Trivializar la paz, que es un derecho síntesis, base y fundamento para la existencia y ejercicio de cualquier otro derecho, como lo hacen ciertos columnistas e instituciones, es una insensatez. Esto no puede menos que afligir los corazones de las mayorías que durante décadas han sufrido las consecuencias de la guerra. Un tratado de paz […]
Trivializar la paz, que es un derecho síntesis, base y fundamento para la existencia y ejercicio de cualquier otro derecho, como lo hacen ciertos columnistas e instituciones, es una insensatez. Esto no puede menos que afligir los corazones de las mayorías que durante décadas han sufrido las consecuencias de la guerra.
Un tratado de paz no es un asunto solo de abogados o de vericuetos jurídicos, argumentados como falsa preocupación por las víctimas. Las víctimas del conflicto, sí, son un asunto principalísimo en la resolución de la confrontación; y cómo no serlo, si es el conjunto de la sociedad, y dentro de ella, esencialmente las pobrerías, quienes sufren las consecuencias de la guerra y de las políticas económicas, que también matan. Pero no podemos dejar que se imponga el sofisma de que los victimarios son quienes han tenido que alzarse en armas para resistir a medio siglo de terrorismo de Estado. De ahí la urgencia de establecer la responsabilidad histórica sobre los hechos. Sentimos profundamente el dolor de las víctimas.
Por ello insistiremos en que se integre un grupo de juristas nacionales e internacionales, que con el conjunto de las comunidades, estudien los alcances de la responsabilidad del Estado por lo acontecido durante las últimas décadas de conflicto interno.
Para la paz es fundamental el poder creador o Constituyente. Las normas internacionales, a pesar de los adoradores de la Corte Penal Internacional, no están por encima del poder Constituyente, pues el país no ha regalado su autodeterminación ni su soberanía que reside en el pueblo.
La paz de Colombia debe ser una política de Estado para evitar que situaciones coyunturales como las elecciones la subordinen a intereses políticos particulares poniendo en peligro el anhelo colectivo de reconciliación. La Constituyente, por antonomasia, es la llave de la paz. La retórica del poder contra la Constituyente debe ceder
paso a planteamientos argumentativos que entreguen razones y no descalificaciones exclamativas. No se trata de que nos hagan afirmaciones de autoridad. Queremos razonamientos, tal como nosotros los damos cuando sustentamos su necesidad. Así obramos cuando presentamos el cuadro metodológico-comparativo que demuestra plenamente el acoplamiento de nuestras 10 propuestas mínimas para la participación política con el texto del acuerdo general de la Habana.
¿Qué autoridad superior proscribió el artículo 376 del texto de la Constitución Nacional? ¿De dónde se ha sacado que al Constituyente primario se le pueden trazar líneas rojas imaginarias?
Y a propósito de otros mecanismos de refrendación que se presentan para descalificar la Constituyente, recordamos la pregunta que el Doctor Humberto De La Calle se hizo hace algunos años en cuanto a si ha tenido éxito en Colombia la democracia directa, y en su balance expresa: «Las tentativas de convocatoria de referendos han fracasado; Agregando que;los requisitos dispuestos por la ley para validar la iniciativa ciudadana son demasiado dispendiosos;, con lo cual estamos de acuerdo.
Por otro lado, es un despropósito hablar en términos peyorativos de refundación de la patria, semejando la
Constituyente al pacto de las tinieblas entre el gobierno de Uribe y sus paramilitares. No obstante, si las altas autoridades se resolvieran por adelantar un proyecto refundacional alrededor de la paz, no romperían en absoluto las reglas de la lógica.
También sería algo plausible… y, por lo demás, conveniente en un país con una historia muy parca en la configuración de momentos refundacionales, entendidos como aquellos que galvanizan operaciones de beneficio y simbolización colectiva; Todo esto efectivamente es cuestión de voluntad política.
Constituciones armónicas y liberales, habrá muchas, pero puramente nominales en lo que corresponde a derechos y garantías sociales, con una existencia de relumbrón, sólo en el papel, como ocurre con la Carta del 91. Pero nadie podrá negar que sus enunciados en esta materia, son letra muerta. Únicamente un obnubilado legalista se atrevería a desconocer que bajo el imperio de esa Constitución el país ha cobijado la más cruda de las desigualdades, ha vivido uno de los periodos de mayor violencia y de impunidad; y ha alimentado a uno de los clientelismos más rampantes, incluido el horroroso «clientelismo armado» de la parapolítica.
¿Acaso el divorcio entre constitución y sociedad, y un Estado como el colombiano, infestado por prácticas antidemocráticas, autoritarias, mafiosas y corruptas, no ameritan la irrupción de una voluntad colectiva para una coyuntura refundacional?… Claro, tal necesidad no obligaría per se a una Constituyente, pero tampoco la excluiría necesariamente.
Que no vengan ahora sus adversarios a agitar ante el país la bandera del miedo pretendiendo asustarlo con el argumento de que una Constituyente envuelve el riesgo de una contra-reforma regresiva. No nos engañemos, la Carta ya está plagada de contra-reformas propiciadas por la corrupción, la ambición personalista de ciertos mandatarios, el clientelismo, y el oportunismo de derecha de los partidos tradicionales. ¿Y es que acaso el país ya no tocó el fondo de los crímenes de lesa humanidad y de los falsos positivos, de la desigualdad y la miseria generada por la implementación de políticas neoliberales, el saqueo trasnacional y la pérdida de nuestra soberanía?
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP