Al terminar su misión de diez días en Colombia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa sus preocupaciones acerca del actual proceso de desmovilización con grupos paramilitares y las consecuencias de la política de «seguridad democrática» sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho. La CIJ expresa su más alta […]
Al terminar su misión de diez días en Colombia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresa sus preocupaciones acerca del actual proceso de desmovilización con grupos paramilitares y las consecuencias de la política de «seguridad democrática» sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho.
La CIJ expresa su más alta preocupación por la impunidad que rodea la desmovilización de grupos paramilitares desde diciembre de 2003. Dichos grupos siguen en la mesa de negociación a pesar de que no han respetado el cese de hostilidades pactado en diciembre de 2002. La CIJ ha recibido información de que, entre diciembre de 2002 y agosto de 2004, se han cometido por lo menos 1899 violaciones al cese de hostilidades.
La CIJ considera que el proceso y el marco legal existentes niegan totalmente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. No contemplan un mecanismo eficaz de verificación de la desmovilización que permita que la población pueda recuperar sus bienes.
Aunque el Gobierno niegue la existencia de un conflicto armado, esta afirmación no corresponde a la realidad. El país sigue viviendo una crisis humanitaria. Con 3 millones de personas internamente desplazadas, Colombia es el tercer país del mundo con mayor desplazamiento forzado después del Sudán y de la República Democrática del Congo. La implementación de la política de «seguridad democrática» en el nombre de la lucha antiterrorista, ha generado una degradación de la situación de derechos humanos, y en particular la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, masivas o individuales, por parte de la fuerza pública. En Arauca, la presencia de la fuerza pública es muy fuerte y se ha podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en información proveniente de miembros de la red de informantes o de reinsertados, quienes a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos.
En Arauca, la misión ha sido testigo también del hostigamiento constante a los defensores de derechos humanos y de la estigmatización de su labor.
En el marco de la política de «seguridad democrática» se han promovido también medidas que afectan la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Resultan preocupantes los varios intentos de limitar las competencias de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la Comisión pide a la comunidad internacional que en la reunión que se llevará a cabo con el Gobierno colombiano en Cartagena los días 3 y 4 de febrero, condicione su apoyo al actual proceso de desmovilización a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Asimismo, pide a la comunidad internacional que no respalde una política de seguridad que, en vez de fortalecer el estado de derecho, socava sus principios básicos.
La CIJ presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que se publicará antes de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2005.