El proyecto para una nueva ley de crédito universitario, en donde capitales privados entran al juego, tiene a los universitarios en pie de guerra. A lo largo de todo el país las protestas se multiplican y aunque la iniciativa sea aprobada por el Congreso -al cierre de esta edición estaba culminando su último trámite […]
El proyecto para una nueva ley de crédito universitario, en donde capitales privados entran al juego, tiene a los universitarios en pie de guerra. A lo largo de todo el país las protestas se multiplican y aunque la iniciativa sea aprobada por el Congreso -al cierre de esta edición estaba culminando su último trámite legislativo- la pelea va a continuar hasta que el Presidente de la República use su facultad de veto sobre la iniciativa. Desde ya, los estudiantes preparan masivas manifestaciones para este 21 de mayo en Valparaíso. Para abordar con más detalle una de las movilizaciones más importantes de los últimos años, conversamos con el presidente de los estudiantes de la U. de Chile.
«Al problema que tienen los estudiantes de la educación superior todos los años, como es el déficit del crédito -que es la falta de dinero para apoyar a los compañeros que no pueden pagar sus aranceles al contado- se suma este año un problema que es mucho más de fondo: la nueva ley de Crédito Privado con Garantía Estatal patrocinada por el Ministerio de Educación. Esta ley lleva alrededor de dos años en el parlamento, pero en los últimos dos meses ha tenido un avance notorio y, de hecho, probablemente hoy (miércoles 4 de mayo) se apruebe definitivamente.
Esto es lo mismo que se intentó hacer el año 2001 con el Fondo Solidario, es decir, pasarles a los bancos y las financieras la atribución de prestar dinero a los estudiantes que no tengan recursos para financiar sus estudios. Una «solución» en la que el Estado se retira aun más de sus responsabilidades de dar garantías en cuanto a la igualdad en el acceso y mantención de los estudiantes en la educación superior. Ahora pasa a ser sólo el aval de dichos créditos: en vez de garantizar el acceso, les garantiza a las financieras y a los bancos que la inversión que ellos hagan tenga cierto nivel de retorno y rentabilidad.
Este es básicamente el punto que ha movilizado a los estudiantes., Estamos en contra de que se concrete este nuevo avance privatizador en el sector público, pero no estamos en contra de que se genere una alternativa de financiamiento para los compañeros del sector privado, y en eso hay que ser muy claros. En esto el ministerio ha omitido parte importante de la información al decir que somos egoístas y que no queremos un sistema que beneficiaría a muchos compañeros del sector privado. Nosotros respondemos que sí queremos que se genere un sistema éste u otro, que funcione para el sector privado, pero ése no puede ser el pretexto para privatizar lo poco de público que queda en las universidades tradicionales.
Eso es lo esencial del problema, aunque estas últimas semanas hemos estado intentando ampliar esto a otras demandas históricas del movimiento estudiantil».
– ¿Como cuáles?
«A nivel de la Confech (que agrupa a las federaciones estudiantiles de las universidades tradicionales) se discutieron varios puntos. Todos entendemos que la discusión no comienza ni termina con este proyecto de ley, sino que una vez que esto acabe, bien o mal, vienen otros avances como la ley de acreditación.
Nosotros hemos propuesto, en primer lugar, que se congele esta ley hasta que se le hagan todas las modificaciones que sean necesarias, o una nueva ley que genere un sistema estrictamente para el sector privado, una buena ley, que no incentive -como ahora está ocurriendo- una merma en la calidad académica.
Segundo: queremos cobertura total de las ayudas estudiantiles para el sistema público. Es decir, que los beneficios o ayudas como el Fondo Solidario no sólo estén enfocados a la extrema pobreza, sino que abarquen a todos los segmentos que necesitan ayuda. Hoy en la Universidad de Chile hay por lo menos 7 mil compañeros que no pueden financiar sus estudios, una vez asignadas todas las ayudas del Estado.
Lo anterior, como un paso necesario para lo que el movimiento estudiantil viene proponiendo hace muchos años: Arancel Diferenciado para las universidades públicas (sistema en que los que más tienen pagan más y los sectores más pobres pagan menos, contemplando gratuidad). Creemos que es la única salida medianamente de fondo para el problema del financiamiento estudiantil.
Además hay otras demandas, que no solamente las han levantado los estudiantes universitarios sino también y sobre todo los secundarios, como el problema con el pase escolar, como un asunto fundamental que afecta a las familias más pobres del país».
-¿Cómo afectaría a los estudiantes el proyecto del gobierno?
«Si uno considera que lo que se dice que se quiere hacer es garantizar igualdad en el acceso, la pregunta es: ¿va a ser igualdad en el acceso si un estudiante con dinero paga dos millones anuales y en promedio unos 12 millones por el total de la carrera y sale sin ninguna deuda? ¿Va a ser eso igualdad frente a un compañero que no tiene recursos y que por lo tanto se vería ‘beneficiado’ por este nuevo sistema privado y que sale debiendo no los doce millones sino cerca de 20 millones, con las tasas de interés que se están conversando, y a una casa comercial, con las consecuencias que sufre cualquier persona que se endeuda con una casa comercial, es decir, embargo de bienes y otras medidas por el estilo? Los intereses estarían al nivel de los créditos hipotecarios, con tasas en torno al 7% u 8%. Un estudiante que utilice este tipo de crédito, al final va a estar pagando cerca de un 80% más que aquel estudiante que paga sus estudios al contado.
En el caso del Fondo Solidario el interés es del 2%. Pero además se consideran otras variables, como por ejemplo que éste es un crédito cuyo pago es contingente al ingreso del 5%, por lo que si una persona no tiene ingreso o sus ingresos son muy bajos, no paga nada. Además existen años de gracia, existe un plazo de pago de 15 años, después de los cuales se condona la deuda, todos subsidios y ayudas que no están en el nuevo sistema, que es un negocio de las casas comerciales».
– Desde el ministerio de Educación se señaló que están dispuestos a agregar un articulado a esta nueva ley, en que se señale que no se elimina el sistema del Fondo Solidario: ¿cómo valoras esto?
«Esto para nosotros es absolutamente insuficiente. Uno podría decir que puede ser un bonito gesto, pero en la práctica nada significa. El ministro Bitar dijo públicamente que el Fondo Solidario no se toca. Esto no significa nada porque el Fondo Solidario de ninguna manera garantiza cobertura a los estudiantes que necesitan ayuda, prueba de esto son los más de 10 años de déficit consecutivos que hemos tenido, el año pasado cerca de los 20.000 millones de pesos y este año estamos al menos en 15.000 millones de pesos en déficit. ¿El compromiso entonces es que el Fondo Solidario no se toca? Justamente, nosotros necesitamos no sólo tocarlo, sino modificarlo.
Un avance podría ser que esta nueva ley no afecte a las universidades del Consejo de Rectores. Eso mostraría en los hechos que el ministerio tiene la voluntad al menos de sentarse a la mesa y pensar qué vamos a hacer con el financiamiento estudiantil del sector público».
– ¿En que pie están las movilizaciones?
«En la última reunión de la Confech, las 21 federaciones asistentes se declararon en estado de movilización general. Estamos llegando a altos niveles de participación, la que quizás no veíamos de hace cinco o diez años en la mayoría de las universidades. Hoy por ejemplo, la Universidad de Chile tiene varias facultades en paro.
La idea es sumar a todos los sectores en esta pelea porque entendemos que ésta no es exclusiva de los estudiantes del sector tradicional de la educación superior, sino de todos « .