Todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno español tras la muerte de Franco -UCD, PSOE y PP- han acallado y tratan de acallar las voces discrepantes utilizando como arma disuasoria y represora a la Constitución de 1978. Y lo han hecho esgrimiéndola como si de una obra maestra se tratara, de la […]
Todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno español tras la muerte de Franco -UCD, PSOE y PP- han acallado y tratan de acallar las voces discrepantes utilizando como arma disuasoria y represora a la Constitución de 1978. Y lo han hecho esgrimiéndola como si de una obra maestra se tratara, de la que, por «perfecta», ni una sola coma se debe cambiar. En realidad sí se ha cambiado alguna vez, un par de ellas concretamente -en 1992 para adecuar la estructura judicial española a la UE (art. 13.2), y en 2011 para fijar el techo de gasto (art. 135). Por supuesto que Juan Carlos de Borbón, el Jefe del Estado preparado e impuesto por Franco para dejar todo «atado y bien atado», sigue gozando de privilegiada protección en el seno de la citada Carta Magna.
La Constitución monárquica que tanto defienden los principales grupos políticos del Estado español es fruto de una «ruptura pactada» con el franquismo, y no de una «ruptura democrática» con éste, que es lo que se demandaba masivamente en la calle. Las estructuras del franquismo siguen intactas, de modo que la «Transición» que tanto nombran nunca ha existido. ¡Y aún tienen el cinismo de llamarla modélica! ¡Que no nos vengan con cuentos! Entre 1976 y 1980 la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha asesinaron impunemente a más de cien personas, y miles de detenidos fueron salvajemente torturados.
La población fue totalmente ninguneada, ya que la redacción del texto constitucional fue realizada a sus espaldas. Elaborado de forma casi clandestina, el primer conocimiento que tuvo la ciudadanía acerca del mismo fue a través de una filtración a la revista «Cuadernos para el diálogo», que publicó el borrador y montó una buena bulla [1].
La autoría de la Carta Magna se le atribuye a Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero por la UCD -franquista-; Gregorio Peces Barba por un PSOE de ideología decadente, que renunció al marxismo -el 8 de abril de 1978- y se dedicó -y se dedica- a ocupar la mejor «posición» posible a base de lo que haga falta para conseguirlo; Manuel Fraga Iribarne por AP -ministro de Información y Turismo con Franco entre 1962 y 1969, y ministro de la Gobernación en 1976; responsable de numerosos asesinatos durante la ostentación de este último cargo-; Miguel Roca por CIU -de derechas-; y Jordi Solé Tura por un PCE que para poder acceder a la legalidad -el 9 de abril de 1977- hubo de claudicar y pasar a enarbolar en sus mítines la bandera de Franco y de los Borbones, reconocer oficialmente la unidad de España, firmar la Ley de la Reforma Política -18 de noviembre de 1976- y los Pactos de la Moncloa -25 de octubre de 1977-, que supuso un notable retroceso en las conquistas obreras conseguidas con mucho esfuerzo y dolor durante tantos años de lucha. Y todas esas inaceptables concesiones fueron realizadas, según Santiago Carrillo -secretario general, por aquel entonces-, «por el peligro que se cierne sobre la democracia». Casi treinta años ha necesitado el PCE para por fin desvincularse oficialmente de la Constitución de 1978, argumentando el incumplimiento de todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos, ambientales, y el recorte de las libertades políticas.
Estos siete «viriles» individuos fueron, pues, los que oficialmente frustraron la demandada ruptura democrática con el franquismo, y de aquella negación nació la Constitución que tan orgullosamente exhiben hoy los paladines de la «democracia española». Estos «siete magníficos» son los padres de la «criatura» que, en los treinta y cinco años que ahora cumple, prácticamente nunca ha experimentado cambio de «peinado» ni de «vestido» porque, según pretenden hacernos creer, ya es lo suficientemente atractiva; y lo dicen a pesar de que su llegada al mundo fue de manera provisional.
La Constitución no es ajena, tampoco, al parlamento surgido tras las elecciones nada democráticas del 15 de junio de 1977.
Por otra parte, conviene recordar que el gobierno no permitió hacer campaña a los partidarios del no y de la abstención. La participación en el referéndum fue sólo del 66,96%, eso a nivel de todo el Estado, donde la mayoría votó «sí». En la Comunidad Autónoma Vasca sólo el 30% de los censados votó a favor, y el otro 70% se decantó por el no y la abstención, que superó el 55%.
Otro dato muy significativo es que, en 1978, la mayoría de edad estaba situada en los veintiún años, lo cual quiere decir que todos los que participaron en el referéndum ahora tienen más de 50 años; motivo más que suficiente para que el texto constitucional hubiese sido ya sometido a más de un posible cambio.
Es curioso como las mismas personas que esgrimen la Constitución para negar demandas irrenunciables de amplios sectores de la sociedad -el derecho a la autodeterminación, por ejemplo-, hacen caso omiso a exigencias elementales registradas en la Carta Magna, como son el derecho al trabajo y a la vivienda digna -artículos 35 y 47 respectivamente.
Cada 6 de diciembre, las «virtudes» de la Constitución española son resaltadas por los «demócratas de toda la vida» del Reino de España -tremenda paradoja: democracia y monarquía nunca podrán ir juntas cogidas de la mano-, pero lo cierto es que el grueso de la ninguneada población no tiene nada que celebrar en la citada fecha.
Nota:
1.- Como habitualmente los «demócratas» españoles exigen al gobierno cubano democracia para sus gobernados -y además lo hacen de la manera más grosera posible-, dejo este enlace para que lector del presente texto pueda conocer cómo nació la Constitución Socialista Cubana, y hacer la correspondiente comparación con el nacimiento de la española: Constitución Socialista de la República de Cuba / Una Constitución del pueblo y para el pueblo
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