El reciente rechazo en la Sala Penal de la Corte Suprema al exhorto del juez Gerard Caddeo, del Tribunal de la Gran Instancia de París, para indagar en Chile acerca del crimen ocurrido después del golpe militar del ciudadano chileno-francés Enrique Ropert Contreras, hijo de la secretaria del Presidente Salvador Allende, Miria Contreras, viene a […]
El reciente rechazo en la Sala Penal de la Corte Suprema al exhorto del juez Gerard Caddeo, del Tribunal de la Gran Instancia de París, para indagar en Chile acerca del crimen ocurrido después del golpe militar del ciudadano chileno-francés Enrique Ropert Contreras, hijo de la secretaria del Presidente Salvador Allende, Miria Contreras, viene a confirmar el excesivo celo con que la Corte Suprema ha defendido la soberanía de la justicia chilena en materias de derechos humanos. En el último tiempo, la Corte ha denegado reiteradamente peticiones de tribunales extranjeros y se ha mostrado reacia a aceptar plenamente el principio de colaboración internacional de la justicia en crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, como contrapartida la Corte Suprema ha recibido el beneplácito de países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay, que han accedido a sus solicitudes para que jueces chilenos realicen diligencias en el extranjero relativas a procesos que se instruyen en Chile o bien han enviado información.
Excepciones a esta actitud pueden mencionarse el exhorto acogido en 2001 al juez francés Roger Le Loire, para interrogar a un grupo de oficiales retirados y civiles en el proceso que se instruye en París por el desaparecimiento de cinco ciudadanos franco-chilenos, y la autorización para que la jueza argentina María Servini viajara a Chile a interrogar al ex jefe de la DINA Manuel Contreras y a otros ex agentes, antes de procesarlos en Buenos Aires, en junio de 2001 por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.
En poco menos de un año, la Sala Penal rechazó dos peticiones del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para indagar en Chile a militares inculpados y testigos en juicios que se instruyen en ese país por la muerte de ciudadanos belga-chilenos a manos de agentes de la dictadura.
Igualmente denegó dos exhortos del juez español Baltasar Garzón, quien solicitaba información del proceso que en Chile instruye el juez Sergio Muñoz por la fortuna oculta del ex dictador Augusto Pinochet, y pedía que se trabara embargo a sus bienes, ambas peticiones relacionadas con el proceso que Garzón instruye en España contra Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo.
Normalmente, el argumento de la Corte Suprema ha sido que en Chile ya se investigan los hechos respecto de los que tribunales extranjeros solicitan diligencias.
Pero la justicia internacional no ha tenido la misma actitud. Estados Unidos respondió al juez Guzmán, aunque con demora, el exhorto por el cual se pidió interrogar al ex secretario de Estado Henry Kissinger por los crímenes de Charles Horman y Frank Teruggi, y recientemente el Departamento de Estado accedió a que el ministro Alejandro Solís viaje a Washington a participar en interrogatorios a los ex agentes Michael Townley y Armando Fernández Larios, vitales para que finiquite su investigación del crimen del general Prats y su esposa. Solís viajará a EE.UU. el lunes 31 y los interrogatorios serán los días 3 y 4 de febrero.
La justicia de Francia accedió a que la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago realice diligencias en Orleáns para interrogar testigos en el proceso que instruye por un detenido desaparecido. En tanto, Alemania respondió varias veces positivamente a la Corte Suprema chilena acerca de informes sobre Colonia Dignidad.
CASOS DE RECIPROCIDAD ACEPTADA Y NEGADA
La Corte Suprema de Uruguay acogió la solicitud de su par en Chile, para que el ministro Alejandro Madrid viajara a Montevideo en marzo de 2003 a interrogar militares uruguayos por el crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. De paso, se trajo copia íntegra del expediente uruguayo.
Y la justicia y el gobierno argentino concedieron a la Corte Suprema chilena en 2003 la devolución a Santiago del general (R) Joaquín Ramírez Pineda, imputado por los desaparecidos de La Moneda, luego de permanecer un año detenido en Buenos Aires a requerimiento de la justicia francesa que busca capturarlo por el desaparecimiento del ciudadano franco-chileno George Klein. No obstante, la Corte Suprema no extraditó al ex Presidente argentino Carlos Menem cuando fue requerido.
Pero, tal vez, uno de los más ilustrativos ejemplos de esta falta de colaboración internacional fue cuando en octubre de 2000 la Corte Suprema negó la petición de Italia para extraditar a Roma al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al ex jefe del departamento exterior de esa organización, general (R) Raúl Iturriaga. Ambos habían sido condenados en ausencia en Roma, a 20 y 18 años de prisión, respectivamente, por el atentado cometido por agentes de la DINA y terroristas italianos el 6 de octubre de 1975 contra el líder DC Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno. Sin embargo, por este crimen no existía en Chile un proceso abierto y la corte tampoco ordenó de oficio abrir una investigación.
Hoy la Corte Suprema está pidiendo vía exhorto a Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Suiza, España, Panamá, Islas Bahamas y Gibraltar, que aporten información al juez Sergio Muñoz sobre cuentas bancarias de Pinochet, y para que Francia acceda a que la jueza Gloria Ana Chevesich interrogue al ex agente del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, que vive en ese país.
JURISTAS
Los abogados que litigan causas de derechos humanos, Alfonso Insunza, Nelson Caucoto y Hernán Quezada, coinciden en que la Corte Suprema no está actuando bajo el principio de la reciprocidad en la colaboración internacional, en especial en materia de crímenes contra la humanidad. Insunza sostiene que «la Corte Suprema demuestra que le cuesta aceptar el derecho internacional, a pesar de que los delitos de lesa humanidad son universales». Caucoto defiende «el derecho de los países extranjeros a investigar los crímenes que afectaron a quienes también eran sus ciudadanos» y agrega que «Chile no está mostrando reciprocidad y eso a la larga se paga caro». Hernán Quezada opina «si el argumento de la Corte Suprema es que en Chile se investigan los mismos hechos, ello no excluye que otros países también indaguen estos delitos. Lo que no puede ocurrir es que una persona sea condenada por el mismo hecho en dos tribunales».
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