1. Conflicto armado, víctimas y pedagogías de la paz El conflicto social y armado que lleva sacudiendo Colombia durante los últimos 70 años ha permeabilizado en todos los sectores sociales. Las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, por parte de los múltiples actores armados, han producido un enorme sufrimiento al pueblo colombiano (al menos 5,7 millones […]
1. Conflicto armado, víctimas y pedagogías de la paz
El conflicto social y armado que lleva sacudiendo Colombia durante los últimos 70 años ha permeabilizado en todos los sectores sociales. Las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, por parte de los múltiples actores armados, han producido un enorme sufrimiento al pueblo colombiano (al menos 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados hasta 2012).
La situación del conflicto permanente ha significado un desgaste de todas las instituciones y las administraciones del Estado, de la cual la educación superior es parte. Sin embargo, las conversaciones de paz iniciadas en 2012 en La Habana (Cuba), entre las FARC-EP y el Gobierno; y la fase exploratoria de conversaciones públicas del gobierno con el ELN iniciada este abril de 2016, dibujan un contexto de posibilidad y una ventana de oportunidad real para avanzar hacia una solución integral y duradera al conflicto social y armado. Nos encontramos, por lo tanto, ante una oportunidad histórica de caminar hacia la democratización de las estructuras políticas y sociales colombianas.
En el ambiente académico, Colombia se ha distinguido a nivel mundial por su innovación en el estudio de la realidad conflictiva del país. Desde los años ’80 ha surgido un campo de estudios sobre la violencia política, desarrollado por quienes han sido denominados los «Violentólogos». Estos estudios responden a un ejercicio teórico colectivo, cuyo objetivo es entender y explicar, en última instancia, la larga historia de violencia en el país.
De esta manera, el desarrollo y estímulo de «Pedagogías para la Paz», se enmarca en un contexto de avances significativos de la negociación para la solución política. Este escenario, dentro de las universidades públicas colombianas, debe significar un salto cualitativo que contribuya al fortalecimiento de los acuerdos que las partes en conversación han firmado. Las universidades públicas deben erigirse como verdaderos agentes que implementen, garanticen y desarrollen el «Acuerdo General para Terminación del Conflicto Colombiano y una Paz Estable y Duradera». Dentro de ese marco existe un punto específico sobre las víctimas del conflicto y su reconocimiento, que contempla dos apartados: los Derechos Humanos de las Víctimas y la Verdad. Este es uno de los puntos más relevantes para abordar la problemática sobre la violencia histórica que se ha manifestado en el seno de las universidades públicas colombianas.
El diagnóstico que subyace a la evaluación del daño causado por el conflicto armado a las instituciones universitarias, implica considerar que las amenazas a miembros de la comunidad académica representan actos criminales de enorme trascendencia social y política. Así, exigir silencio bajo amenaza de muerte genera profundas implicaciones personales, y agrede y violenta la esencia de la universidad como institución sociocultural y académica. El uso de la violencia política contra miembros de la comunidad universitaria ha generado profundas rupturas, y ha lesionado el espíritu universitario basado en la libertad de cátedra, la defensa de la vida, la libertad de expresión y la autonomía universitaria. El cuestionamiento del pensamiento crítico a través del uso de la violencia política (evitando el legítimo debate académico), es un fenómeno que continúa desarrollándose en la actualidad, y debe ser desterrado de una vez por todas de las universidades públicas colombianas.
En Colombia se han desarrollado Bancos de Datos de violaciones de Derechos Humanos con más cobertura y precisión que casi cualquier otro país en guerra o con un conflicto armado interno. Estos estudios y procesos sistemáticos de recolección de datos y testimonios han hecho posible el informe reciente de la «Comisión Histórica del Conflicto y Sus Víctimas», así como los trabajos del Centro de Memoria Histórica, culminando en su libro relativamente reciente pero ya clásico, Basta Ya, del año 2013.
La tarea fundamental que se presenta con el Proceso de Construcción de la Paz ante la comunidad universitaria, las instituciones del Estado y ante el conjunto de la sociedad colombiana, es vincular estos esfuerzos de recuperación de la memoria histórica, con la academia, las víctimas y la sociedad civil.
2. Universidades públicas, paramilitarismo y construcción de paz
Las universidades públicas colombianas deben contribuir a la Construcción de la Paz, en un contexto complejo y contradictorio; sin embargo, también nos encontramos ante un escenario de fondo potencialmente fértil para la defensa de los derechos humanos y las Pedagogías para la Paz en las universidades públicas colombianas (un escenario político y social que se abre paulatinamente nunca visto en los últimos 70 años en Colombia).
Con la Ley 975 de 2005 conocida como «Justicia y Paz», más de 30.000 paramilitares fueron incorporados a la vida civil. En este proceso existieron acreditados elementos de impunidad. De hecho, ya quedó demostrado por la sentencia del 18 de Mayo de 2006 de la Corte Constitucional, que la desmovilización de las Autodefensas Unificadas de Colombia (AUC), no se planteó por el legislador en unos términos transparentes de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
En las universidades públicas colombianas, esta Ley 975 normalizó la presencia de ex-paramilitares mediante beneficios para su ingreso en «Programas de capacitación y educación». Durante los últimos 10 años, miles de paramilitares se han infiltrado en la vida universitaria interviniendo en los espacios democráticos y oponiéndose sistemáticamente al desarrollo del pensamiento crítico, en un país donde la violencia política de baja intensidad es estructural. Las Universidades, hasta la fecha, no disponen de herramientas efectivas mediante las cuales desarrollar Pedagogías para la Paz, procesos de acompañamiento a víctimas del paramilitarismo, o reparación de las violaciones de Derechos Humanos realizadas en sedes universitarias. Miles de víctimas del paramilitarismo, afectadas por la re-victimización que supuso la aprobación de la «Ley de Justicia y Paz», están viendo cómo los beneficios de la Ley 975 de 2005 en las universidades, son únicamente para el victimario, y no para sus víctimas.
En este contexto, el paramilitarismo ha llevado a cabo una campaña de intervención de baja intensidad en las Universidades Públicas a nivel nacional durante los últimos 10 años. Este fenómeno se ha experimentado con mayor énfasis en universidades públicas como en la Universidad del Atlántico, Universidad Industrial de Santander, Universidad de Córdoba, Universidad de la Guajira, Universidad del Valle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Magdalena, Universidad de Sucre o la Universidad Nacional de Colombia.
Por otra parte y más recientemente, el Gobierno impulsó las «Cátedras para la Paz» amparadas por la Ley 1732 de 2015. Por medio de ésta Ley, se establece la obligatoriedad en todas las instituciones educativas del país de desarrollar programas con el objetivo de «fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica». Por lo tanto, es un buen momento para incidir en la filosofía y en el contenido de esta Ley; con los objetivos de impulsar la educación para la paz, defender los derechos humanos y fortalecer los valores democráticos, se debe comenzar a desplegar una hoja de ruta que permita la «Reconstrucción de democracia y Paz» en espacios universitarios.
Por lo tanto, la problemática de la Construcción de la Paz en las universidades públicas debe ser abordada desde una perspectiva que abarque amplios sectores de la sociedad colombiana. Así, uno de los objetivos a medio plazo deberá ser el fortalecimiento de la participación de las víctimas directas y de la comunidad universitaria a través de un diálogo social fluido, que permita la creación de redes para estrechar los vínculos entre víctimas-universidad-sociedad civil.
Es fundamental evitar los procesos de re-victimización en las universidades públicas colombianas. Para ello se deben implementar medidas efectivas que permitan profundizar en la resolución del conflicto: 1) hacer un seguimiento de las múltiples violencias de baja intensidad, que se han desarrollado en las Universidades durante los últimos decenios, en clave de recuperación de la Memoria Histórica; 2) implementar mecanismos de reparación y no repetición para las víctimas de las violencias de motivación política que el Conflicto social y armado ha producido en la comunidad universitaria; y 3) facilitar un acompañamiento internacional que verifique el proceso de paz en las Universidades.
3. Aportes desde el exilio
Desde los y las exiliados-as colombianas en Europa – y creemos que esto es también extensible a las comunidades colombianas que residen acá por motivaciones económico-sociales- consideramos que debemos contribuir a la Construcción de la Paz, haciendo parte activa del momento histórico e ilusionante que atraviesa toda Colombia. Queremos participar defendiendo los derechos humanos y fortaleciendo la educación pública de nuestro país. Para ello es fundamental priorizar la recuperación de la memoria histórica, implementar mecanismos que favorezcan las garantías de no-repetición y apoyar la irreversibilidad del proceso de paz en Colombia desde el exterior.
El acompañamiento internacional que desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero estamos desarrollando, tiene como objetivo aportar a la Construcción de Paz en las Universidades desde múltiples ámbitos. Así, consideramos fundamental colaborar para desarrollar, fortalecer y acompañar las iniciativas que tengan como objetivo implementar propuestas concretas en defensa de los derechos humanos, como por ejemplo:
Cátedras de Paz en las universidades públicas colombianas.
Tribunales de la Verdad dentro de los campus universitarios.
Comisiones de Verificación Internacional de los derechos humanos.
Foros de participación directa de las víctimas del paramilitarismo y de las fuerzas del Estado con sus familiares.
Homenajes que dignifiquen el buen nombre de mujeres y hombres que dejaron su vida en defensa de la educación pública, el pensamiento crítico y la lucha contra la corrupción dentro de las universidades públicas colombianas.
Actividades públicas que reconozcan todas las víctimas y todos los sufrimientos que el conflicto colombiano ha provocado en las universidades.
Documentación de los casos para ser puestos de manera jurídica y política en la futura Comisión de la Verdad y Comisión de Esclarecimiento del Fenómeno paramilitar en Colombia.
Centros de la Memoria. Establecer en cada universidad pública donde el paramilitarismo ejecutó a profesores/as, dirigentes estudiantiles, sindicalistas, trabajadores/as de estás universidades un Centro de la Memoria donde reposé fotografías, audios, libros, biografías de todos/as las personas que fueron asesinadas.
La creación de cupos obligatorios y directos para los hijos-as y nietos-as de los profesores-as y trabajadores-as asesinados, como parte de la reparación y de la garantía de no repetición de estos hechos.
En este 2016, tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil debemos redoblar esfuerzos para fortalecer el papel que han de desempeñar las universidades públicas en la configuración de escenarios de paz. Tanto en Colombia como en el exterior, debemos caminar hacia la regeneración del tejido social dañado por el conflicto armado colombiano. Las universidades públicas son un elemento estratégico para la consolidación de escenarios estables de paz en Colombia: la academia debería de ser un enclave privilegiado desde donde facilitar espacios en los cuales las víctimas, la sociedad civil y el pueblo colombiano participen de forma directa en los múltiples procesos que buscan una solución estable y duradera a siete décadas de conflicto social y armado.
Por lo tanto, las problemáticas a las que la AJAFR pretende aportar sus esfuerzos implican:
Impulsar desde el exterior el fortalecimiento de las universidades públicas colombianas a través de actividades, programas y ejes de intervención por la paz en el ámbito social y académico. Impulsar la Cultura de la Paz y a la defensa de los derechos humanos para Colombia en un marco de reciprocidad social y cultural.
Desarrollar un trabajo en red que permita tender puentes entre las Universidades Públicas Colombianas, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Universidad de Deusto (UD), Mondragón Unibertsitatea (MU)-,resto de universidades de Estado español; así como entre las Instituciones vascas, españolas y colombianas. Todo ello para contribuir, desde el acompañamiento internacional a la resolución del Conflicto colombiano.
Señalar, visibilizar y difundir procesos concretos en defensa de los derechos humanos y las «Pedagogías para la Paz». Es decir, colaborar en la reconstrucción social en clave de reparación, verdad y garantías de no repetición, haciendo partícipes a las sociedades colombiana, vasca y española.
Dichas aportaciones, son mencionadas en el Informe del Viaje a la ciudad de Barranquilla por la Asociación elaborado al respecto en el 2016
Queremos construir una Colombia en Paz, con derechos de la ciudadanía, con justicia social y con reconocimiento y reparación para todas las víctimas del conflicto. Vamos a reconstruir esa Nueva Colombia también desde el exilio, porque muchos-as de nosotros-as queremos tener el derecho a retornar, y para ello necesitamos garantías de no volver a sufrir la violencia política nunca más.
Asociación/Elkartean «Jorge Adolfo Freytter Romero». Estudios sobre violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas.Latinoamerika-ko indarkeria Politikoa eta bere espezializazioa: Kolonbiako Unibertsitatea Publikoak.