Una decisión adoptada el jueves por la Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto aspectos centrales de la ley considerada fundamental para el futuro de muchos jefes paramilitares que se han desmovilizado. Aunque la Corte Constitucional declaró legal la llamada Ley de Justicia y Paz, recortó beneficios a los paramilitares que abandonen las armas. Horas […]
Una decisión adoptada el jueves por la Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto aspectos centrales de la ley considerada fundamental para el futuro de muchos jefes paramilitares que se han desmovilizado.
Aunque la Corte Constitucional declaró legal la llamada Ley de Justicia y Paz, recortó beneficios a los paramilitares que abandonen las armas.
Horas después de la decisión, adoptada por 6 votos contra 3, voceros del gobierno, los paramilitares y la oposición coincidieron en que el fallo afectó normas sustanciales de la ley 975 de 2005.
La ley, cuya aprobación había generado gran controversia entre el Gobierno, los organismos de derechos humanos y la oposición, establece penas de hasta de ocho años para los paramilitares que se acojan a procesos de paz, se desmovilicen, confiesen crímenes, entreguen bienes y reparen a sus víctimas.
Aunque la Corte dejó en pie buena parte de los artículos, derogó el que consideraba como sedición -un delito típicamente político- las actividades de los paramilitares.
También derogó el artículo que contabilizaba como pena cumplida la permanencia en las llamadas zonas de ubicación -donde se han concentrado quienes participan en procesos de paz- y condiciona el artículo que permitía rebajar incluso las condenas vigentes en el momento de someterse a las autoridades, al cumplimiento, por parte de los condenados, de los términos de la ley de Justicia y Paz.
Además, la Corte ordenó que los beneficiados por las rebajas de pena que concede la ley entreguen todos sus bienes -y no solo los de procedencia ilícita- y confiesen todos sus crímenes.
Proceso de paz
Y esa decisión cambia radicalmente el panorama. La gran pregunta que muchos analistas se hacen ahora en Colombia es después del fallo es sostenible el proceso de paz iniciado por el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares a finales de 2002 y que hasta el momento ha significado la desmovilización de unos 30.000 hombres, que han entregado unas 16.000 armas.
De los 30.000 paramilitares desmovilizados, se cree que no más de 2.000 se han acogido a la ley de justicia y paz. Los demás han recibido indultos bajo otras normas vigentes.
Aunque buena parte de esos desmovilizados se han beneficiado de otras disposiciones legales y están en libertad, la ley 975 era fundamental para los jefes paramilitares, muchos de los cuales ya tenían condenas en su contra cuando fue expedida la norma y algunos de los cuales son reclamados en extradición por Estados Unidos, que los acusa de tráfico de drogas.
El jefe paramilitar Ernesto Báez, que ya había sido condenado por concierto para delinquir cuando se acogió a los beneficios de la nueva disposición, dijo que la decisión del máximo tribunal constitucional le quitó «la esencia» a la ley, conocida como de justicia y paz.
Báez acusó a la Corte de «colegislar».
«La Corte Constitucional le propinó un golpe mortal al proceso de paz entre el gobierno y las autodefensas, porque modificó los puntos que le daban garantías a la desmovilización de los combatientes», dijo Báez, en declaraciones a emisoras radiales colombianas.
El presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, explicó que el Congreso puede establecer beneficios penales en una ley que busca la paz, pero «siempre que no desproteja los derechos de las víctimas ni viole la Constitución».
«Oxígeno»
En eso coincidió el columnista de oposición Ramiro Bejarano, aunque fue más allá en su diálogo con la BBC:
«Mi impresión es que el proceso con los paramilitares ha quedado herido de muerte, porque si antes la ley era muy benéfica y permitía la impunidad, ahora a los ‘paras’ no les resulta muy atractivo el sometimiento a la justicia».
El ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, se declaró profundamente preocupado por las consecuencias del fallo y dijo que buscarán mecanismos para evitar que el proceso de paz con los paramilitares retroceda.
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, la organización que encabezó el grupo de 100 entidades y personas autoras de la demanda fallada por la Corte, dijo que el fallo «le quitó el cáncer a la ley».
«La Corte acogió muchos de nuestros argumentos», agregó.
Llama la atención que del fallo se hayan apartado dos de los magistrados del ala más progresista de la Corte, Alfredo Beltrán y Alfredo Araújo, quienes estaban a favor de derogar en su totalidad la ley de justicia y paz.
Analistas consultados por BBC en Bogotá dijeron que el gran desafío del gobierno en estos momentos es «darle oxígeno al proceso» con los paramilitares. Y la gran pregunta es cómo.
Es muy probable que el gobierno presente un nuevo proyecto de ley al Congreso mediante el cual se vuelvan a incluir dentro de la sedición algunos delitos cometidos por paramilitares.
De todas formas, las elecciones presidenciales del domingo 28 de mayo serán fundamentales para saber qué acciones podrá tomar el gobierno de Álvaro Uribe, si este es reelegido, como lo indican todos los pronósticos.