La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica por violar el derecho de acceso a la información pública de Marcel Claude Reyes, actual director de Fundación Oceana, Sebastián Cox Urrejola, y el diputado Arturo Longton Guerrero. La acción legal se origina […]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica por violar el derecho de acceso a la información pública de Marcel Claude Reyes, actual director de Fundación Oceana, Sebastián Cox Urrejola, y el diputado Arturo Longton Guerrero.
La acción legal se origina en la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) a entregarles a Claude y Cox y al parlamentario los antecedentes que justificaban la aprobación del proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium y en los posteriores rechazos de la Justicia chilena a acoger las solicitudes para que el organismo transparentara dicha información.
El presente recurso viene a confirmar la convicción de la CIDH de que el Estado chileno violó el derecho de información y expresión de los afectados, tal como concluye el informe emitido por esta instancia en marzo del 2005. La demanda se interpuso ayer por la tarde, por lo que las partes aún no han sido notificadas. Probablemente, la información oficial llegará a los peticionarios y al Gobierno de Chile en un plazo cercano.
Marcel Claude señaló que «este hecho es una demostración de que en Chile el derecho a la libertad de expresión e información no está acabadamente protegido por el Estado». El presidente de Pro Acceso a la Información Pública, Juan Pablo Olmedo, destacó que la decisión de la Comisión refuerza el convencimiento de que el país debe avanzar en un mayor respeto del derecho de los ciudadanos a saber por qué se están tomando las decisiones que los afectan.
La iniciativa judicial en contra de Chile concitó el interés de organizaciones internacionales abocadas a promover materias de transparencia y acceso a la información pública, como el Open Society Justice Initiative, quienes han apoyado activamente el proceso. Además, los siete años de tramitación del mismo reflejan la necesidad de erradicar la tradición del secreto en los estados parte de la Convención Americana y sentar un precedente en el sistema internacional de Derechos Humanos.
Éste es el primer caso en que un órgano internacional de Justicia deberá manifestarse sobre el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública y es la tercera ocasión en que la Corte Interamericana conoce una demanda en contra de Chile en materia de libertad de expresión e información. La primera fue la referida a la censura de la película «La última tentación de Cristo», que obligó al Estado a permitir su proyección en el 2001. La otra se presentó el 13 de abril del 2004 por la prohibición y decomiso del libro «Ética y servicios de Inteligencia», del oficial (r) de la Armada, Humberto Palamara Iribarne.