El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En Colombia, los indígenas no tienen mucho que celebrar. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), entre 2009 y 2012, 438 indígenas fueron asesinados y más de 22.000 desplazados. Entre enero y julio de 2013, 23 fueron asesinados y […]
El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En Colombia, los indígenas no tienen mucho que celebrar. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), entre 2009 y 2012, 438 indígenas fueron asesinados y más de 22.000 desplazados. Entre enero y julio de 2013, 23 fueron asesinados y 1.506 desplazadas. Informa también que 66 pueblos originarios están a punto de desaparecer, algunos con población menor a los 500 habitantes, 18 con menos de 200 y 10 conformados por menos de 100 individuos.
Con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el pasado 9 de agosto, la Alta Representante de la UE para asuntos exteriores, Catherine Ashton, manifestó que «siempre que resulta relevante la UE menciona los derechos de los pueblos indígenas en sus diálogos políticos con países terceros y organizaciones regionales, y en foro multilaterales como las Naciones Unidas«. Sin embargo, en el TLC entre la UE y Colombia no se tuvieron en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, y su entrada en vigor a partir de este 1 de agosto, podría agravar todavía más su situación. El TLC fue promovido y aprobado por la UE a pesar de las múltiples advertencias frente a este riesgo. Y la UE no ha sido firme en sus declaraciones públicas sobre este tema en sus relaciones con Colombia.
La ONIC, ha denunciado que los pueblos indígenas son «víctimas de un genocidio que está forzando al exterminio físico y cultural«. Señala que «la situación de violencia y exterminio tiende a intensificarse a través de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y reclutamientos forzados, violencia sexual, amenazas y, demás delitos que generan afectaciones colectivas e individuales que perjudican de forma profunda a los 102 Pueblos Indígenas que existen en el país«.
Tan sólo el 2% de la población colombiana es indígena, sin embargo representa el 7% de desplazados internos, según Codhes. Cifras del PNUD ponen de manifiesto que el 70% de los niños indígenas colombianos sufre desnutrición crónica, y el 63% de la población indígena vive por debajo de la línea de pobreza [i] . Ello a pesar de la riqueza de sus territorios en recursos naturales. Desde la ONIC advierten de que existen 66 pueblos originarios a punto de desaparecer, algunos con población menor a los 500 habitantes, 18 con menos de 200 y 10 conformados apenas por 100 individuos.
Esta situación se presenta por la guerra que, paramilitares, guerrilla y fuerza pública libran en sus territorios. También como consecuencia de la explotación de las industrias extractivas y la puesta en marcha de megaproyectos que ponen en peligro sus fuentes de vida. En su informe anual presentado en abril de 2013, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señaló que «las decisiones relativas a la utilización y explotación de los recursos naturales suelen tomarse sin respetar el derecho a la consulta previa, sin el respeto debido a las autoridades y procedimientos tradicionales, y sin ajustarse tampoco al contexto cultural específico«. Recordó que «en el caso de los grupos en riesgo de extinción, el derecho a la consulta previa constituye no solo un derecho a la participación, sino también un mecanismo de veto para garantizar su supervivencia«.
Oidhaco solicita a la UE, a Noruega y Suiza, así como a la comunidad internacional, que pongan sus focos en los indígenas colombianos para protegerlos del exterminio y que exijan al Gobierno colombiano el respeto del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la adopción de medidas urgentes para protegerlos. «La vulnerabilidad extrema en que se encuentran las 102 etnias colombianas, exige de la comunidad internacional un paso firme para evitar su desaparición», advierte Vicente Vallies, portavoz de esta red europea de 35 organizaciones con sede en Bruselas.
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