El gobierno de Michelle Bachelet enfrenta su primera disyuntiva clave en política exterior: arriesgar el enojo de Washington restableciendo la prioridad de una reforma constitucional que ratifica el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional (CPI) o aguardar con paciencia a que Washington eventualmente derogue una ley de represalias contra los países que se […]
El gobierno de Michelle Bachelet enfrenta su primera disyuntiva clave en política exterior: arriesgar el enojo de Washington restableciendo la prioridad de una reforma constitucional que ratifica el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional (CPI) o aguardar con paciencia a que Washington eventualmente derogue una ley de represalias contra los países que se atrevan a desafiar las amenazas de la administración Bush.
Las represalias de EEUU contra los países signatarios de la CPI figuran en la ley American Servicemembers Protection Act (Aspa), que -además- garantiza inmunidad a sus tropas y faculta al Presidente a usar ‘todos los medios’ para liberar a los estadounidenses arrestados por orden de ese tribunal. La Aspa elimina la ayuda militar a las naciones que ratifiquen la CPI: sólo perdona a los países «aliados extra OTAN», como Argentina. Pero tal calidad de aliado fue desechada en Chile.
Los «aliados extra OTAN» no pierden la ayuda militar, aunque ratifiquen el Estatuto de Roma/CPI. EEUU retiró la ayuda a 11 países latinoamericanos que ratificaron el tratado y hoy, hasta los militares chilenos ejercen abierta presión contra la CPI: el jefe de la marina, vicealmirante Rodolfo Codina Díaz, dijo que la aprobación de la Corte es un tema ‘sensible’ para la Armada. También está preocupada la aviación, dotada de una flota de F 16. Washington bloquea la venta de repuestos, como ocurrió con Venezuela, y puede impedir que sistemas de segunda mano sean transferidos a otros países, mientras la CIA vigila el traspaso de tecnología estadounidense de armamentos a terceros países.
La esperanza de La Moneda es ganar tiempo, aguardando a que EEUU suspenda el castigo y la Casa Blanca justifique esa revisión ante el Congreso como una cuestión de interés nacional. Otra posibilidad menos viable, por demasiado impresentable, sería la firma de un acuerdo bilateral Chile-EEUU que otorgue inmunidad penal a los crímenes de estadounidenses.
La Moneda apuesta a que el Congreso de EEUU levante algunos artículos de la ley Aspa. El Pentágono, que en política exterior exhibe tanta fuerza como el departamento de Estado, presiona por reanudar la ayuda militar a los países sancionados, para recomponer sus lazos con las fuerzas armadas de las 11 naciones latinoamericanas que cayeron en el castigo, una postura apoyada por varios congresistas, senadores e incluso funcionarios de la Casa Blanca. Todo esto refleja el fracaso de la política exterior estadounidense en la región. Foxley dijo que ‘nosotros vamos a esperar en un plazo prudente que se decante esa discusión’.
La paradoja es que la CPI fue impulsada por EEUU, bajo la administración Clinton, desde luego pensando en crímenes de guerra distintos a los que comete la administración Bush. En la mente estadounidense estaban los delitos que atribuyeron a Slobodan Milosevic, el ex gobernante de Serbia recientemente fallecido. Pero hoy, esta iniciativa adversada por EEUU, ha sido ratificada prácticamente por todos los países latinoamericanos que firmaron el Estatuto de Roma a partir de 1998, incluso naciones de menor «influencia» que Chile, cuyo modelo económico neoconservador se celebra como un ejemplo a imitarse orbe et urbi . La ratificación final del Estatuto de Roma por parte de Chile requiere una reforma constitucional.
Historia de un boycot
Un grupo de senadores, de todos los signos partidarios representados en el Congreso, repuso en estos días el debate sobre la ratificación de Chile. Cuando el ex presidente Ricardo Lagos «congeló» en enero la reforma constitucional, a dos meses de terminar su mandato, sólo faltaba la votación en el pleno de la sala del Senado. El temor a represalias paralizó la reforma constitucional mediante el retiro de la «urgencia» al proyecto de ley, un mecanismo que paraliza los procesos legislativos cuando la iniciativa emana del Ejecutivo.
Chile es hoy el único país latinoamericano más o menos importante que todavía no reconoce a la CPI. Colombia adhirió en 2002, aunque con una excepción que excluye por 7 años de la jurisdicción de la CPI a los crímenes de guerra que se cometan en ese país. Y México, que al comienzo se mostró reacio, terminó ratificando el tratado en octubre de 2005. Chile se encuentra en la misma indefinición que …Bahamas, Haití y Jamaica.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, que preside el radical José Antonio Gómez, invitó al ministro de Relaciones Exteriores, el demócrata cristiano Alejandro Foxley, a clarificar la postura del actual gobierno sobre la reforma constitucional, argumentando que su aprobación fue abortada cuando se hallaba aprobada por la Cámara de Diputados y por la Comisión del Senado, faltando sólo su discusión en la sala de la Cámara Alta. La defunción de la reforma se produjo cuando todos los sectores políticos estaban dispuestos a aprobarla.
Los senadores de diverso signo partidario que integran la Comisión querían conocer de boca de Foxley las razones que tuvo el Ejecutivo para detener la tramitación de la reforma. El secretario de Estado tardó tres semanas en atender el pedido de los legisladores, en parte porque antes viajó a EEUU, a consultar a Condoleezza Rice. Foxley, quizás el miembro del gabinete Bachelet más proclive a Washington, el año 2005 promovió como senador una ley de punto final en beneficio de los militares procesados por crímenes de lesa humanidad.
Los legisladores solicitaron la reunión con Foxley el 17 de abril, pero se verificó el 3 de mayo, después que el canciller hiciera consultas personales con Condoleezza Rice, el 21 de abril. La Secretaria de Estado sugirió dos opciones para eludir las sanciones: que Chile se declare «aliado extra OTAN» o que aguarde a que Washington probablemente derogue la Aspa, porque las represalias de la ley tienen algunos detractores en EEUU.
El cónclave en el Senado estableció lo que ya se sabía desde el año pasado: No hay obstáculos políticos para que Chile apruebe la reforma constitucional y haga suyo el Estatuto de Roma y la CPI. Todas las fuerzas políticas están de acuerdo desde antes que se paralizara la ley, el 9 de enero. La noticia, para variar, fue ocultada, minimizada o tergiversada por la gran prensa y la TV local, que apenas llegó a presentarla como un esfuerzo del gobierno por reponer el tema, cuando la verdad es que el esfuerzo por reponer el debate fue obra de la comisión del Senado. Aunque parezca extraño, los senadores de derecha también desean aprobar pronto la CPI.
Y aunque todavía nadie ha dicho si el gobierno Bachelet va a reponer la calificación de urgencia legislativa retirada por Lagos, El Mercurio ya emprendió una campaña de miedo «disuasivo», con titulares atemorizantes, como «Adhesión al Estatuto de Roma: Chile arriesga sanción [de EEUU] por CPI», «Estatuto de Roma: EEUU sancionará a Chile si adhiere a CPI», etcétera. Se supone que El Mercurio probablemente tenga información privilegiada, en línea directa con la Embajada de EEUU.
Indefinición gubernamental
El senador Gómez dijo que no existen razones para no votar la reforma constitucional, estimando que su tramitación total tardaría entre seis y ocho meses, dependiendo de la rapidez que quiera imprimirle la administración Bachelet, puesto que una eventual reposición de la «urgencia» haría todo más rápido. En cambio, para El Mercurio «se espera que dentro de 10 días, el proyecto entre a la Sala del Senado para ser votado» y entonces se producirían las temidas sanciones de EEUU.
Chile deberá compatibilizar delitos penalizados por la CPI que no se encuentran tipificados en la legislación criolla, tales como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero esa tarea está prácticamente resuelta desde enero. «El acuerdo es avanzar en las modificaciones de los tipos penales y aprobar la reforma constitucional», dijo el senador Gómez. «Sabemos que ésta es una tarea de Estado y que esto significa atenernos a lo que el Gobierno determine, puesto que éste es el que lleva las relaciones internacionales», añadió el legislador.
La enmienda constitucional fue aprobada por la unanimidad de la Comisión (cinco votos contra cero) el 4 de octubre de 2005, luego de un acuerdo entre la oposición de derecha agrupada en la Alianza por Chile y la coalición gobernante Concertación de Partidos por la Democracia, pero nunca llegó a ser votada por la sala del Senado. Casi nadie protestó, porque cuando el Ejecutivo retiró calladamente la «urgencia», el país se hallaba absorto en la campaña de segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
«Este proyecto tuvo urgencia, se discutió y se votó en la comisión donde se logró un texto consensuado por todos, pero luego se retiró la urgencia. Y queríamos que el canciller nos explique», señaló Gómez. En tanto, Hernán Larraín, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), también miembro de la Comisión, recordó que el Senado consideraba sin inconvenientes esta reforma hasta que el Ejecutivo retiró la prioridad legislativa otorgada por la calificación de ‘urgencia’. «Esto se estancó, no por temas de política interna, sino por la forma cómo el gobierno ha recibido mensajes de EEUU respecto a lo que significa la aprobación de este tratado», dijo Larraín.
Tras reunirse con la Comisión, el canciller Foxley dijo que «tenemos un acuerdo político de todas las bancadas representadas en la Comisión de Constitución y el gobierno para llevar adelante esta reforma constitucional». Agregó que «he constatado que hay una muy buena disposición para llevar esto a votación en la sala del Senado y por lo tanto, vamos a hacer los chequeos con las distintas bancadas para asegurarnos de que pueda tener un despacho muy rápido, muy ágil y con un fuerte sentido unitario».
Las palabras del canciller suenan a seguir dándole largas al asunto, porque el acuerdo político de «las distintas bancadas» ya existe desde el año pasado. La apuesta de Foxley abriga la esperanza de dar tiempo a que algunos artículos de la ley Aspa sean dejados sin efecto por EEUU, mientras aquí se prolonga el debate legislativo. El propósito es no desafiar frontalmente al país del norte y -según el bien informado El Mercurio- «evitar ‘sanciones menores’, considerando que ‘Chile ha demostrado ser el aliado más confiable de esta parte del continente’, según expresan al interior del Ejecutivo», todo esto según fuentes que el diario no identifica, como es su costumbre.
Juego doble
Como dice el refrán popular, quienes gobiernan Chile quisieran «quedar bien con Dios y con el Diablo». La idea es salvar las apariencias ante la comunidad internacional que ya hizo suya la CPI pero sin agraviar a EEUU. «Ponen como ejemplo a Brasil, cuya sanción fue muy baja y no afectó a sus actividades castrenses, aunque no detallaron en qué consistió», aseguró El Mercurio.
«Por ello que la estrategia diseñada por el Gobierno, luego de la reunión que sostuviera el canciller Alejandro Foxley con la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, apunta hacia dos vías: una, avanzar en la reforma constitucional porque Rice le habría informado al ministro que la ley podría derogarse pronto ante las crecientes presiones internas. Y la otra, es que hay que dar una señal hacia el resto de la comunidad internacional de que Chile efectivamente apoya la Corte Penal Internacional, por lo que es necesario reabrir el debate legislativo en este tema», precisó el diario de Agustín Edwards.
Según la óptica mercurial, «Foxley recibió la comprensión y el respaldo de la oposición en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y tanto la UDI como RN anunciaron su disposición para votar favorablemente la norma». El Mercurio cocinó para sus lectores una visión totalmente contraria a la realidad expresada por los protagonistas de la derecha en la comisión senatorial. La paradoja mercurial indica que hoy la oposición de derecha estaría dispuesta a demorar la reforma constitucional mientras sus líderes aseguran exactamente lo contrario. El periódico de derecha actúa a veces como diario gubernamental, quizás por que es el medio más beneficiado en el reparto del gasto del Estado en publicidad.
El senador Larraín reclamó el 17 de abril «una explicación de por qué, luego de haberle puesto urgencia a la reforma, se para la tramitación, en circunstancias que la postura de EEUU en esta materia era conocida». Añadió que «el gobierno debió haber ponderado oportunamente esta situación y me sorprende que recién ahora estén preocupados de efectos que, a todas luces, se sabía que podían ser arrastrados de aprobarse este tratado. En eso ha habido improvisación de parte del gobierno». Y quizás tenga razón, porque bien pudo tratarse de un simple «gesto electoral», una iniciativa con elástico para atraer votos en la elección presidencial de diciembre.
El senador Alberto Espina, de Renovación Nacional (RN), portavoz de la derecha menos retrógrada y anterior presidente de la Comisión, lamentó también el retiro de la «urgencia» y advirtió que la medida se habría adoptado por presiones de la Casa Blanca sobre La Moneda. ‘El gobierno lo retiró porque, seguramente, recibió presiones de Estados Unidos. Es, simplemente, decirle al gobierno que si firma ese Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional, la Casa Blanca va a tener ciertas represalias contra Chile’, aseguró.
Espina cree que no existen motivos para seguir dilatando la tramitación, debido a que «en su momento, suscribimos un acuerdo político y estamos ciertos de que lograremos que se apruebe en el Senado para cumplir los compromisos que tiene Chile en materia de respeto a los Derechos Humanos». Añadió que, aunque EEUU esté debatiendo posibles modificaciones a la ley Aspa, «nosotros actuamos en forma autónoma e independiente y nuestra decisión política es avanzar y ratificar la Corte Penal Internacional».
Larraín reiteró el compromiso de la coalición derechista Alianza por Chile para avanzar en la tramitación de la reforma, siempre que persista el criterio de la Comisión de Constitución cuando aprobó la iniciativa. «Creemos que se puede avanzar si está sujeto a que se ratifique el criterio que tuvo la Comisión, que es una declaración interpretativa que asegura la vigencia de ciertos principios básicos, como la primacía de la jurisdicción penal nacional por sobre la de la Corte; la primacía de la cosa juzgada y el principio de retroactividad en materia de ley penal», dijo.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado está presidida por José Antonio Gómez Urrutia, del partido Radical, e integrada por Alberto Espina Otero, de RN; Hernán Larraín Fernández, de la UDI; Pedro Muñoz Aburto, del partido Socialista; y Soledad Alvear Valenzuela, presidenta del partido Demócrata Cristiano, cónyuge de Gutenberg Martínez, el jefe máximo de la Organización Demócrata Cristiana Americana (ODCA), y ex ministra de Relaciones Exteriores de Ricardo Lagos, asimismo, forjadora del TLC con EEUU.
¿Qué es la CPI?
El Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional fue aprobado con 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional, realizada en Roma en julio de 1998. La CPI será el primer tribunal permanente que establecerá responsabilidades penales individuales por violaciones graves contra los derechos humanos y el derecho internacional. Para Kofi Annan, Secretario General la ONU, fue ‘un gigantesco paso adelante en el camino a favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley’ (17 de julio de 1998).
La reforma constitucional que reconocería la jurisdicción de esa Corte por parte de Chile proviene de un proyecto de ley, o Mensaje del Ejecutivo, refundido con una moción del senador Jaime Naranjo (PS) y del ex senador José Antonio Viera Gallo (también PS) que sirvió de base para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia llegara a un texto consensuado entre los distintos sectores políticos. Todo esto ocurrió antes que Lagos retirara la «urgencia» y dejara la reforma en la estacada.
A grandes rasgos, la reforma establece que Chile reconoce la jurisdicción de la CPI tal como lo indica el tratado aprobado en Roma. Pero no admite casos que hayan sido juzgados o que estén siendo investigados por los órganos competentes del país, argumentando que ‘Chile reafirma la primacía de su jurisdicción penal en relación con los crímenes de competencia de la Corte’.
Según ese texto, «ninguna persona será entregada por Chile a la Corte Penal Internacional» mientras sus órganos competentes tengan oportunidad de investigar los presuntos delitos. Asimismo, establece que la jurisdicción del tribunal internacional podrá ejercerse únicamente respecto a crímenes de su competencia.
El tratado ha sido firmado por 139 estados, pero hasta hoy sólo cuenta con 100 ratificaciones. Chile figura entre los 39 países renuentes a ratificar, aunque aparece como uno de los primeros firmantes, al igual que EEUU, que suscribió el Estatuto el último día de 2000, al término del gobierno Clinton, pero nunca lo ratificó. Curiosamente, Afganistán no firmó inicialmente el tratado, pero ratificó su adhesión el 10 febrero de 2003, después de la invasión de EEUU. Israel firmó pero tampoco ratificó.
Chile firmó el Estatuto el 11 de septiembre de 1998, bajo la administración de Eduardo Frei. Ocho años después es uno de los pocos países miembros de la OEA que firmaron el tratado pero no lo ratificaron, encontrándose en la misma situación que Bahamas, Haití, Jamaica y…EEUU. Otras cuatro naciones hispanoamericanas se quedaron fuera del acuerdo, sin interesarse por la CPI: Cuba, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En total, el tratado fue ratificado por 14 de los 21 países iberoamericanos, incluyendo a Brasil, y 20 de los 34 estados miembros de la OEA.
Las naciones OEA que ratificaron el tratado son Antigua y Barbuda (en 2001), Argentina (en 2001), Barbados (2002), Belice (2000), Bolivia (2002), Brasil (2002), Canadá (2000), Colombia (2002), Costa Rica (2001), Ecuador (2002), Guyana (2004 ), Honduras (2002), México (2005), Panamá (2002), Paraguay (2001), Perú (2001), República Dominicana (2005), San Vicente y Las Granadinas (2002), Uruguay (2002) y Venezuela (2000).
La tercera sesión de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), celebrada en septiembre de 2004 en La Haya, Países Bajos, designó como presidente de la AEP por tres años al embajador Bruno Stagno Ugarte, de Costa Rica, quien comenzó su mandado en la cuarta sesión, en noviembre de 2005.
* Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.