De manera silenciosa pero secuencial, sea por invocación de «motivos personales», o » para no comprometer a Codelco», el hecho es que en los últimos cuatro meses han presentado su renuncia tres de los altos ejecutivos de Codelco, que aparecían vinculados con negociaciones incompatibles o conflictos de interés, tal como lo denunció El Siglo en […]
De manera silenciosa pero secuencial, sea por invocación de «motivos personales», o » para no comprometer a Codelco», el hecho es que en los últimos cuatro meses han presentado su renuncia tres de los altos ejecutivos de Codelco, que aparecían vinculados con negociaciones incompatibles o conflictos de interés, tal como lo denunció El Siglo en sucesivas publicaciones del año 2008.
A ello se suma el cambio de auditor general, cargo que por definición supervisa el control de la gestión interna.
La conexión causal con el contexto general de los sucesos denunciados puede desprenderse del hecho de que ocurrió tan solo 24 meses después de haber sido designado en el cargo, y sólo ocho días después de que un reportaje de televisión reprodujera y ampliara las denuncias de El Siglo.
Hilo no tan delgado
En efecto, Luis Mualim Celume fue colocado en el cargo por el recién designado Presidente Ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, el 25 de julio de 2006.
Mediante un escueto comunicado, que no entrega detalles ni invoca motivos, la dirección de comunicaciones institucional informó del cambio de Mualim por Ignacio Muñoz Reyes, en la Auditoría General de Codelco, el 26 de agosto de 2008, una semana después de que el programa En la Mira de Chilevisión, emitiera el reportaje El Lado B de Codelco.
Con fecha 11 de noviembre de 2006, el ex ejecutivo de Codelco, Ricardo Castillo Yanes, que ha suministrado información sobre diversos casos de corrupción en Codelco, le envió un correo a Luis Mualim, en el que denunciaba un caso de sobresueldo por la vía de la asignación de zona a un ejecutivo que se desempeñaba en la casa Matriz de Santiago, y de diversos actos de persecución que por entonces le afectaban.
Mualim le envió la siguiente respuesta, el 29 de agosto de 2007:
«Estimado Ricardo:
Para tu información, te puedo decir que la auditoría se realizó, y sus resultados serán informados en los niveles correspondientes».
Como en el chiste de Gila, de la auditoría y de sus resultados, nunca más se supo. Y como en el chiste del sofá de Don Otto, el 7 de noviembre de 2007, Castillo recibió el sobre azul por «necesidades de la empresa».
Nueve meses después, era Mualim quién salía de la empresa.
Algún suspicaz podría invocar el inveterado principio del corte del hilo por lo más delgado. Salvo que en el caso de Mualim, no tan delgado. En el organigrama de Codelco, la Auditoría General ocupa el segundo escalón en la jerarquía ejecutiva, en el mismo nivel que la Secretaría General Ejecutiva.
En rigor, tampoco se puede descartar que la abrupta salida del auditor general haya obedecido a razones más pedestres, como por ejemplo, el volumen de su cuenta bancaria. El comunicado de Codelco omitió que Luis Mualem Celumen presentó su renuncia el 5 de julio de 2008, invocando «razones personales», y que días después asumiría el mismo cargo en Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, propietaria entre otros, del yacimiento Los Pelambres.
Vicepresidente ofendido
Por las razones que fueren, el súbito reemplazo de Mualim sería solo la primera de las salidas de ejecutivos vinculados con hechos mencionados en la edición 1394 de El Siglo, del 28 de marzo de 2008, bajo el título Corrupción de Alto Vuelo: Así se Apropian del Sueldo de Chile, sin que hasta la fecha ni uno solo de esos antecedentes haya podido ser desmentido.
El siguiente en la lista fue Daniel Barría Iroume, quién había asumido la Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos el 23 de junio de 2006.
El comunicado de Codelco, fechado el 10 de octubre de 2008, señala que Barría decidió presentar su renuncia «para no comprometer a Codelco ni a su entorno en los cuestionamientos injustificados que ha sufrido en los últimos meses». Es más, en carta a José Pablo Arellano, el mismo Barría arguye:
«Codelco y yo hemos sido sujetos de enconadas críticas por parte de personeros de ambos extremos del espectro político. Sin fundamento alguno, han formulado acusaciones de faltas a la normativa de Codelco, de negociaciones incompatibles, o lisa y llanamente, de corrupción».
El comunicado de Codelco añade:
«Estos ataques utilizan su participación en la propiedad de la empresa de ingeniería Ara Worley Parsons, calificada como «poco significativa» de acuerdo a la normativa de la Corporación. Al respecto, Codelco reitera que la relación de Barría con esta firma, donde trabajó durante más de 30 años, no viola ninguna de las normas de la ley de Sociedades Anónimas ni de sus reglamentos internos».
En el mismo comunicado, José Pablo Arellano adujo que distintos sectores insistieron en utilizar la relación de Daniel Barría con Ara Worley Parsons para cuestionar el proceder de personas e instituciones honorables y que «esto es inaceptable, porque buscan ensuciar sin medir las consecuencias».
En suma, los típicos argumentos que se encuadran en esa manera tan chilena de evadir responsabilidades y engañar a la opinión pública.
Por lo que toca a El Siglo, nos limitamos a demostrar
a) La participación accionaria de Daniel Barría en el consorcio de ingeniería Ara Worley Parsons;
b) que dicha vinculación contraviene expresas normativas internas de Codelco, como la Norma Corporativa Nº 18 que prohíbe expresamente a Codelco «celebrar actos o contratos en los que uno o más Directores; su Presidente Ejecutivo; los integrantes de los Comités de Gestión Divisionales; Vicepresidentes; Auditor Corporativo; Gerentes Generales Divisionales y personal que ejerce cargos de jefatura, incluidos sus cónyuges, hijos y otros parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, tengan interés por sí, directamente, ya sean representados por terceros o como representantes de otra persona; prohibición que también incluye a las sociedades en que dichas personas tengan una relación de propiedad o gestión, ya sea en forma directa o bien a través de la representación de otras personas naturales o jurídicas, como así también a las personas con las que participen en la propiedad o gestión de esas sociedades»; y
c) que mientras Daniel Barría desempeñaba la Vicepresidencia Corporativa de Servicios Compartidos, que entre otras misiones tiene a su cargo la relación con empresas contratistas y proveedoras, Codelco suscribió millonarios contratos de servicios con empresas relacionadas a Ara Worley Parsons, los que sólo en 2007 sumaron cinco millones 700 mil dólares.
Lo demás es verso.
A mayor abundamiento, el 22 de febrero pasado, el diario La Tercera publicó que en 2008, antes de la renuncia de Barría, Codelco le adjudicó dos contratos a Ara Worley Parsons, por un total de 16,2 millones de dólares, lo cual Barría afirmó ignorar, por cuanto «sólo veía contratos por más de 20 millones de dólares, y jamás de empresa relacionadas».
En todo caso, Barría no se alejó del todo de Codelco, pues según la misma publicación, Arellano lo mantuvo en el directorio de Micomo, empresa conformada por Codelco y NTT, dedicada al desarrollo de tecnología de punta para la minería.
El clan Trivelli
El siguiente en la lista de desaparecidos en acción fue Daniel Trivelli Oyarzún, quien el 15 de diciembre de 2008, presentó su renuncia, por los consabidos «motivos personales» a la Gerencia General de la División Andina, cargo que desempeñaba desde 2003.
En el consabido comunicado, El Presidente Ejecutivo agradeció «el significativo aporte de Daniel Trivelli a Codelco y a la División Andina». En este sentido, «destacó su liderazgo en temas como la formulación del plan de expansión de la División, conocido como Nueva Andina». Por esta razón, «lamentó su alejamiento, aunque comprendió las razones personales que lo justifican».
En la ceremonia en que le entregó el cargo a su sucesor, el ingeniero de minas Armando Olavarría Couchot, el renunciado Daniel Trivelli señaló que «Andina es el yacimiento más importante de todo Codelco por sus recursos; ha sido capaz de desarrollar un plan de negocio y desarrollo que en el 2004 era un sueño y hoy es una realidad con el PDA Fase I y con una Fase II que implica un cambio profundo. Las bases son realistas y concretas y tangibles. No veo ninguna razón para que el sueño de la Nueva Andina no ocurra».
En la edición 1394 de El Siglo, apareció que «Extend y Dynal pertenecen a Marcelo y Pablo Trivelli, respectivamente, que en conjunto representan transacciones por 711 mil 65 dólares con Codelco. Ambos son hermanos de Daniel Trivelli, Gerente General de la División Andina». Habría que agregar que también de Gonzalo Trivelli, Vicepresidente de Comercialización de Codelco a la fecha del «davilazo», en enero de 2004.
En la Ficha Estadística Codificada Uniforme, del 15 de enero de 2009, con resultados hasta el 30 de septiembre de 2008, aparece en la Nota Nº 6, sobre Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas, un contrato de servicios entre Codelco y Dynal por 23 mil dólares.
Gerente-empresario
El cuarto de estos ejecutivos que abandona Codelco por «motivos personales» es el ahora ex Gerente General de la División Salvador, Julio Cifuentes Vargas, quién presentó su renuncia el pasado 2 de marzo, para ser reemplazado por el ingeniero civil metalúrgico Jaime Rojas Espinoza.
Junto con agradecer el «significativo aporte de Julio Cifuentes a Codelco y a la División Salvador», José Pablo Arellano destacó su «liderazgo en el proceso de Reconversión Productiva de esa División, tras el anuncio, realizado el año 2005 por el Directorio de la Corporación, del término de las operaciones mineras actuales de óxido y sulfuros».
Sobre este ejecutivo y su relación con la empresa Geovitta, la edición 1394 de El Siglo señaló:
«Lo que mueve al asombro en este caso es la cuantía de los contratos involucrados. No se sabe con certeza si obedece a la influencia que pueda tener don Julio Cifuentes en el interior de la Corporación, o a inusitados niveles de excelencia del servicio de Geovitta, pero el hecho es que en el Sistema SAP de Codelco aparecen registrados, entre 1998 y 2007, contratos por la friolera de 129 mil 346 millones 120 mil 779 pesos, equivalentes a 258 millones 692 mil 242 dólares, por lejos el mayor proveedor individual de Codelco que se tenga registro. Desde 2002 adelante, cuando ha debido publicar transacciones con empresas relacionadas, Codelco reconoce 12 millones 826 mil 44 dólares en operaciones relacionadas con Geovitta, el año 2002».
En el programa En La Mira de Chilevisión, Cifuentes dijo que esas transacciones eran «total y absolutamente transparentes», por cuanto «hoy día no es pecado ser empresario». A mayor abundamiento, aseveró que «la empresa privada es la que levanta y mueve el país», y concluyó: «si yo no tenía ninguna relación ni me lo exigía la normativa tampoco, tengo la conciencia totalmente tranquila».
En el mismo programa, dirigentes sindicales de la División Salvador expusieron su sospecha que el término de operaciones mineras de óxidos y sulfuros, programado para 2011, implica una privatización encubierta. A modo de ejemplo, la dirigente Ana Lamas, del sindicato de la Isapre San Lorenzo; manifestó:
«La División va a seguir siendo explotada, pero no por cuenta de Codelco estatal, sino por empresas privadas». Juan Ciccardini es un trabajador del la División que integra un grupo que explora por su cuenta: «cuando la información no es completa, cuando la información no es transparente, tendemos a creer que aquí hay otras intenciones».