«La injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia». Bertolt Brecht Cada día en Colombia se encuentra un nuevo escándalo de corrupción por cuenta de los funcionarios públicos y privados. Los casos son tan repetitivos que en el imaginario popular se han enquistado estas prácticas y aunque muchos se quejan, las […]
«La injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia». Bertolt Brecht
Cada día en Colombia se encuentra un nuevo escándalo de corrupción por cuenta de los funcionarios públicos y privados. Los casos son tan repetitivos que en el imaginario popular se han enquistado estas prácticas y aunque muchos se quejan, las cosas siguen igual. La corrupción se suele asociar con desfalcos de dineros, pero también tiene que ver con la utilización del cargo para beneficio personal a costa del interés común.
Estas prácticas encuentran en la falta de justicia su amparo. La impunidad es algo que ha reinado en estos casos. Tal es la cuestión de Reficar con un monto aproximado de 1,5 billones de pesos, Interbolsa con $340 mil millones, el desfalco a los Juegos Nacionales de $140 mil millones, Agro Ingreso Seguro por $280 mil millones y así sigue la lista de muchos más. Por ejemplo la pasada semana se dejó en libertad al cerebro del desfalco de Interbolsa, Víctor Maldonado, por vencimiento de términos.
Otra cuestión similar es la de Enrique Peñalosa que a través de engaños y falsedades logró ser alcalde dos veces de la capital del país. En este tema, aunque se denunció la falsedad en sus títulos, la justicia no ha avanzado.
Ahora nos encontramos con el caso de Odebrecht que salpicó a funcionarios del gobierno de Uribe que tal vez ha sido el más corrupto de las últimas décadas. Como dice Cecilia López, «en todos los gobiernos ha habido escándalos de corrupción, pero lo que está sucediendo con el equipo del expresidente Uribe se distingue por el número de funcionarios asociados con malas conductas».
Es que no hay derecho que cada vez que se inculpe a un empleado de la administración presidencial pasada se diga que es persecución política o que fue sin el consentimiento del presidente. De esta forma siempre él estará fuera de culpa. Entre los funcionarios condenados de los toldos uribistas están Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Mauricio Santoyo, Luis Carlos Restrepo, Luis Alfonso Hoyos y ahora Gabriel García Morales quien promete salpicar a unos cuantos más.
Por tales razones no son persecuciones políticas, ni mucho menos venganzas personales. Lo que pasa en Colombia es que no hay ética a la hora de manejar el erario. Asimismo, en algunos de los grandes medios salen analistas, pagos ciertas veces, que se dedican a justificar las malas actuaciones de políticos y funcionarios que han robado al pueblo colombiano o han hecho de sus cargos nichos de poder para impulsar sus aspiraciones personales, hechos claros de corrupción.
Ahora que se acercan nuevas elecciones ojalá los colombianos recuerden quiénes los han robado y defraudado, para de esta forma cortar con esa élite que ha impuesto la corrupción como pan diario.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20835