El terrorismo de estado persigue, encarcela, tortura y asesina al sector organizado y movilizado de la población, lo que genera que hoy tengamos compañeros y compañeras que llevan años bajo prisión preventiva por crímenes que no cometieron, siendo víctimas de montajes y de la intransigencia por parte de la fiscalía, que se niega a admitir […]
El terrorismo de estado persigue, encarcela, tortura y asesina al sector organizado y movilizado de la población, lo que genera que hoy tengamos compañeros y compañeras que llevan años bajo prisión preventiva por crímenes que no cometieron, siendo víctimas de montajes y de la intransigencia por parte de la fiscalía, que se niega a admitir que sin pruebas concretas no pueden seguir privándolos de libertad.
Ilustración: Marcelle Bataille
Nos convertimos en actores sociales y organizados desde que participamos en nuestra primera toma, nuestra primera asamblea; desde que asumimos responsabilidades políticas o simplemente cuando frente a la indignación comenzamos a hacer cosas, a salir a la calle. Este proceso conlleva un sinfín de luchas, reuniones, espacios, manifestaciones, conocimientos, aprendizajes, etc. Pero también arrastra la amenaza de la represión y persecución que empieza desde aquel primer momento.
En Somos Izquierda Revolucionaria, nos constituimos como un espacio amplio de izquierda de acción e iniciativa universitaria, apostando por la organización estudiantil y su fortalecimiento. Esta organización nace a comienzos del 2012 en la Usach, siempre en el marco de la coyuntura estudiantil y universitaria, y con el paso del tiempo hemos logrado posicionarnos en la Universidad de Chile, la UMCE, la UTEM y la UDEC. Sin embargo, nos caracterizamos por trabajar en diferentes ámbitos enmarcados en la lucha popular, y dentro de ello nos tocó enfrentar una problemática en particular: la criminalización de la protesta y los montajes.
El 2 de julio del año 2015, cuando nos dedicábamos a desarrollar el trabajo que significa el estar a la cabeza de la Federación de Estudiantes de la Usach, nos enteramos de que un compañero de la universidad, de la carrera Tecnólogo en Diseño Industrial, Felipe Román, había sido detenido en el marco de la investigación por el ataque incendiario al cuartel de Brigadas de Homicidios de la PDI, ubicado en la intersección de las calles Condell y Obispo Salas, que ocurrió en noviembre del 2014. Junto con el de Felipe, conocimos el nombre de todos quienes sufrieron el allanamiento de sus casas y la brutalidad con la que fueron detenidos: María Paz Vera, Natalia Alvarado, Manuel Espinoza y Víctor Amaru Zúñiga; cinco estudiantes -de la Usach, UAHC y Arcis- acusados injustamente por un crimen que no cometieron y formalizados por «porte de artefacto incendiario» e «incendio en lugar habitado».
El pasado 2 de julio se cumplió un año desde que dichos compañeros están en prisión preventiva, y con el paso del tiempo se ha hecho evidente que este es uno de los tantos casos de montajes orientados a la criminalización de la protesta, en donde el estado usa todas sus herramientas: persecuciones ideológicas, montajes policiales (que terminan cayéndose solos), torturas, asesinatos y amedrentamientos. Durante este año, a falta de pruebas concretas para llevar a cabo el juicio oral, la única estrategia de la fiscalía ha sido aplazar la etapa de investigación, audiencia tras audiencia. Ya lo dijo Felipe en una declaración que escribió tras varios días privado de libertad: «Las únicas evidencias levantadas al momento de allanar mi casa no son más que mis gustos musicales e ideales libertarios. En la carpeta se redacta la incautación de ‘abundante literatura’ (principalmente política, novelas e historia) y ‘prendas de vestir que aluden al punk’, así como afiches, entradas a conciertos, además de parches y chapitas. Adicionalmente se encuentra un circuito eléctrico el cual es considerado como un detonador de bombas, siendo verdaderamente una herramienta de fabricación artesanal para cortar ‘plumavit’ y confeccionar maquetas para las cátedras universitarias. A esto también se le vinculan las supuestas esquirlas encontradas, objetos que tan solo guardaba al ser rodamientos de repuestos de moto y bicicleta».
Durante este proceso de investigación y encarcelamiento, hemos trabajado en conjunto con las familias de los compañeros y compañeras, creando coordinadoras, reuniones y actividades para financiar los peritajes. Así, al calor de estas actividades se fue develando la problemática de fondo: el terrorismo de estado que ocasiona el sin número de presos políticos, estudiantes, trabajadores, mapuches que son perseguidos, encarcelados y torturados solo con el fin de amedrentar y dañar la lucha. En dichas instancias participaban también familiares y cercanos de estudiantes que estaban presos de antes, como el caso de Germán y Cristóbal de la UTEM, quienes habían sido encarcelados por el mismo caso y torturados con bolsas de plástico en sus cabezas. Además, en conjunto con organizaciones de DDHH, hemos realizado visitas para constatar los casos de torturas dentro de la cárcel, enterándonos así de peleas, castigos y abusos por parte de gendarmería y de la ocultación de información, diciéndonos una vez, por ejemplo, que Fabián Durán (UTEM) había salido en libertad cuando en realidad lo trasladaron a la Cárcel de Alta Seguridad.
Es cierto que quienes más son perseguidos cumplen con un perfil específico, lo que responde a estereotipos y prejuicios sociales en donde se busca culpar principalmente a personas de ideologías anarquistas, vinculadas con la lucha mapuche y la recuperación de territorios o a la izquierda que pelea contra el gobierno y su falsa democracia.
Hoy vivimos bajo un sistema que impone leyes que buscan resguardar la seguridad y el orden público. No obstante, no podemos analizar las legislaciones antiterroristas desde un punto de vista ingenuo, cuando estas son las principales herramientas que buscan justificar violaciones de derechos humanos en el marco de los conflictos sociales, actuando a través de fuerzas policiales, e incluso a través de agentes infiltrados. En este contexto, es esperable que nos sintamos inseguros en nuestro diario vivir; no estamos ajenos a una sociedad en donde una persona puede ser seguida desde la universidad en donde estudia hasta su propia casa, o bien ser fotografiado, intimidado e incluso golpeado sin estar participando de nada que justifique ese nivel de hostigamiento y violencia. Todo esto nos obliga a vivir preocupados por nuestra integridad, estableciendo códigos de seguridad, guardando información, ocultando acciones y procurando que el resto haga lo mismo. Dado que la vida y la integridad física son derechos, entonces nos preguntamos: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuidarnos de quienes deberían cuidarnos a nosotros? Finalmente, al cuestionarnos este tipo de cosas entendemos que el terrorismo de estado extermina nuestra libertad. Sin embargo, es más sencillo hablar desde afuera -a pesar de que todos quienes nos organizamos podemos ser detenidos si las fuerzas policiales pueden cargar artefactos incendiarios en nuestras mochilas después de una marcha- mientras son ellos quienes están encarcelados sin poder comunicarse, lejos de sus familias, sin poder luchar.
No se queda atrás el rol que juegan los medios masivos de comunicación, la prensa burguesa, que también se encarga de criminalizar ciertas demandas sociales, desde reivindicaciones territoriales hasta demandas sectoriales que levanta la izquierda revolucionaria. Desde que los cinco estudiantes del caso PDI fueron formalizados, la noticia no ha salido en ningún medio de comunicación que no pertenezca a redes independientes. La difusión sobre estos casos la hacemos nosotros mismos, sus familias, sus compañeros. De hecho, es normal que se hagan visibles solo cuando son casos cercanos, porque incluso en el sector organizado y movilizado falta información y el tema de la criminalización y la persecución carece de prioridad.
Es por ello que desde la vereda estudiantil se debe recalcar y poner como uno de los objetivos principales la defensa y justicia hacia las y los que dan sus vidas por una nueva educación, por cambios sociales, por una nueva sociedad. Es necesario generar protocolos de autodefensa y política para cuando agredan a compañeras y compañeros, y hasta los culpen o carguen injustificadamente, pues son elementos primordiales para avanzar en un movimiento estudiantil y popular con poder efectivo, sin victimizarse, sino haciéndose fuerte en la lucha, protegiendo a cada uno de l@s nuestr@s.
Natalia Gutiérrez San Martín, Estudiante de la Universidad de Santiago de Chile y militante del Somos Izquierda Revolucionaria.
REFERENCIAS:
- Comunicado de Felipe Román Toledo, acusado del ataque incendiario contra la brigada de la PDI (2015), Publicación Refractario.
- Eugenio Raúl Zaffaroni, El antiterrorismo y los mecanismos de desplazamiento, Universidad de Buenos Aires