El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a responder por la muerte en 1997 de 19 campesinos cerca a la población de Ituango, en el departamento de Antioquia a manos de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según informa el diario colombiano El Tiempo, el tribunal consideró unánimemente […]
El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a responder por la muerte en 1997 de 19 campesinos cerca a la población de Ituango, en el departamento de Antioquia a manos de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según informa el diario colombiano El Tiempo, el tribunal consideró unánimemente que el Estado es responsable de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los campesinos, por no haber tomado las medidas necesarias para protegerlos.
Las 19 personas murieron en dos ataques perpetrados en 1997 por paramilitares en las cercanías de Ituango, en el noroccidente del país.
El primero de los ataques ocurrió el 11 de junio de 1997 en el sitio conocido como La Granja, donde fueron ultimados cuatro campesinos.
La segunda masacre tuvo lugar el 25 de octubre de ese año en la localidad de El Aro, muriendo 15 campesinos.
Indemnización
El Estado colombiano fue condenado a indemnizar a las familias de las víctimas en un monto cercano a US$1.5 millones.
También deberá ayudar a la reconstrucción de las viviendas de los damnificados por los ataques.
La región de Ituango fue escenario de choques violentos entre organizaciones paramilitares y grupos insurgentes de izquierda.
En 2004, el Estado colombiano fue condenado por este mismo tribunal a pagar una indemnización de US$6.5 millones a los familiares de las víctimas de otra masacre de 19 comerciantes, ocurrida en Puerto Boyacá, en la región central del país, en octubre de 1987 y atribuida también a paramilitares.