La crisis que enfrenta la institucionalidad del estado chileno, llámese en primer orden los poderes económicos-políticos y represivos, deja entrever el progresivo desplome junto a una evidente decadencia, cuya reacción a las rebeliones y/o estallido social por diversos tipos de justicias, dan cuenta también que se mantienen prácticas planificadas de acciones sistemática para violar derechos […]
La crisis que enfrenta la institucionalidad del estado chileno, llámese en primer orden los poderes económicos-políticos y represivos, deja entrever el progresivo desplome junto a una evidente decadencia, cuya reacción a las rebeliones y/o estallido social por diversos tipos de justicias, dan cuenta también que se mantienen prácticas planificadas de acciones sistemática para violar derechos humanos, incluyendo los más fundamentales como la integridad física-síquica y el derecho a la vida de personas en el marco de legales y legítimas manifestaciones – protestas.
Las violaciones a los derechos humanos son realidades que no tan solo se puedan circunscribir a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura económica-militar (11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990), porque existe una amplia cantidad de históricas masacres estatales-«republicanas» (1) y atropellos cometidos contra Pueblos Originarios, contra sectores sociales y diversidades oprimidas, incluyendo este último periodo que resaltaron altos casos de asesinatos, mutilaciones, desapariciones, detenciones abusivas y arbitrarias, torturas, vejámenes, abusos-violaciones sexuales, atentados contra la niñez, en suma, miles de casos que han sido registrados por instancias oficiales y de la sociedad civil especializada (2), que han puesto en alarma sobre la gravedad de los hechos y de la urgencia de revisión en diversas esferas.
Según reporte oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos -Indh- (3), del 18 de octubre al 6 de diciembre del 2019, existen registradas 3.449 personas heridas por fuerzas públicas en el marco de manifestaciones, cifras que según Cruz Roja en noviembre podrían ser el doble ya que numerosos casos no fueron atendidas en hospitales (4), incluyendo el reporte del INDH 254 casos de niños-niñas y adolescentes heridos. También señala que 352 personas tuvieron daño ocular a causa de disparos y que 1.983 fueron heridos por disparos de balas, balines, perdigones y otras no identificadas. También señala como número de detenidos/as visitados/as a 8.812 personas (6.257 hombres, 1,300 mujeres y 1.024 niños-niñas y adolescentes); y 1.383 casos de vulneraciones denunciadas sobre violencia sexual, torturas, otros tratos crueles y abuso de la fuerza. Finalmente, se estima en al menos 23 personas muertas en el marco del estallido social o crisis de derechos humanos, como también casos de personas desaparecidas que aún no se han aclarado.
Entre los casos de mutilaciones oculares, se encuentran la del joven Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos tras ser herido por balines de Carabineros en una manifestación, o el de Fabiola Campillay, una madre que recibió una bomba lacrimógena en la cara mientras esperaba el bus camino a su trabajo, quien también tuvo pérdida total de la visión.
El Estado, a través de todo el aparato de poder público, que incluye las medidas legales, las políticas públicas y las prácticas de sus agentes, es quien está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. «El Estado existe para garantizar los derechos humanos. Un Estado que no puede garantizar los derechos humanos es un Estado que no es democrático y un Estado no democrático no es legítimo (…) Entonces el Estado es el garante de estos derechos fundamentales que ya ha asumido en función de la Constitución y de los tratados internacionales que suscribe, y por lo tanto tiene la obligación de garantizarlos a plenitud«, obligación que también rige a las fuerzas públicas, señala Nancy Yáñez, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (5).
Las violaciones a los derechos humanos en Chile han estado y están relacionados directamente a las prácticas y abusos impulsados por grupos con intereses económicos y políticos, bajo un régimen inmoral, donde priman actos estructurales de corrupción, de mega saqueos de distinta índole, de violentas políticas conspirativas y represivas, sin capacidad alguna de replantearse ni autoregularse, por ello urge con mayor apremio que todos los actos jurídicos y comerciales suscritos e impulsados de manera bi o multilateral, a nombre de la «Nación», se hagan bajo sistemas de consultas participativas basados en el interés común, bienestar colectivo y el compromiso irrestricto a los Derechos Humanos, garantizando el cumplimiento de todos los tratados de derechos humanos, individuales y colectivos, como requisito básico en la capacidad de ejercicio representativo, fuera de las lógicas de competitividad dogmática e ideologizadas, ya que estos criterios son el piso mínimo que deben cumplir los regímenes democráticos.
En el presente, existen numerosos gobiernos cómplices de las violaciones a los derechos humanos en Chile al mantener acuerdos comerciales sin revisión y que privilegian a los mismos grupos que violentan estructuralmente, incluyendo sus descontroladas e inviables industrias extractivas de materia prima o de explotación de la naturaleza, como sucede en actividades mineras, forestales-papeleras, acuicolas-pesqueras, agroindustriales, de energía, de retail y apropiación de servicios básicos.
Las cifras que arroja el Estado de Chile en violaciones fundamentales, como también en abusos y discriminaciones en el sistema público de educación, salud, desarrollo, seguridad social, libertad de expresión, medio ambiente y una serie de incumplimientos sobre reparaciones por crímenes estatales y casos de derechos humanos, son alarmantes y buena parte de estas prácticas vigentes están amparadas en la Constitución Política.
La actual Constitución no tiene un origen democrático, no expresa el sentir, intereses y necesidades colectivas. Fue establecida en un momento histórico de manera coercitiva, sin un consenso político y que en diversos aspectos, excluye o limita derechos humanos, siendo la herramienta principal que ha sostenido el brutal modelo económico neoliberal, basado en el lucro y explotación desenfrenada, con una institucionalidad feudal inaceptable que posibilita a grupos económicos el acaparamiento de elementos tan vitales como el agua, al igual como se hace de manera abusiva y arbitraria con la previsión de millones de personas y la desprotección del derecho humano a la seguridad social, entre otros. El régimen imperante ha privatizado una serie de derechos humanos, lo que ha amparado y promovido numerosos actos de abusos, injusticias, desigualdades, exclusión, discriminación y atentados a amplios sectores de los pueblos – naciones que habitan Chile (6).
La Constitución NO reconoce la realidad sobre la diversidad de los Pueblos que habitan Chile. Es etnocentrista, homogenizante, unicentrista y colonial. La existencia de un estado no es igual a la existencia de una sola Nación. Se niega y excluye la existencia como sujetos de derechos colectivos a los Pueblos y Naciones originarias, cuyas existencias anteceden en miles de años a la formación del estado, señalándose además de manera falsa que la soberanía recae en «La Nación», ya que la misma carta magna transfiere soberanías y potestades a intereses corporativos privados y transnacionales a través de diversos candados legislativos y privilegios «subsidiarios» pro saqueos de arcas fiscales, bienes comunes y naturales, que atentan o coartan derechos humanos.
Es probable que varios de estos conflictos podrían haber sido resueltos de manera oportuna por el solo hecho de una voluntad política de buena fe para establecer mecanismos de justicia, sin embargo, el gobierno encabezado por el empresario Sebastián Piñera Echeñique, quien según última encuesta de Pulso Ciudadano (7), cae a nuevo mínimo histórico de 4,6% de aprobación, insiste en optar por evadir los temas de fondo, manteniendo una política represiva e intentando imponer en la cúspide de la agenda pública legislativa otras temáticas y escenarios relacionados a «seguridad y orden público», arrastrando a diversos sectores políticos en ello, sin siquiera dar cuenta de ningún tipo de garantía para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos , sin establecer tampoco formas de regulación, sanción condenatoria y reparación ante los desfalcos, los actos de corrupción, los saqueos empresariales, la brutalidad de agentes estatales y los diversos montajes realizados por grupos de poder político, económico y bélico, que siguen en la impunidad, bajo la responsabilidad de diversos agentes públicos estatales vinculados al gobierno y otros poderes del estado, entre ellos agentes de fuerzas policiales – militares (8).
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien impulsó de manera fáctica un estado de excepción en octubre del 2019, es responsable directo de violaciones a derechos humanos, quien enfrenta una querella en tramite por delitos de lesa humanidad en el sistema penal chileno (9). Además sus actuaciones debieran ser considerados como crímenes internacionales o de macro criminalidad y la acción penal – civil imprescriptible, que son los criterios que rigen en el Derecho Internacional, jerárquicamente superior a la normativa interna, con aplicación de la competencia extraterritorial o universal de los Estados (10).
El freno definitivo a las violaciones de los derechos humanos, la disolución total o parcial de Carabineros, principalmente de Fuerzas Especiales y el GOPE por sus sistemáticas violaciones, con actos jerárquicos de corrupción y montajes (Por ejemplo operaciones Huracán y Andes), la democratización de las fuerzas públicas, el establecimiento de una agenda inmediata de justicia social en materia de previsión, salud, educación, aguas, desarrollo, medio ambiente, trabajo, libertad de expresión, servicios básicos, entre otros, se relacionan directamente con las actuales demandas sociales, cuyas resoluciones dependen única y exclusivamente de la voluntad política de quienes gobiernan.
De la misma forma, la restructuración de la Constitución y de los mecanismos de poder en temas de abuso, injusticia, exclusión y discriminación estructural, son temas prioritarios que buscan el cumplimiento de principios, valores humanos y democráticos sobre justicia, equidad, igualdad, libertad, paz social, reparación y garantías de los derechos humanos consagrados en tratados, cuya transformación es reclamada por amplios sectores de la sociedad civil y movimientos sociales a través de una Asamblea Constituyente.
Notas:
(1) Históricas masacres estatales-«republicanas»
– Las masacres cometidas por el estado – ejército / https://www.mapuexpress.org/
– – El genocidio de indígenas en el sur austral de Chile que la historia oficial intentó ocultar / https://www.elmostrador.cl/
– «Entre 50 mil a 70 mil fueron los Mapuche asesinados directamente por el Estado chileno en la llamada Pacificación de la Araucanía»
https://cl.ivoox.com/es/
https://drive.google.com/file/
– Parte de las atrocidades de la dictadura militar (1973-1990), según estimaciones generales, son 40.280 personas entre asesinados, desaparecidos y torturados. Se desprenden unas 3.197 personas ejecutadas, que incluye casos de 171 Mapuche. También, más de 1.200 detenidos y desaparecidos, más de 28 mil torturados y al menos 200 mil personas exiliadas. /
http://www.laverdad.es/
https://www.mapuexpress.org/?
http://www.memoriaviva.com/
(2) Miles de casos de violaciones a los Derechos Humanos han sido registrados por instancias oficiales y de la sociedad civil especializada (Desde el 18 de octubre 2019):
– CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, expresa su grave preocupación por el elevado número de denuncias y rechaza toda forma de violencia (6 de diciembre) / http://www.oas.org/es/cidh/
– MISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVADORES DE DERECHOS HUMANOS (Noviembre 2019) / https://observatorio.cl/
– La violencia estatal y sus responsables en los informes sobre derechos humanos / https://ciperchile.cl/2019/12/
(3) Reporte INDH al 6 de diciembre de 2019
– Sobre casos de detenciones y vulneraciones varias /
https://www.indh.cl/bb/wp-
– Sobre personas heridas, con daños oculares y con disparos /
https://www.indh.cl/bb/wp-
(4) Cruz Roja sobre falta de insumos para atender heridos y número de heridos podría ser el doble.
– Cruz Roja alerta por falta de insumos ante miles de heridos en manifestaciones (23 de noviembre 2019) / https://www.publimetro.cl/cl/
– Presidente de la Cruz Roja establece que los heridos son el doble de las cifras oficiales (2 de noviembre 2019): «Nosotros atendemos a muchos jóvenes con herida de balín, con rebote de balín e incluso con incrustación de balín (…) al momento del traslado, muchos no quieren ir a los centros de urgencia por temor a quedar detenidos, por lo tanto hay una cifra falsa, hay una cifra oculta», aseguró el representante de la Cruz Roja chilena» / https://www.eldesconcierto.cl/
(5) ¿A quiénes protegen los derechos humanos?, ¿quiénes deben garantizarlos?, ¿cuál es el rol de las fuerzas policiales en esta materia?, son parte de las interrogantes que la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, y el coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, aclaran en el siguiente artículo.
(6) La Constitución Política neoliberal de Chile es ilegítima, antidemocrática y coarta Derechos Humanos /
(7) Encuesta Pulso Ciudadano: Piñera cae a nuevo mínimo histórico de 4,6% de aprobación – 2 de diciembre 2019 /
https://www.cnnchile.com/pais/
(8) Estallido del régimen político-económico neoliberal de Chile /
(9) Querella contra Piñera por crímenes de lesa humanidad /
(10) Justicia Internacional
https://www.fidh.org/es/temas/
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