«Doce son las personas que fueron puestas a disposición del ministro instructor Antonio Castro por su presunta participación en el atentado incendiario a tres camiones que prestaban servicios a la Forestal Arauco, en la comuna de Lumaco, el pasado 1º de diciembre. Encabeza la lista José Remigio Chureo». (El Diario Austral, Temuco, 13 de diciembre […]
«Doce son las personas que fueron puestas a disposición del ministro instructor Antonio Castro por su presunta participación en el atentado incendiario a tres camiones que prestaban servicios a la Forestal Arauco, en la comuna de Lumaco, el pasado 1º de diciembre. Encabeza la lista José Remigio Chureo». (El Diario Austral, Temuco, 13 de diciembre de 1997).
Así informaba el satélite regional de la cadena El Mercurio de la detención de mapuches de las comunidades de Pichiloncoyán y Pilinmapu, tras el atentado que hace diez años redujo a cenizas tres camiones forestales. Ese hecho hizo estallar ante la opinión pública una situación de atropello, marginación y abuso contra el pueblo mapuche que las autoridades hubieran preferido mantener oculta (ver págs 16-17). Se trató de una acción desesperada, reconocerían años más tarde algunos de sus protagonistas, pero no por ello menos legítima. Todos los detenidos fueron formalizados por el ministro Antonio Castro en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El magistrado tenía experiencia al respecto. La Corte Suprema lo había designado ministro en visita para investigar las ocupaciones de tierras que protagonizó el Consejo de todas las Tierras en la IX Región. Más tarde el juez Castro dictó condena para 144 de sus integrantes por los delitos de usurpación de tierras y asociación ilícita, lo que llevó a los mapuches a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado por graves violaciones. Acogida por la CIDH, se obligó al gobierno a suscribir un acuerdo de reparación a favor de los comuneros. En el caso Lumaco, Castro no sería el juez encargado de dictar sentencia. Lo impidió su jubilación. Sin embargo, su negativa a reconocer legitimidad a las reivindicaciones mapuches trazó un derrotero de persecución y cárcel para las comunidades, que persiste hasta nuestros días.
Han transcurrido diez años de los sucesos de Lumaco y alrededor de 300 mapuches, hombres, mujeres, niños y ancianos, han pasado por las cárceles. Más de diez ministros especiales y nueve fiscalías militares se han encargado de investigar acciones de protesta social enmarcadas en un conflicto político que se agudiza año tras año. La cifra de personas sometidas a proceso en el mismo período se eleva sobre las 500, según cifras de la organización Meli Witrán Mapu. En la actualidad, alrededor de 150 personas se encuentran sometidas a procesos en tribunales civiles y fiscalías militares por su participación en movilizaciones urbanas o rurales. A esto se suman órdenes de detención contra una veintena de comuneros y los quince presos políticos recluidos en cárceles de Traiguén, Lebu, Concepción, Temuco, Lautaro y Angol. Siete de ellos son miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), condenados por la ley 18.314 sobre Conductas Terroristas. «Se trata de una clara política de criminalización de la demanda social mapuche», señala a Punto Final el sociólogo Eduardo Mella, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y autor de un revelador estudio publicado recientemente por la editorial LOM. Para Mella, el Estado ha reducido el conflicto mapuche a un plano judicial, cuyas consecuencias más inmediatas y dramáticas han sido «la estigmatización del mapuche, a quien se le ha sindicado como agresor, violento y terrorista, y, por otra parte, la legitimación del Estado para exacerbar su potestad punitiva y restablecer el control social en el territorio mapuche».
MAS GARROTE QUE ZANAHORIA
¿Son los tribunales de justicia los responsables de que a 10 años de las detenciones en Lumaco éstas se sigan multiplicando? «Claramente la responsabilidad final corresponde al Estado y a los gobiernos de la Concertación», señala a Punto Final, José Aylwin Oyarzún, abogado y co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Para este promotor de los derechos indígenas, desde el retorno de la democracia ha existido una política dual en el tratamiento del conflicto mapuche-chileno, política que se habría acrecentado durante la administración de Ricardo Lagos. «Cuando uno analiza el período de Lagos, se puede afirmar que hubo una política dual: del garrote y la zanahoria, como se señala comúnmente», indica. Todo ello con el objetivo de proteger la verdadera apuesta de los gobiernos de la Concertación, «relacionada con la inclusión de los territorios indígenas en la economía global, incluso con la ejecución de proyectos que buscan insertar a los territorios indígenas en este mercado. Se entiende a estos territorios como fuente de recursos naturales a ser explotados, extraídos y vendidos a los mercados internacionales», subraya José Aylwin. Esta apuesta central sería -a juicio del abogado- la responsable de la implementación de medidas represivas que el relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, denominó como «políticas de criminalización». «Esto se grafica en la política de persecución judicial de la cual el Estado se hace parte, y para la cual recurre a la legislación sobre estados de excepción -la más grave es la ley antiterrorista-. Y también a acciones de represión violenta contra comunidades y dirigentes, violando derechos básicos de las personas, como la integridad física, la libertad, el derecho a desplazamiento e incluso, el derecho a la vida, como fue el asesinato del joven mapuche Alex Lemún», indica.
Bien conocen de esta «tensión» los dirigentes y miembros de la Comunidad Juan Paillalef, de Cunco, en su mayoría de la familia Cadín-Calfunao. Condenados por oponerse a los trabajos de una empresa privada de electricidad en sus tierras comunitarias, la lonko Juana Calfunao y gran parte de su grupo familiar han debido soportar un largo período en la cárcel de Temuco. Su dramática situación, denunciada por Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura, entre otros organismos, llevó a que el 7 de agosto la dirigenta y su hermana Luisa dieran inicio a una huelga de hambre en el penal de Temuco. «Los mapuches estamos cansados de tanta persecución, amedrentamiento y hostigamiento. Si lo que quieren es matarnos, ¡mátennos! Pero háganlo de frente y no amparándose en una institución del Estado y en sus leyes injustas», señalaron al momento de iniciar una huelga que no pareciera inquietar a jueces y autoridades. Tampoco parecen inquietar al ejecutivo los inumerables informes y recomendaciones que organismos internacionales hacen a La Moneda para enmendar su contradictoria política indígena. A los ya tradicionales y críticos informes de IGWIA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), se han sumado en los últimos años las recomendaciones de diversos comités de Naciones Unidas.
COMPAÑIAS PRIVADAS EN LA MIRA
Pero los comités de la ONU no sólo alertan sobre casos de persecusión penal y violación de garantías procesales. En un hecho sin precedentes, a fines de agosto el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de Naciones Unidas acogió una denuncia por «racismo y discriminación socio-ambiental», a causa de vertederos y plantas químicas de aguas servidas que operan en territorio mapuche, acción presentada por comunidades afectadas y otras organizaciones. Al respecto, el CEDR solicitó al Estado chileno entregar un informe el próximo 30 de noviembre, además de dar cuenta ante la sesión de comisionados, en marzo de 2008. La denuncia informa de la vulneración de derechos que afecta a distintas comunidades mapuches, cuyos miembros son discriminados por el Estado y las políticas económicas. En efecto, «proyectos de inversión privados y públicos han facilitado la construcción de diversas plantas de tratamiento primario químico de aguas servidas (afectando a numerosas comunidades) y un total de 28 vertederos para procesar los desechos de la región, que no cumplen con estándares mínimos de calidad y de tecnología para permitir un adecuado resguardo del medio ambiente y la salud de la personas de su entorno», señala a Punto Final Alfredo Seguel, vocero de la agrupación Konapewmán.
Otra denuncia que involucra a una compañía privada -y que ha sido acogida por un organismo internacional- es la presentada por la comunidad mapuche-huilliche Pepiukelén ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por riesgo de desplazamiento y migración forzada de sus miembros debido a la instalación de una factoría productora de alimentos para salmones del holding Agrosuper, en Pargua, al sur de Puerto Montt. Esta es una de las primeras ocasiones en que la CIDH interviene en un conflicto en que las acciones de compañías privadas atentan contra los derechos humanos de comunidades indígenas, señala a PF el abogado Diego Carrasco, del Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes (OCIM). La presentación es la antesala para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La carta oficial del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, señala que han solicitado información al Estado de Chile respecto a «medidas que han tomado las autoridades para proteger a los miembros de la comunidad Pepiukelén».
En este escenario, sorpresa e indignación provocan los intentos de la presidenta Michelle Bachellet por alcanzar uno de los tres sillones latinoamericanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2008-2010. A juicio de Francisco Vera Millaquén, werken de la comunidad Pepiukelén, «Chile no califica hoy para formar parte del Consejo, porque los gobiernos de la Concertación no han cumplido estos derechos en su propio país. No se han respetado los derechos humanos de los pueblos originarios, y no se han respetado las recomendaciones del relator especial ni de los distintos comités en cuanto a estos temas». Ello acontece mientras se acrecientan los allanamientos policiales en Temucuicui, comuna de Ercilla, donde a diario niños, ancianos, jóvenes y mujeres deben vivir en un verdadero escenario de guerra, según denuncian dirigentes mapuches desde la clandestinidad. Es el garrote de una política que extendió sus brazos hasta la comunidad Rucañanco la madrugada del pasado 30 de agosto, cuando hasta la cordillera de Nahuelbuta arribaron un centenar de efectivos policiales para detener al lonko Iván Llanquileo Antileo, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y sindicado por el Ministerio Público como nuevo líder de ese referente. Llanquileo fue detenido en un operativo con tintes de incursión contrainsurgente. Diversos medios de prensa saludaron la detención del «peligroso terrorista», omitiendo su cargo de autoridad tradicional de la comunidad Juana Millahual y su historial como férreo opositor a proyectos mineros en la zona del lago Lleu Lleu, impulsados por los empresarios Jaime Troncoso Sáez, Benedicto Melín Paillali (ex presidente de la ONG Parlamento Mapuche Koyaktu) y el dueño de la minera Santa Bárbara, Leonardo Farkas Klein.
Formalizado por su presunta responsabilidad en un ataque armado a dos helicópteros de Forestal Mininco y «tenencia de arma prohibida» (un fusil M-16 con abundante munición que fue encontrado a más de 2 kilómetros de su hogar), Llanquileo terminó recluido en la cárcel El Manzano, de Concepción. Allí explicó las razones de su arresto: «Me detienen por defender los lineamientos de la legítima resistencia y reconstrucción de la nación mapuche a través, principalmente, del control territorial que llevamos adelante las comunidades en lucha. Esta es la razón de fondo por la que he sido perseguido políticamente y en innumerables ocasiones, con allanamientos e intentos de detención. Pero quiero dejar en claro que no me amedrentarán en mi condición de lonko y weichafe».
Llanquileo se transformó en el séptimo dirigente de la CAM encarcelado durante la administración Bachelet. De la nueva relación, prometida en los discursos de campaña de la actual mandataria, no hay nada. Tal como resume José Aylwin, «no existe -en la actual administración- una intención de generar transformaciones profundas que pongan en riesgo la apuesta de la Concertación de seguir en una senda de apertura de mercado, de incorporar a los indígenas y a sus territorios a un modelo de desarrollo no demandado por ellos y aun más, en contra de su voluntad».