Con una aprobación casi unánime -sólo dos abstenciones-, senadores de la Concertación, independientes y de la derecha aprobaron el Consejo Directivo del Servicio Electoral, que presidirá durante los próximos ocho años el ex comandante en jefe del ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre Espinosa. En un año de elecciones -desde las primarias del 30 de […]
Con una aprobación casi unánime -sólo dos abstenciones-, senadores de la Concertación, independientes y de la derecha aprobaron el Consejo Directivo del Servicio Electoral, que presidirá durante los próximos ocho años el ex comandante en jefe del ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre Espinosa. En un año de elecciones -desde las primarias del 30 de junio hasta la presidencial y parlamentaria a fines de año- debutará la nueva institucionalidad electoral.
Cheyre no parece adecuado para dirigir el Consejo del Servio Electoral por una razón fundamental: no es confiable desde un punto de vista democrático y de respeto a los derechos humanos. Las tres cuartas partes de su carrera militar la hizo durante la comandancia en jefe de Augusto Pinochet. Que se sepa, Cheyre no tuvo actitudes discrepantes con sus superiores. Hay en su biografía episodios no aclarados que complican las cosas. Por ejemplo, su eventual participación (o por lo menos su silencio) frente a la ejecución de prisioneros en el regimiento Arica, de La Serena, víctimas de la Caravana de la Muerte. También hay dudas sobre su responsabilidad en actos de represión y torturas cuando fue intendente de la IV Región (ver PF Nº 515, marzo de 2000). Los estudios que realizó en la Sudáfrica del apartheid y con relaciones privilegiadas con Pinochet, no hacen más confiable su currículum.
Terminada la dictadura -y siguiendo Pinochet como comandante en jefe del ejército-, firmó el acta que declaraba al tirano «Benemérito» del ejército y comprometía a la institución en su defensa. En 1991, Cheyre declaró: «Cada una de las ofensas que se intenta hacer al general Pinochet es una ofensa al ejército».
Su promoción hacia la jefatura máxima del ejército se preparó por el propio Pinochet, quien veía que sus sucesores deberían ser el general Garín, vetado por la Concertación, o bien los más jóvenes Ricardo Izurieta y Juan Emilio Cheyre. Correspondió a éste último, con dos o tres oficiales de alto rango, dialogar en El Escorial, España, con Ricardo Lagos, Jaime Gazmuri, José A. Viera-Gallo y Alvaro Briones, embajador en Madrid. Se trataba de «perfeccionar» la transición pactada y proteger al ejército. Se barajaba la posibilidad de una amnistía general. El propio Gabriel Valdés, presidente del Senado, había declarado que la transición «era un problema político que va a terminar el día que tengamos una situación que nos permita dictar una ley de amnistía general».
Las cosas resultaron de otra manera. Hubo tensiones graves con Pinochet. En 1998, una vez que entregó el mando del ejército y asumó como senador vitalicio, fue detenido en Londres. Aparecieron los escándalos de coimas y cuentas secretas en bancos extranjeros. Por otra parte, la mesa de diálogo impulsada por el general Ricardo Izurieta terminó cuando resultaron falsas casi todas las informaciones del ejército sobre el paradero de los cuerpos de los detenidos desaparecidos.
Como comandante en jefe, Cheyre trató de avanzar en la relegitimización castrense. Con motivo de los treinta años del golpe militar, formuló un «nunca más» en que hubo autocrítica y también una embestida contra los partidos que habían llevado al país a la crisis, y que después habían respaldado a los militares para abandonarlos una vez utilizados. El ejército, como institución, también rindió los honores debidos al general Carlos Prats, su comandante en jefe asesinado por la dictadura.
Hubo sin embargo otra situación inaceptable. Como comandante en jefe, Cheyre no entregó ninguna información acerca de las atrocidades cometidas por su institución. Su ocultamiento es ofensivo para la sociedad civil y una burla al Estado democrático. Resulta inverosímil, por ejemplo, que el servicio de inteligencia militar haya ignorado la existencia de la cárcel secreta en calle Simón Bolívar, donde fueron salvajemente torturados y asesinados decenas de presos políticos. El silencio de Cheyre lo condena, así como a los otros comandantes en jefe incluyendo el actual, el general Juan Miguel Fuente-Alba.
Esta designación de Cheyre en un cargo de alta responsabilidad democrática no es sino la prolongación de acuerdos que se fraguaron en la sombra y que comprometen tanto a la Concertación como a la derecha. No hubo depuración de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros, no hubo castigo para múltiples agentes del Estado que cometieron crímenes abominables. Los pocos que han sido condenados están en cárceles especiales y reciben tratamiento de altos oficiales. Ni siquiera asesinos notorios como Arellano Stark, Contreras o Krassnoff han sido expulsados con deshonor de las filas del ejército.
La presencia de Cheyre en el Consejo Directivo del Servicio Electoral es otro paso atrás del Estado democrático. Si efectivamente el general Cheyre se siente hoy comprometido con la democracia que ayer no defendió, debiera renunciar a su nuevo cargo. Evitaría así las críticas y suspicacias que van a afectar la confiabilidad del sistema electoral.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 776, 8 de marzo, 2013