Los problemas financieros del sector de las telecomunicaciones de las Empresas Municipales de Cali – Emcali se han convertido en el caballito de batalla del Alcalde Armitage y del Gerente de dicha empresa para ambientar su privatización y entrega a los pulpos globales (Claro, Movistar, etc) este jugosos negocio en perjuicio de los intereses y […]
Los problemas financieros del sector de las telecomunicaciones de las Empresas Municipales de Cali – Emcali se han convertido en el caballito de batalla del Alcalde Armitage y del Gerente de dicha empresa para ambientar su privatización y entrega a los pulpos globales (Claro, Movistar, etc) este jugosos negocio en perjuicio de los intereses y derechos de la ciudadanía caleña, especialmente de sus sectores más débiles y vulnerables.
No obstante el asunto es más complejo y debe considerar otros elementos que los anteriores funcionarios evaden olímpicamente. Me refiero al clientelismo que se promueve desde el despacho del Alcalde y el Gerente; a los problemas heredados desde el contrato de Termoemcali; y a los procedimientos mediante los cuales se adjudican directamente multimillonarios contratos para favorecer turbios negocios y amigos privilegiados.
En efecto, los dirigentes sindicales de Emcali han denunciado ampliamente los acuerdos del Alcalde y el Gerente de Emcali con los Concejales para contratar recomendados políticos de los Concejales y garantizar de esa manera su continuidad en la Corporación edilicia y sus feudos podridos en la administración y Emcali, base de sus patrimonios electorales.
Lo de Termoemcali es siniestro. Allí una tradicional y poderosa familia de Cali, los Lloreda, monto un descomunal fraude al interés común de los caleños por una suma cercana a los 3 billones de pesos de hoy que aun se paga de manera onerosa vía tarifas y mayores costos para los usuarios.
En 1993, durante su Alcaldía, el médico Rodrigo Guerrero hizo parte de la conformación de Termoemcali, a través de Emcali y su Gerente Álvaro José Cobo, con la participación de la firma Norteamericana Makomacigowski
El 23 de marzo de 1995, el Ministro de Minas de Ernesto Samper, Jorge Eduardo Cook rechazo el acuerdo hecho donde se planeaba la producción de 2016 gigavatios de energía con una inversión de $172 millones de dólares, por no ser el resultado de una licitación pública. Cook argumento en su oposición para que Emcali hiciera parte del proyecto que esta no podía ser al tiempo distribuidor y generador de energía.
Aun así, Emcali firmó el contrato que comprometió a la entidad a comprar energía durante 20 años.
El proyecto supera el obstáculo con el cambio de Ministro, cargo al cual llega el caleño Rodrigo Villamizar González, quien permite el proyecto Termoemcali y le da el aval.
La formalización de ese contrato para comprar energía derivo en un verdadero descalabro financiero para Emcali pues esta tenía que desembolsar $4.5 millones de dólares mensuales ($48 millones de dólares anuales desde 1995) para contar con la capacidad disponible de generación de Termoemcali, así la planta estuviera quieta.
En Termoemcali la ciudad vio esfumar la cifra más alta de su historia. Más de $1000 millones de dólares, salieron de su tesorería en la época. La venta del 93% de las acciones materializó el gran detrimento patrimonial de Emcali, que hubiera podido ser mayor si no se enajena, proceso financiero causante de la quiebra histórica de Emcali.
Posteriormente vino su intervención por la Superintendencia de servicios; la expedición de un Conpes para su regreso a la Alcaldía; y ahora tenemos este embrollo que busca la salida de la privatización para un gran negociado de viejos cacaos de la oligarquía caleña.
Ahora Armitage y su Gerente insisten en culpar al movimiento sindical de ser los artífices de los males de Emcali, pero eso es una cortina de humo para encubrir nuevos negociados como el que se denuncia por los valientes sindicalistas sometidos al asedio por fuerzas oscuras de la Mano negra caleña.
La cosa es así.
Con la formalización del contrato con Inmel Ingeniería SAS, directivos del Sindicato unión sindical Emcali- USE, encabezados por el abogado, Harold Viafara, hicieron denuncia penal en contra del gerente general de Emcali y los firmantes del convenio comercial, por supuestamente no cumplir los requisitos legales, por prevaricato por acción, por falsedad ideológica en documento público y por violación de la libertad de trabajo.
El ingeniero Gustavo Jaramillo Velásquez (actual Gerente) y la Ingeniera Ángela María Gutiérrez Giraldo, por parte de Emcali firmaron junto al señor Luis Guillermo Vélez Uribe representante legal de la empresa Inmel Ingeniería S.A.S, el pacto comercial número 500 AC-07 81 del 2019, sin convocar la respectiva licitación o convocatoria pública. Todo lo hicieron mediante contratación directa o convenio comercial de menor cuantía.
La verdadera intención de los funcionarios fue eludir la normatividad legal en materia de contratación pública, pues se trata de un contrato de mayor cuantía, con la ejecución de los servicios que Emcali ha cumplido en los últimos años, en las tareas del componente de energía.
«Emcali e Inmel, firmaron un contrato para que el segundo ejecute unos servicios, a través de unos clientes y es precisamente lo que se le ha cedido al contratista: la entrega de unos activos. Se ha obviado la licitación bajo la figura de la contratación directa, en una simulación de acuerdo comercial, sin precisar el valor del contrato, indeterminado pero que los estudios de Emcali, deben determinar, incluyendo el valor de los mismos y por consiguiente es fácilmente identificable el valor de la contratación. En el evento en que no se hayan hecho los estudios previos, la contratación directa podría estar fallida» (Ver https://bit.ly/2XtVD2b).
Este contrato comercial con Inmel se ha hecho a cinco años más 1 día, con unas pólizas irrisorias de $25 y $20. Que novedoso carrusel de la contratación!
Lo más grave de todo esto es que a Inmel se le entrega un mercado de energía que ha construido Emcali por más de 60 años. Esa es la esencia del neoliberalismo.
Con este leonino contrato se abre otro gran debate público en Cali y la palabra la tienen la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las redes de Veeduría ciudadana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.