Continúan las acciones de paramilitares cerca de la ZVTN Juan Carlos Castañeda ubicada en el nordeste antioqueño. El pasado 5 de mayo, en horas de la madrugada, en Mina Nueva, vereda Panamá Nueve, incendiaron un establecimiento público. Al parecer previamente dicho establecimiento había sido afectado por la explosión de un petardo que solo dejó daños […]
Continúan las acciones de paramilitares cerca de la ZVTN Juan Carlos Castañeda ubicada en el nordeste antioqueño. El pasado 5 de mayo, en horas de la madrugada, en Mina Nueva, vereda Panamá Nueve, incendiaron un establecimiento público. Al parecer previamente dicho establecimiento había sido afectado por la explosión de un petardo que solo dejó daños materiales. Asimismo recientemente han aparecido hombres armados que la comunidad identifica como paramilitares quienes, con lista en mano, buscan a diferentes líderes sociales.
La organización campesina Cahucopana denunció que estos hombres al margen de la ley están ofreciendo recompensas por información sobre el paradero de Ricaurte García, quien hace parte de esta organización y se desempeña en su labor de defensa de los DDHH. Cabe recordar que el accionar paramilitar en estas zonas (Bajo Cauca y Noredeste antiqueños) también se ha ensañado con los familiares de aquellas personas que defienden la implementación de los acuerdos de paz.
Según el último informe del Cinep, en 2016 los paramilitares y la Policía Nacional han sido los mayores violadores de los DDHH; en este mismo documento se hace mención a que la violencia se ha arreciado contra líderes sociales que han apoyado la paz. El padre Javier Giraldo, en entrevista a Noticias Uno, afirmó que los paramilitares sí existen, apoyado en las investigaciones presentadas en el informe ya mencionado donde se expone:
«En el año 2016 se le atribuye a los paramilitares un total de 550 victimizaciones y a actores armados no identificados 833 victimizaciones, por lo que es posible afirmar que continúa la ‘guerra sucia’ contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda»
Miembros de las FARC-EP manifestaron que el principal problema que tiene el proceso de implementación del Acuerdo Final en la actualidad es el paramilitarismo. Igualmente organizaciones sociales del Bajo Cauca denunciaron que paramilitares se han instalado en la región y que ejercen control desde el Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar y Nordeste antioqueño. Entrando así a desplazar campesinos y perseguir líderes sociales desplegando una ofensiva contra insurgente y contra sectores progresistas, democráticos y de izquierda.