Una de las principales causas de la actual movilización estudiantil universitaria colombiana es la gigantesca crisis presupuestal que carcome a las 61 Instituciones de Educación Superior, las cuales se encuentran en la ruina como consecuencia del sistema de transferencias desde el gobierno central a las IES determinado en la Ley 30 de 1992. Los estudiantes, […]
Una de las principales causas de la actual movilización estudiantil universitaria colombiana es la gigantesca crisis presupuestal que carcome a las 61 Instituciones de Educación Superior, las cuales se encuentran en la ruina como consecuencia del sistema de transferencias desde el gobierno central a las IES determinado en la Ley 30 de 1992.
Los estudiantes, los profesores y los rectores han actuado mancomunadamente para exigir del gobierno la corrección de un déficit acumulado a lo largo de casi 20 años que alcanza a la fecha la cifra de los 18 billones de pesos (5 mil millones de dólares aproximadamente).
Desde luego, la protesta no se reduce a este tema económico y fiscal, pues las organizaciones estudiantiles y profesorales han planteado otras demandas relacionadas con matrículas, créditos educativos, sistemas de acreditación de alta calidad de los programas académicos, democratización y transparencia al interior de los establecimientos de enseñanza superior. Se trata de un debate de fondo que apunta al modelo neoliberal imperante en la universidad empresa promovida desde el conjunto del modelo de desarrollo que se sustenta en el mercado y en la oferta y demanda.
Los rectores y directivos universitarios, en su gran mayoría, han enfocado su intervención en el tema financiero y recientemente precipitaron un acuerdo con el Presidente Duque alrededor de algunos anuncios sobre adiciones y apropiaciones que por el momento solo están en el papel mientras la crisis se profundiza.
Aun así, hay una justificada preocupación en amplios e influyentes sectores de la sociedad sobre el manejo administrativo de los dineros asignados a las universidades porque se presentan graves problemas de corrupción y clientelismo en los claustros universitarios oficiales, para no mencionar lo que ocurre en el sector privado de la educación donde pulula el nepotismo, el despotismo y la feria de contratos y gastos estrambóticos protagonizados por los reyezuelos de opereta que regentan las universidades de ese campo. Para el efecto se puede consultar el caso reciente de la Universidad Autónoma del Caribe o el de la Universidad San Martin en Bogotá.
En el sector público se podrían examinar muchos casos, pero ahora quiero referirme a la Universidad del Quindío convertida en una guarida del vargasllerismo representando en el Rector Echeverri Murillo. Este personaje ha sido empotrado en la dirección de dicha institución por una muy bien aceitada maquinaria político electoral asociada con el saqueo y despojo de los recursos públicos del departamento del Quindío.
Son muchas las cadenas de saqueo a la universidad protagonizadas por Echeverri y su patota.
Los estudiantes de allí han exigido que se elimine el cobro de la matrícula, pues la pobreza y carencias de sus familias impiden asumir dicho costo. Echeverri argumenta que eso no es posible porque los 10 mil millones que se recaudan por ese concepto son imprescindibles para atender necesidades académicas impostergables, cuando en realidad esos dineros son utilizados para pagar prebendas y canonjías otorgadas a discreción por Echeverri a sus amigos entre quienes se encuentran varios ex rectores como Héctor Polania Rivera (Progenitor del actual Vicerrector de Extensión Universitaria), a quien se le cancelan casi 7 millones de pesos mensuales por arriendo de un vehículo en mal estado, al igual que a otros ex directivos a los que se le avanzan casi treinta millones de pesos mensuales por arriendos de transporte completamente innecesarios.
Dichos dineros igualmente son utilizados para cubrir bonificaciones o primas millonarias de movilidad académica, sin ningún soporte legal, que se otorgan a algunos profesores para viajes al exterior (China, Japón, España, Canadá, Usa), integrantes de la rosca feliz de Echeverri. Hay mucha documentación en los archivos de la UQ que comprueban todos estos manejos irregulares.
De la misma manera esas onerosas matriculas estudiantiles son utilizadas para otorgar desmedidos privilegios y apalancar abusos del cura italiano Agostino, dueño de una Fundación que mal atiende el restaurante escolar de la Universidad. La queja por las irregularidades en esta materia es generalizada toda vez que se repite el escandaloso problema del Programa de Alimentación Escolar de los colegios de bachillerato.
Hay que resaltar la francachela consuetudinaria montada en El Solar, un restaurante del Norte de Armenia, al que le fluyen mensualmente millonarias sumas para cancelar las fiestas y rumbas pantagruélicas de las directivas de Echeverri Murillo.
Es mentira que la matrícula de sustento académico a la UQ, menos permite atender las justas demandas de los trabajadores que ven negados sus derechos salariales y administrativos, mismos que son bloqueados por otras entidades del orden nacional que se niegan a las demandas por estabilidad e implementación de la carrera administrativa. Y no es solo eso. De contera los trabajadores administrativos y sindicalistas deben soportar el asedio y la agresión del Jefe Jurídico, Néstor Jaime Zapata Gil, un truhan ligero con la pistola con varios procesos penales en la Fiscalía y en otros órganos de la jurisdicción ordinara. Se trata del mismo personaje que bloquea y desconoce los derechos de petición respecto de los procesos de contratación que en cuanto a las obras civiles son otorgados por encima de la Ley 80 y a dedo a la Constructora Calcamar (Ver https://bit.ly/2JAMkrN), gran favorecida con multimillonarios convenios de ladrillo y cemento donde se refunden gigantescas partidas presupuestales de la Universidad del Quindío.
Le asiste razón a quienes desde el ámbito de la sociedad civil piden transparencia y claridad en el manejo de los presupuestos y recursos fiscales entregados a las Instituciones de Educacion Superior públicas.
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