Una empresa refuerza con más aparatos el sistema de vídeovigilancia en el IES Canastell de San Vicente del Raspeig
Los últimos casos de violencia escolar en la provincia han puesto al descubierto algunos intentos de hacer negocio con las filmaciones de peleas entre estudiantes de institutos. El Cuerpo Nacional de Policía ha remitido a los juzgados de Alicante un oficio sobre una presunta oferta realizada por dos personas que se identificaron como periodistas de una cadena televisiva y que propusieron a estudiantes del instituto El Pla de Alicante la posibilidad de ganar sesenta euros por cada grabación de peleas entre alumnos. Este incidente se produjo una semana después de que un profesor de San Vicente fuese agredido en el instituto Haygón y la Policía fue alertada desde el instituto El Pla, por lo que envió a una patrulla e identificó a los periodistas y a unos alumnos que confirmaron la propuesta económica que les habían planteado por filmar peleas con el móvil. La Policía emitió un informe sobre lo sucedido y lo remitió al juzgado de guardia por si considera que se ha cometido algún hecho delictivo. Por su parte el director del Haygón también informó sobre algo similar a la Conselleria de Educación desde donde ayer confirmaron que se informó a la Policía para que controle el tema. Respecto al modo de proceder en el instituto, Educación ha recomendado al centro de San Vicente, único del que conoce que se produjeran ofertas, que extreme la vigilancia tanto en los recreos como a la salida del alumnado en las próximas semanas.
a Conselleria de Educación ha dado finalmente el visto bueno para que los institutos de la provincia puedan poner cámaras de vigilancia en el interior de sus instalaciones y no tengan que limitarse como hasta el momento a tenerlas únicamente en el exterior.
Ayer mismo se empezó a informar a los institutos de que los servicios jurídicos de la Conselleria contemplan sin reparos la instalación de circuitos cerrados de cámaras de seguridad en todo el recinto educativo, por lo que se incluyen los pasillos e incluso aulas o despachos. La única salvedad que se establece es que la reproducción posterior de las imágenes grabadas sólo será posible en los casos que determine la autoridad competente y como elemento probatorio de un presunto delito.
El curso pasado algunos institutos de la provincia empezaron a instalar cámaras en los patios por motivos de seguridad y la polémica saltó en un centro de Torrevieja cuando la dirección planteó ponerlas en los pasillos sin el acuerdo del claustro docente.
Al hilo de la nueva resolución los institutos de Alicante han empezado a recibir la visita de empresas especialistas en este tipo de instalaciones, que se han apresurado a ofrecer sus servicios a las direcciones de los centros «con muchas facilidades de financiación para que pongamos los circuitos de seguridad», como señalaron los centros consultados. Ese es precisamente el único punto discordante entre los responsables de los institutos y la conselleria, que ésta no se hace cargo del coste de la instalación.
Implantación Pese a que Educación autoriza ahora la instalación de las cámaras en el interior de los centros, algunos institutos como el San Vicente o el Canastell, ambos en San Vicente del Raspeig, se han adelantado a este permiso y disponen desde hace meses de estas instalaciones en los pasillos. Además el Canastell ha optado ahora por reforzar el sistema de vigilancia colocando más aparatos. Una empresa especializada realizó ayer la instalación de cuatro nuevas cámaras en la entrada al centro, en la zona deportiva, en los talleres y en los patios.
El instituto cuenta también con un guardia de seguridad desde hace siete años y según el director, Carlos Navas, «lo que tratamos es de prevenir y todo esto tiene efectos disuasorios». La instalación de cámaras en los pasillos del centro «ha servido, de momento, para evitar que se queden jugueteando y perdiendo tiempo cuando tienen que desplazarse de una clase a otra», explica. Entre los alumnos la instalación de más cámaras no genera rechazo. Sin embargo algunos apuntaron ayer que «más valdría que grabaran las grietas y los barracones y todo el mundo pudiera ver las condiciones en las que estamos».
El centro pagará a la empresa Royman unos 70 euros al mes por este servicio. Se trata de un sistema de «renting» por el que esta firma asume el mantenimiento de los aparatos. Esta cantidad incluye un seguro a todo riesgo. El dinero saldrá de los presupuestos del centro, que también logra financiación a través de colaboración con empresas. Para el director, la instalación de las cámaras no es una medida «coercitiva.