La Corte Suprema y la impunidad

Hoy miércoles 7 de septiembre una vez más la Corte Suprema se verá enfrentada al dilema de cumplir con su deber constitucional o continuar por la senda de la impunidad. Este es el camino más transitado por la magistratura, con escasas excepciones. Deberá resolver ahora sobre el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet por la Operación Colombo, un montaje mediático orientado a encubrir las desapariciones de 119 miembros de la resistencia. El mayor ladrón y corrupto de la historia de Chile está encargado reo por 47 de estos crímenes, investigados por el ex ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

En julio pasado se conmemoraron 30 años de la publicación en la prensa chilena y del exterior, de las listas que daban cuenta de ese preludio de la Operación Cóndor. Los servicios de inteligencia de Argentina, Brasil, Paraguay, y otros, en coordinación con la DINA chilena, montaron una trama para hacer creer que los 119 desaparecidos habían muerto en el exterior en 1975, en luchas internas. No es la primera vez que Pinochet enfrenta la posibilidad de un juicio criminal, pero en las cinco oportunidades anteriores (Caso Caravana de la Muerte y Operación Condor, entre otros), la excusa de la locura fue asumida por los jueces para impedir la continuación del proceso criminal.

Recientemente los magistrados de la Corte Suprema recibieron una carta suscrita por 2.300 chilenos -del país y del exterior- en la que exigían el enjuiciamiento a Pinochet. Se basaban para ello en su actuación posterior al encarcelamiento de Marco Antonio Pinochet por acusaciones ligadas al proceso por corrupción y estafa de su padre. Pinochet hizo llegar al tribunal una declaración pública exculpando de responsabilidades a su familia, un hecho que a juicio de los firmantes demuestra nuevamente su capacidad para enfrentar un juicio y además constituye un verdadero desafío al más alto tribunal chileno. Luis Sepúlveda, Isabel Allende y Ariel Dorfman estaban entre los firmantes de la carta que circuló profusamente por Internet mientras el hijo del dictador estaba recluído en Capuchinos.

Contreras absuelto en primera instancia

Por otra parte, el pasado 2 de septiembre, la segunda sala de la Corte de Apelaciones dejó libre de todo cargo al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, en la causa por el secuestro y desaparición de la dirección máxima del Partido Comunista en mayo de 1976, conocida como «calle Conferencia» por el lugar donde tuvo lugar el secuestro de los miembros de Comité Central Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Uldarico Donaire y Jaime Donato, además de Elisa Escobar y Víctor Díaz. El ex jefe de la policía secreta, sin embargo, cumple condena en el penal Cordillera por el secuestro calificado de Miguel Angel Sandoval, pero está encargado reo por el secuestro de otros 40 desaparecidos. La investigación en que fue absuelto días atrás, se inició a partir de una querella presentada en enero de 1998 por Gladys Marín – la fallecida presidente del Partido Comunista, esposa de Jorge Muñoz- contra Augusto Pinochet Ugarte, quien ya fue sobreseído en 2003 en la misma por su supuesta demencia.

El fallo de esa instancia por el caso Conferencia, será apelado ante la Suprema por el abogado Eduardo Contreras, que representa al Partido Comunista en la causa, y sostiene que no procede el sobreseimiento por «cosa juzgada» porque en este caso Manuel Contreras nunca fue procesado ni investigado, y lo único que ocurrió es que la Fiscalía Militar inmediatamente amnistió el caso sin realizar diligencia alguna. Fallos anteriores de la Corte Suprema han sostenido que en esos casos no es aceptable aplicar la «cosa juzgada». Sin embargo en la Sala Penal que verá el caso se encuentra el recién nombrado ministro Rubén Ballesteros, quien tiene toda una trayectoria a favor de la amnistía.

Las últimas actuaciones del poder judicial, así como el indulto concedido por el Presidente Lagos a Carlos Contreras Donaire, autor material de uno de los más atroces crímenes de la dictadura, preocupan a las organizaciones de derechos humanos, particularmente al Colectivo 119 que asistirá en masa a los alegatos por el desafuero de Pinochet en la Corte.

No importa cuál sea el fallo, ellos continuarán su lucha. El miércoles se presentará una nueva querella por el caso de Violeta López Diaz, secuestrada el 29 de agosto de 1974, y también incluida por la DINA en la llamada Lista de los 119.

Muere la madre de Muriel Dockendorff

A 32 años del golpe de Estado, la justicia aún no llega para la inmensa mayoría de los familiares de los caídos en dictadura. En Londres, este 5 de septiembre, ha fallecido Ana María Navarrete, madre de Muriel Dockendorff -sobrina del Ministro Secretario General de la Presidencia Eduardo Dockendorff- también desaparecida en la Operación Colombo. Nuevamente una madre muere sin llegar a encontrar verdad ni justicia, habiendo dedicado su vida a luchar por ello. Sin embargo, el Senado chileno comienza a considerar un proyecto de indulto para los terroristas de Estado. Pero la mayoría de los criminales sólo están procesados, y los juicios están en muy distintas etapas de avance. Veinticuatro de los apenas 46 ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en juicios realizados durante los gobiernos de la Concertación, ya están libres: sus penas fueron muy bajas. Casi todas las condenas son para casos que causaron enorme conmoción pública, como los asesinatos del ex Canciller Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit en Washington; el caso de los profesionales comunistas degollados en 1985, o el brutal homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez, cuya sentencia definitiva sólo se conoció el 2004.

Hernán Larraín, el senador UDI patrocinador de la iniciativa legal de indulto, ha señalado que el perdón favorecerá a quienes ya han cumplido 10 años de su pena. En su momento, él dio su voto favorable para el indulto a los presos políticos de la Cárcel de Alta Seguridad., que llevaban más de diez años en prisión, habían padecido torturas y juicios sin debido proceso y siempre rechazaron ser moneda de cambio en las gestiones previas a su liberación. Amplios sectores han señalado que es inaceptable homologar ambas situaciones, destacando que existe una doctrina internacional de derechos humanos respecto de los crímenes de lesa humanidad, que el Estado chileno y sus instituciones están desconociendo.

Indulto para degolladores y triple asesino

Sólo los condenados a presidio perpetuo por crímenes atroces, como el de los degollados o el de Tucapel Jiménez, la mayoría de ellos oficiales del ejército y carabineros permanecen en prisión. Es decir, una de las cámaras del poder legislativo, se prepara en vísperas del aniversario del golpe de Estado, en nombre de la reconciliación, para liberar a los culpables de crímenes que horrorizaron a los chilenos y al mundo entero en los años de dictadura. Entre ellos está el ex coronel de Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado a prisión perpetua como autor de la muerte de Tucapel Jiménez. El ya cumplió diez años de presidio desde que fue encarcelado inicialmente por haber torturado hasta morir al transportista Mario Fernández. Además está condenado a perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría, para encubrir su responsabilidad en el homicidio del sindicalista de la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

Por el degollamiento de los tres profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (1985) cumplen prisión perpetua un coronel (González Betancourt), dos suboficiales y un civil, el Fanta (Miguel Estay, un colaborador). En el cuadro que sigue, puede verse en detalle la lista de criminales, las penas y los crímenes por los que cumplen condena.

Lista de reos condenados por 14 casos de violaciones a los ddhh (a agosto 2005)

12.- Por carpintero Juan Alegría, 1983 (sentencia en nov. 2000)

13.- Homicidio del estudiante universitario Daniel Menco (ocurrido en 2001).