Las declaraciones y acciones políticas de la CONFECH en los últimos meses han buscado entablar una coyuntura favorable para los estudiantes y la movilización social. El objetivo es generar una situación de conflicto que le permita al movimiento posicionarse como un actor clave en la construcción de la nueva ley de educación superior. ¿Cuáles son […]
Las declaraciones y acciones políticas de la CONFECH en los últimos meses han buscado entablar una coyuntura favorable para los estudiantes y la movilización social. El objetivo es generar una situación de conflicto que le permita al movimiento posicionarse como un actor clave en la construcción de la nueva ley de educación superior. ¿Cuáles son los factores críticos del escenario político para el conflicto educacional este año?, ¿por qué es clave este conflicto para el Mov. Estudiantil y la izquierda?
Partamos por la última de las preguntas. Es claro que la reforma a la educación superior es la madre de todas las batallas para el movimiento estudiantil durante este gobierno. Tras la derrotas sucesivas que vivieron los actores sociales de la educación en los primeros años con la reforma a la educación secundaria, la reforma a ley de carrera docente durante el 2015 y recientemente la implementación forzada de la gratuidad, la ley de reforma educación superior es la última oportunidad para posicionar las demandas sociales en el seno de la reforma y evitar un nuevo ajuste y perpetuación de la educación neoliberal.
Desde la perspectiva política, la batalla por la reforma representa una coyuntura de cierre, una forma de desenlace de un proceso histórico iniciado hace más de una década y que alcanzó su punto clímax durante el 2011. Este proceso abrió las posibilidades para un clivaje social hacia la izquierda, tras generar una fisura ideológica de proporciones políticamente significativas en la hegemonía neoliberal. No obstante, si el movimiento no encuentra el modo de posicionar sus demandas y consolidar este clivaje ideológico en el sistema legal, confronta el riesgo de sufrir un colapso interno, que amenaza con desarticular el principal agente de conflictividad y contra hegemonía social con el cual cuenta Chile. Si bien suena dramático el riesgo es efectivo, nótese la trayectoria posterior a los clímax y coyunturas del movimiento secundario (2006-2008) y de la reciente movilización del colegio profesores (2015), que tras finalizar las movilizaciones sin resoluciones políticas favorables tendieron a la desarticulación política.
Avancemos en el esclarecimiento de la segunda pregunta. ¿Cuáles son los factores críticos de la coyuntura? Las partes en conflicto se han posicionado de la siguiente manera.
El gobierno, tras la veloz y forzada aprobación de la gratuidad, ha dilatado y retenido hasta el extremo el proceso de diseño de la reforma, manteniendo prácticamente en secreto los avances en la ley. Las intenciones parecen ser obvias en esta estrategia. Fortalecer su posición política interna, buscando generar consistencia política al interior de la Nueva Mayoría. Reducir al mínimo cualquier tipo de oposición significativa al interior del bloque en el poder que entorpezca el proceso a nivel mediático y legislativo. En otras palabras neutralizar, cediendo por adelantado y gratuitamente, cualquier posible conflicto de intereses, al interior del bloque en el poder, capaz de gatillar presiones desde los poderes fácticos involucrados en la educación.
Si bien la estrategia no es evidente per se, una potente señal que fundamenta este análisis es el total silencio mediático de la derecha y de los actores cooperativos o stakeholders. Los cuales, a diferencia de la reforma a la educación secundaria, han resguardado cualquier forma de presión y expresión pública al respecto, en conocimiento de que carecen de legitimidad pública tras los casos de corrupción. Esto sugiere que el gobierno ha apostado por la misma estrategia de la ley de gratuidad; un manejo silencioso que resuelva los costos transaccionales a la interna del bloque en el poder (empresarios y políticos), seguido de anuncios mediáticos rimbombantes, que finalizan con un acelerado proceso de legalización, negociado previamente y que no deja espacios para el debate público.
Esta estrategia, totalmente reaccionaria y defensiva, genera consecuencias críticas que cabe considerar para la posición política de la CONFECH. Primero, la coyuntura se ubica en un punto ciego, oculta del debate público, por lo cual los movimientos de la élite y sus negociaciones serán a puertas cerradas. Segundo, se desdibuja y esconde la ruta política de la coyuntura, ya que el gobierno y la élite negociarán los tiempos y los hitos fundamentales. Tercero, y más sensible, se clausura el conflicto y se excluye a los sectores de oposición social clave de las negociaciones, marginando del campo de discusión a actores fuera de la élite.
En la vereda del movimiento estudiantil, el escenario no ha cambiado mucho respecto de los años anteriores. La CONFECH sigue siendo el principal y único actor capaz de entablar una coyuntural nacional favorable a las demandas ciudadanas. Su principal cambio político, es haber alcanzado recientemente acuerdos estratégicos entre los sectores de la nueva izquierda que participan en la mesa ejecutiva. Como ha declarado la CONFECH tras la caída de las ingenuas y erráticas tesis de la incidencia política, que algunos sectores de la nueva izquierda sostuvieron, la apuesta de este año es la articulación de una oposición social radical y la confrontación directa con el ejecutivo. No obstante esta estrategia, esperemos no tardía, presenta algunas debilidades internas que cabe esclarecer.
Primero, fragilidad interna de La CONFECH. Si bien se percibe una relativa homogeneidad estratégica en la mesa ejecutiva, los acuerdos entre organización políticas se presenta en extremo frágiles. La dispersión y constante negociación entre organizaciones, que ha alcanzado su punto extremo este año, ha requerido la articulación de mecanismos alternativos de coordinación de la CONFECH. Estos mecanismos se han mostrado frágiles y complejos de sostener (por ejemplo analícese el extinto «Bloque de Conducción»), lo cual debilita la posibilidad de coordinar esfuerzos y actuar colectivamente, siendo una amenaza que mantiene en tensión constante la toma de decisiones. Este factor crítico se agudiza si se considera que algunas elecciones federativas aún no terminan, de modo que las fuerzas de conducción aún compiten a nivel local. Y más relevante aún, la CONFECH aún debe zanjar la distribución de algunas vocerías, factores que aumentan las tensiones y amenazan con alterar los equilibrios políticos internos.
Segundo, distancia de las bases estudiantiles. El punto de mayor complejidad que enfrenta la CONFECH este año es recuperar la participación estudiantil y conseguir la adhesión ciudadana. Si bien las últimas convocatorias nacionales a movilización (2015) han mantenido una relativa masividad, el agudo proceso de reformas, consignas y cambios en la educación que ha generado el gobierno, ha desdibujado los elementos fundamentales del conflicto no existiendo claridad, en el sentido común, respecto al estado de la educación en Chile. Además, la primacía que algunos sectores de izquierda dieron a la generación de acuerdos con el gobierno durante los primeros años trajo sus costos y alejo a las dirigencias de los estudiantes, muchos de los cuales están agradecidos por la gratuidad y no poseen una disposición favorable a la movilización.
En palabras simples, el conflicto educacional actual requiere un esclarecimiento y la re-significación de las demandas históricas, que responda la pregunta que amplios sectores de la ciudadanía y que muchos estudiantes tienen: «¿por qué los estudiantes se movilizan si ganaron la gratuidad?». En este sentido el despliegue de una estrategia comunicacional amplia, que complemente y soporte la estrategia política, son aspectos críticos en la articulación del conflicto nacional.
Para finalizar cabe ser claro y preciso. Las razones estructurales del conflicto educacional no se han agotado, ni se resolverán con las reformas de la Nueva Mayoría. La educación sigue siendo un mecanismo de segregación social que aumenta la concentración de la riqueza y legitima la desigualdad de clases en Chile. La educación superior en particular, con gratuidad subsidiaria estatalmente, seguirá siendo una fuente de negocios y lucro para los mismos sectores privilegiados que se coluden a espaldas de la ciudadanía y que financian campañas y partidos políticos solo para defender sus privilegios. Es por esto que existen razones suficientes y necesarias para articular un conflicto nacional capaz de detener la perpetuación de las políticas neoliberales. El desafío del movimiento estudiantil, y de la nueva izquierda en su conducción, es ser capaces de confrontar la estrategia de la élite y gatillar el descontento social, que la misma movilización social ha cultivado, más allá de los réditos políticos inmediatos y de los beneficios mínimos que el bloque en el poder ofrezca y tolere para la mayoría de los chilenos.