechos Humanos y Defensores de los estudiantes secundarios movilizados. Once relatos de episodios de violencia policial dirigida a menores o participantes en sus marchas son presentados aquí.
Dos capítulos están dedicados a sendas ponencias sobre el despojo de los recursos naturales. El antropólogo Raúl Contreras G. analiza la lucha contra el extractivismo minero en Atacama, en tanto que el investigador en arqueoastronomía Patricio Bustamante D., documenta la experiencia de la comunidad de Caimanes, también en el norte del país.
La represión al pueblo mapuche
Al igual que en otros años, el grueso del informe de Derechos Humanos documenta la represión en territorio mapuche y exige la libertad de los luchadores sociales mapuche. Un artículo denominado «La lucha de resistencia de la comunidad socioespiritual», del académico mapuche Jorge Calbucura, de la Mid Sweden University, Coordinador del Centro de Documentación Ñuke Mapu, ahonda y contextualiza el significado de la detención en este período de cuatro machis (sanadoras tradicionales y autoridades espirituales), en tanto que otro capítulo, detalla la violencia institucional hacia la niñez mapuche, documentada por la Fundación ANIDE. Un listado de 29 prisioneros políticos mapuche, con información adicional sobre absueltos tras larga prisión y juicios orales, precedido por una crónica sobre el rol de los fiscales y la extensión hacia el sur de la lucha por territorio, de Lucía Sepúlveda R., preceden a una pormenorizada cronología de un año de violencia policial contra el pueblo mapuche registrada y sistematizada por el profesor Manuel Andrade, de mayo de 2012 a mayo de 2013.
La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) agrupa a diversas organizaciones y personalidades que desarrollan acciones de defensa y promoción de los derechos humanos en Chile. Fue creada en marzo de 2001, para exigir al Estado la creación de un instancia de Verdad, Justicia y Reparación, y continuó accionando frente a las gruesas insuficiencias de los logros obtenidos a ese respecto y la permanencia en el tiempo de la tortura. La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) está integrada, entre otras, por Amnistía Internacional; el Observatorio por el Cierre dela Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Chile); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad conlos Pueblos de América (SICSAL); la Coordinación Nacional de ex Presos Políticos; la Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Cuenta además con representantes en Canadá, Italia, Bélgica, México, Alemania, Francia y Suiza.