La defensa de la revolución es la defensa de la democracia (y II)

(Ver aquí la primera parte de esta entrevista con el intelectual cubano Julio César Guanche)

El gobierno cubano suele acusar a la prensa independiente en la isla de ser “mercenaria del imperio”. Más allá de las visiones simplistas y caricaturescas, la existencia de los planes desestabilizadores de Cuba, con grandes financiamientos estadunidenses para la lucha por “la democracia” y “los derechos humanos”, es un hecho. También conocemos los graves problemas que plantea el capitalismo a la democracia y sus grandes capacidades mediáticas para la exportación de sus ideas. Con el proceso de la “perestroika” en la Unión Soviética fuimos víctimas de una gran manipulación que terminó instaurando el capitalismo más salvaje. Si se piensa en mejorar y democratizar el socialismo cubano, ¿cómo evadir esta trampa?

Esa discusión tiene varias aristas, aquí enuncio solo algunas.

La política oficial de los Estados Unidos maneja un concepto de democracia que naturaliza el capitalismo como su única posibilidad. Sin embargo, la democracia redistribuye poder, mientras el capitalismo lo concentra. Así vistos, son incompatibles.

La incompatibilidad entre democracia y capitalismo ha sido argumentada no solo por marxistas, sino por un amplio campo de enfoques feministas, antirracistas, ecologistas y decoloniales. Estos encuentran en el patriarcado, la jerarquización racial y la expulsión de costos de producción hacia el ambiente, dinámicas estructurales de reproducción del capitalismo, incompatibles con prácticas de reproducción de la vida humana en condiciones de igual libertad para todos. Para esa lógica, el opuesto del capitalismo no sería alguna clase de socialismo “colectivista”, sino la democracia.

Esto es un ejemplo: si las cadenas capitalistas globales de producción de bienes respetasen en todos sus eslabones los derechos políticos, sociales, laborales y ambientales ya reconocidos a nivel internacional, el resultado sería un crack económico de proporciones inimaginables.

Tal “ineficiencia”, generada por el acceso a derechos, encuentra un enemigo en la democracia concebida incluso en términos tan aceptados como “el derecho a tener derechos”. El historial de los gobiernos estadunidenses contra experiencias democráticas en el mundo, y en específico, en América latina (la Guatemala de Arbenz, la Nicaragua del primer sandinismo, o el Chile de Allende) muestran el tipo de democracia que defienden esas intervenciones.

Los fines de los fondos federales estadunidenses “prodemocracia” no mienten cuando dicen defender la democracia, pero defienden un concepto particular de ella. Si se entiende que la democracia es algo más que blindar el modo capitalista de producción, y de regimentar desde él la vida social, se entienden las críticas a los fines de esos fondos.

La aspiración de una república democrática es la autodeterminación de su comunidad de ciudadanos. Es incongruente plantear esa posibilidad como horizonte, a la vez que aceptar interferencias arbitrarias de otro Estado —para el caso cubano, concretamente los Estados Unidos— sobre la comunidad propia de ciudadanos.

Este argumento se extiende al bloqueo estadunidense, opuesto a la demanda cubana de independencia. En mi criterio, se puede escoger entre apoyar el bloqueo y defender la libertad, pero no se puede defender ambas cosas a la vez. La libertad es incompatible, como mínimo, con las interferencias arbitrarias de terceros. La soberanía nacional es incompatible con cualquier política de intervención unilateral de terceros. En ello, la soberanía debe definirse frente a una política externa de perfil imperialista y hacia la política interna: el soberano tiene que serlo por igual hacia afuera y hacia dentro.

Sin embargo, leemos defensas de ese tipo de fondos federales con el argumento de que contribuyen a combatir a su vez la “ilegitimidad del sistema cubano”. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Una cosa es tener un diagnóstico muy severo sobre el sistema cubano y otra es naturalizar cualquier recurso para enfrentársele. Que todos los caminos conduzcan a Roma es una metáfora, no un imperativo de ética política. Esta trata de compromisos con la cultura democrática y republicana.

El compromiso con la soberanía cubana es un compromiso de naturaleza autotélica: algo que se hace por sí mismo, por su propio mérito y su propia necesidad. No depende del perfil del comportamiento de otros. Responde a la virtud política de la autonomía de la persona y a la tesis de que “los seres humanos son fines y no medios”.

En contraste, las políticas de “cambio de régimen” y de bloqueo/embargo toman a seres humanos —aquí, los cubanos—, como medios para sus fines.

En palabras más simples: si su adversario lo hace mal, no lo mejora a usted hacerlo a su vez mal. Para una cultura democrática, la legitimidad de la meta depende de medios legítimos para alcanzarla. Es lo que hizo Martí: defendió una guerra de “métodos republicanos” como anticipación del desarrollo de la futura república cubana. Es un hecho que hacer en Cuba prensa no estatal comporta serios problemas, pero naturalizar su derecho a existir con financiamiento federal estadunidense es una cuestión diferente.

Y por el lado cubano, ¿cuáles son los problemas que observas en este tema?

El sistema político cubano combate la existencia de un enorme y muy diverso espectro de medios no estatales, confunde medios partidistas con “públicos”, controla en muy alto grado la información pública y castiga de varios modos —desde presiones personales hasta reacción y represión policial— expresiones públicas críticas.

La Constitución cubana (2019) regula solo la “libertad de prensa”, sin considerar el derecho a la comunicación ni a la información dentro de un marco de servicio público. El nuevo texto contiene avances respecto a la Constitución de 1976, y sus reformas. El actual artículo 55 regula que los “medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.”

Por ello, autoriza la existencia de medios no fundamentales de comunicación, que podrían ser, por ejemplo, medios comunitarios o cooperativas, e incluso pequeñas y medianas empresas privadas de comunicación. Es lo mismo que ya se permite en el campo de la economía —no menos estratégico que el de la comunicación—, para el cual se regula la propiedad estatal exclusiva sobre los medios fundamentales de producción, y se deja abierto el resto a otras posibilidades.

Sin embargo, nada de ello aparece hoy como posibilidades a desarrollar como parte de la política nacional de comunicación, en su práctica. Lo que se entiende ahora mismo por socialista en esa política pasa por considerar los medios partidistas como los medios legítimos de comunicación pública, y por promover a los no estatales que reproduzcan por entero el perfil de los primeros.

Rechazar el financiamiento federal estadunidense de los programas “prodemocracia” es necesario. A la vez, es necesario rechazar la forma en que se cubre casi todo el espectro cubano de medios no estatales, por parte del discurso oficial, como si fuesen “dependientes de la agenda del Imperio”. Es necesario, por igual, rechazar el silencio existente sobre los impedimentos para desarrollar el periodismo, incluso el de carácter público, en Cuba.

El compromiso con el derecho a la comunicación pasa por el enfoque de seguridad para el país, pero es imposible reducirlo a esa dimensión, sin renunciar a la existencia misma de ese derecho.

Una de las herramientas preferidas para la manipulación de nuestra conciencia en los años de la “perestroika” fue la famosa frase de la escritora británica Evelyn Hall, adjudicada a veces a Voltaire: “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Tras vivir el capitalismo en el espacio pos soviético sabemos que nadie “defenderá hasta la muerte” nuestro derecho de expresar ideas incómodas para el poder. ¿Cómo intentar resolver esa manipulación?

Una visión legítima sobre este punto exigiría crear condiciones materiales a la libertad de expresión (para crear y sostener medios de comunicación), ofrecer garantías al derecho a la comunicación y a los comunicadores, proteger el pluralismo en la comunicación como un bien público y un derecho de los ciudadanos, distinguir medios estatales, partidistas y gubernamentales, avanzar en el carácter verdaderamente público de los que lo sean, impedir los monopolios de la comunicación, sin importar su forma de propiedad, promover códigos deontológicos de la profesión para todas las formas de comunicación, y establecer un marco de funcionamiento que incluya la transparencia, la verificabilidad de la información, la rendición de cuentas hacia los públicos, y las posibilidades legales de financiamiento.

Comprendo que se puede responder a lo que digo de este modo: “puede ser, pero nada de esto existe. Luego, ¿qué hacer aquí y ahora más allá de escribir una lista de deseos?” Y también: “¿Acaso no se han intentado mecanismos legítimos de financiamiento, como crowfundings, que por igual han sido hostigados?”

Ante una situación que no parece tener pronta salida, lo honesto es, primero, reconocer la magnitud del daño que causa ese escenario de carencias a los derechos de expresión e información de la ciudadanía cubana, y, luego, potenciar la imaginación política que explore vías ciudadanas para desarrollar el ejercicio de este derecho.

El hecho es que sin considerar todo lo anterior, reducir toda discusión al “financiamiento enemigo” falsea el análisis de este problema. Queda fuera de ese encuadre, por ejemplo, cómo es posible y necesario usar el presupuesto público cubano, y abrir posibilidades legales de soporte financiero, sean propios, de esquemas de cooperación internacional, de mecanismos ciudadanos de financiamiento, y de suscripciones de lectores, para dar expresión a la diversidad nacional en medios de comunicación propios.

En un contexto de actuación política nada pacífico, como es el cubano, varias de las posibilidades anteriores no resultan “neutrales” por sí mismas, y algunas resultan susceptibles de ser mediatizadas. Pero algo hay que hacer. Se trata de un deber de la República con distribuir el poder de tomar la palabra, y darle impulso específico a la visibilidad de las voces más “débiles” (con menos poder y capacidad de expresión).

El derecho a la expresión y a la información tiene que estar en el centro de un programa político que se tome en serio el socialismo. Si la República pretende que el bien común sea una construcción colectiva de sus ciudadanos, debe establecer reglas de juego, y políticas de atribución de recursos, que eviten que la acumulación del derecho a expresarse de unos desposea al conjunto de los otros.

¿Cuáles son el contexto y los principales desafíos ciudadanos en la Cuba de hoy dentro del complejísimo escenario nacional e internacional que vivimos, que no parece presentarnos prontas soluciones?

Primero, Cuba vive un escenario de varias reformas. Es más visible la reforma económica, pero también existe una dentro de lo político.

La Constitución de 2019 sitúa un camino a la reforma que posee legitimidades y problemas. A favor, cuenta con el debate tras el que fue aprobada —no exento de conflictos—, pero también con normativas muy restrictivas, como el Decreto Ley 370, o ha pospuesto la aparición de otras, como la norma de protección de derechos constitucionales y el nuevo Código de Familia.

La reforma económica también cuenta con un proceso de elaboración que le otorga legitimidad —ha sido largamente planificada y consensuada a través de muchos documentos oficiales—, pero también ha mostrado grandes dilaciones, malas decisiones y muchos problemas para enfrentar temas cruciales como la pobreza y la desigualdad.

Que exista un curso comprobable de reformas en el país dice algo sobre la tesis del “inmovilismo” cubano, pero también arroja un amplio número de incertidumbres y serios cuestionamientos sobre la vida social, familiar y personal en el país.

El “régimen cubano”, desde el punto de vista de su organización institucional, es un sistema político que cuenta con más diversidad que la que se le reconoce de modo habitual. Para empezar, el propio Estado cuenta con un sistema de administración pública, con estructuras de gobierno, con sistemas de gestión empresariales, con aparatos de seguridad y policía, con niveles territoriales, que se expresan en común como el “poder revolucionario”, pero que en los hechos cuentan con diferencias de comportamiento, integración social y culturas profesionales.

Desconocer esas diferencias produce visiones del Estado cubano que son poco perceptivas para comprender cómo funcionan políticas reales, y el rango de consensos y disensos que generan. A ello, se le suma la existencia del PCC —único— colocado por la Constitución “por encima” del Estado y un conjunto de instituciones y organizaciones sociales cubanas.

De ese modo, ver el funcionariado cubano en bloque —sea como conjunto de “revolucionarios sacrificados por el pueblo”, o como “banda de corruptos”— no me parece el mejor camino para comprender lo existente, donde hay de unos y hay de otros.

La sociedad cubana actual es diversa, y no tiene frente a sí, por igual, a un Estado completamente homogéneo. Ello significa algo concreto que debiera ser más tomado en cuenta: las críticas a un tipo de política, y a un tipo de instituciones, no suponen en modo alguno, para varias zonas sociales que se relacionan con ese Estado en varias áreas a la vez, la crisis de la legitimidad estatal.

En ese sentido, tal comportamiento no es muy diferente a lo que sucede en otros sistemas políticos, que construyen “zonas de legitimidad” que soportan el conjunto, más allá de las disonancias que le generan sus campos más críticos de funcionamiento.

A nivel cultural, ¿existen muchos cambios en la sociedad cubana actual respecto a las últimas décadas?

La multiplicidad de referentes valorativos en la sociedad cubana —asociados a militancias tradicionales, como políticas o religiosas— se muestra hoy como un campo pluralizado, abigarrado y contradictorio de demandas asentadas en diversas perspectivas (clase, género, raza, religión, ideología), con muy diversa filiación política.

Todo sistema de creencias e intereses busca canales de expresión. Salvo en campos como el religioso —que cuenta con más posibilidades de actuación— otros intereses políticos, sociales y culturales tienen escasos canales legitimados de circulación, que pueden experimentar como injusticia respecto a la posibilidad de representación.

El escenario cubano actual combina al menos tres ámbitos: la repolitización de lo político, la politización de lo social y la socialización de lo político.

Esos ámbitos pueden traducirse así: 1) hay demandas específicamente políticas que desbordan con mucho el cauce institucional que el sistema político ofrece para su representación, 2) hay temas considerados “sociales” que tienen traducciones en agendas políticas (raza, género, desigualdad, etc), y que cuentan con muy escasos canales propios para su despliegue, 3) existe una pluralidad de caminos y recursos dentro de la sociedad civil cubana para exigir y producir política, imposibles de resolver en el par estado-sociedad civil autodefinida oficialmente como “revolucionaria”.

Existe un hiato entre el discurso oficial, los discursos sociales y los mejores referentes internacionales en torno a la capacidad de representar y procesar demandas sociales. La estrategia de tratar como enemigos a los críticos y acortar en función de ello el espectro de con quien se dialoga, tiene resultados políticos muy limitados, porque produce nuevos enemigos, genera más conflictos y acumula descontento.

¿Qué crees que irá sucediendo tras los hechos del 26 y el 27 de noviembre?

Por diversas razones —personales, por la actuación policial, por diferencias internas, etc— es probable que tanto el Movimiento San Isidro (MSI) como el 27N experimenten cambios.

Esto no significaría el fin de lo que comenzó a expresarse en noviembre. De hecho, es probable que nuevos proyectos ciudadanos que ya existen, o los que vayan surgiendo, delimiten más sus campos de demandas, y se hagan más visibles las diferencias existentes entre los protagonistas del pasado noviembre.

También es probable que ese tipo de emergencias aumenten en número.¹ Ello, por la existencia de un contexto “complejo” que combina la crisis económica, el perfil de la reforma, el escenario de la COVID-19, el acumulado de las sanciones de la administración Trump, el tiempo que tomará reencauzar nuevas relaciones con la presidencia de Biden, y la lista de demandas represadas desde antes y después de noviembre.

La estrategia oficial actual no parece proveer grandes respuestas a las consecuencias políticas que puede producir un escenario como ese.

¿Cómo reaccionan las izquierdas cubanas frente a estos acontecimientos?

En el campo de las izquierdas existen demandas de trazar una línea de demarcación con contenidos del MSI. A la vez, algunas de esas izquierdas defenderán cuestiones que también reclamó ese grupo (como libertades de expresión y creación) y defenderán principios que por universales tienen que ser defendidos por sí mismos.

Se trata de principios asimismo autotélicos, defendibles incluso cuando hubiese culpabilidad demostrada, como ocurre con el derecho a la integridad personal y al debido proceso. Ese hecho forma parte de un compromiso mayor con el Derecho como lenguaje de la justicia y con el principio de dignidad del trato a la persona humana.

¿Cómo crees que necesita tratarse la diferencia y el disentimiento hoy en Cuba?

Me parece que requieren de otro prisma de análisis. Violar el marco constitucional no constituye un derecho. Sin embargo, la existencia de un Estado constituido obliga a plantearse el tema de cómo procesar la diferencia en un marco de derechos y deberes dentro de la relación ciudadanía-Estado.

Tras ser encuadrada en un régimen institucional, que tomó nada menos que veinte años establecer y otros cuarenta desplegar, la Revolución es también, en los hechos, un proceso transcrito en un Estado a cuya letra constitucional está obligado.

Si encarna en un régimen institucional, como es el caso, la Revolución tiene que traducirse en derechos, deberes, políticas, ejercibles y exigibles. Si conserva vivo su impulso, puede relanzarlos políticamente como parte de su proyecto.

Lo que no puede hacer es excusar obligaciones del Estado en nombre de la Revolución, y reclamar la legitimidad de su defensa sin relación de dependencia con los derechos ciudadanos. No es posible hacerlo sin cancelar el orden institucional ni sin atentar contra el catálogo de derechos a los que el Estado y la Revolución se deben.

Bajo esta luz debería analizarse el tipo de respuesta estatal que han recibido actores vinculados a los sucesos de noviembre, y cuál es el espacio que tiene la expresión de la diferencia en Cuba. Esto es, plantearse en serio cómo se procesa el pluralismo y la diferencia, cómo se ejerce la resistencia contra lo que se experimenta como injusto, cuál es el espacio legítimo para disentir, y cuál derecho existe a participar del espacio público.

La política intervencionista estadunidense continúa, ¿cómo entender hoy la reacción frente a ella?

Es real la agresión contra Cuba, su Estado y su sociedad. Negarlo, o minimizarlo, falsea ese problema. Desconocer que las estrategias económicas, sociales y políticas cubanas a partir de 1959 han tenido que diseñarse bajo esa presión, es irreal. Colocar todos los problemas nacionales en el Estado desnaturaliza ese dilema.

La enorme asimetría entre los sistemas estadunidense y cubano genera un gran desbalance de poder y de perspectivas, un enorme desbalance en las consecuencias de las relaciones entre ambos gobiernos para sus respectivas naciones. Los Estados Unidos encajaron la derrota de Girón (1961), y continuaron su camino. Sin embargo, una derrota, no ya en el campo militar sino también político, para Cuba en relación con el gobierno estadunidense tiene consecuencias mucho mayores para la vida de la nación cubana. Luego, la percepción de que “cerrar la puerta” de antemano a todo lo que se pueda convertir en derrota es relevante en varios sentidos.

Ante tal posibilidad, por remota que sea, gruesos sectores sociales cubanos, y no solo su sistema político, se “atrincheran” con sus propias razones ante lo que significaría “perderlo todo”. Por otro lado, la noción de “plaza sitiada” deviene también justificación, que impide reclamos democráticos legítimos. Más allá de usos y percepciones, es un hecho que el gobierno estadunidense despliega políticas de amplio espectro hacia Cuba, con objetivos que combinan escalas, como el “cambio de régimen”, junto a proyectos continuos de desestabilización política y de naturalización de su influencia.

Esos objetivos están inscritos en la naturaleza de su sistema, en sus concepciones políticas, en sus necesidades de control de recursos y sus prioridades geopolíticas. No cambian del todo con el cambio de las administraciones. Lo que aparece como tales “continuidades” favorece el endurecimiento del sistema político cubano y gravita sobre un escenario que así se eterniza bajo el epíteto de “complejo”.

Pero los cambios importan mucho a su vez. La elección de Joe Biden traerá varios cursos deseables para Cuba. Respecto a esa administración, las prioridades cubanas deberían ser reconducir el proceso de normalización de relaciones y el debilitamiento — si no fuese posible ya el levantamiento— del bloqueo, más que producir enemigos internos en masa, tarea que ocupa hoy todo el tiempo a algunos actores nacionales.

La posibilidad de modificar el escenario cubano tiene como sujetos, entonces, no solo a los propios del Estado cubano, sino también a la política estadunidense interesada en ser actor interno en la política cubana. Es un hecho que esta última no ha traído más “democracia” para Cuba a lo largo de sesenta años. No es una consigna afirmar que las necesidades democráticas de los cubanos son asunto de los cubanos.

En ese contexto, ¿cómo entiendes la relación entre revolución y contrarrevolución?

La discusión “revolución vs contrarrevolución” requiere encuadrarse, me parece, dentro de un marco cultural que actualice ambas nociones según los referentes de la sociedad cubana de hoy, y no las asigne mecánicamente a la posición que se mantenga respecto al Estado, pues este no posee el monopolio de los valores revolucionarios.

Por poner un ejemplo: la política pública de investigación que ha producido varios candidatos vacunales contra la COVID-19, es un claro ejemplo de compromiso revolucionario del Estado cubano con el soporte a la ciencia básica, y de preponderancia de la salud y la vida humana por encima de lógicas de mercado. Apoyar esa decisión estatal —incluso todas— no es sinónimo de ser revolucionario, desaprobar y ser crítico de decisiones estatales no es sinónimo de ser contrarrevolucionario. Pensar que solo en el Estado habita lo revolucionario, recuerda lo que Gramsci llamaba, críticamente, “estadolatría”.  La actuación política es un derecho. El soberano es el pueblo, no el Estado.

Tú has escrito sobre el enfoque “amigo-enemigo” como contrario a las necesidades democráticas de la política cubana. ¿Puedes abundar sobre ello?

El problema del “enemigo” seguirá siendo un tema. La cuestión está en impedir que la noción del “enemigo” devenga la lógica de toda construcción política.

No hay soluciones democráticas en la lógica “amigo-enemigo”, que entiende la política como guerra. La guerra es su prisma para entender las nociones de pueblo soberano, la resolución de conflictos, la voluntad y la contención del poder, el espacio del adversario, la ética de la ciudadanía, la estructura de la vida social y las dimensiones constitucionales e institucionales. Es una visión estructuralmente antipluralista.

¿Cuáles serían las soluciones democráticas?

Las soluciones democráticas pasan por la relación ciudadanía-estado. Las soluciones socialistas pasan por la configuración popular que adquiera el poder. Ahí se encuentran ambas. Sus posibilidades no pueden estar demarcadas por el espacio que habilite el “enemigo”, sino por las capacidades que produzca la dinámica entre la ciudadanía, lo popular y el Estado a favor de la igualdad política y la igualdad social para el conjunto nacional.²

La defensa de la revolución en Cuba, y del socialismo, tiene que ser la defensa de la democracia. Es un programa ambicioso en el mundo actual, en medio de la beligerancia estadunidense y dentro de un sistema global capitalista controlado a favor de las élites, pero aspirar a menos es ya aceptar demasiadas derrotas.

No es suficiente afirmar que la Revolución existe porque “se ha llegado hasta aquí”. Es imperativo identificar con qué cualidad “se ha llegado hasta aquí”, con qué ganas, con que moralidades, con qué derrotas, con cuáles virtudes, con qué tipo de victorias, con cuál significado para sus actores, sobre qué noción de pueblo se basa, y con qué capacidad se cuenta hoy para relanzar y acoger las demandas de libertad y justicia de la actual sociedad cubana.

Notas:

¹ Este texto estaba entregado cuando ocurrieron los sucesos del pasado 27 de enero frente al MINCULT. He dado mi opinión sobre la saga de acontecimientos que comenzó en noviembre de 2020 aquí y aquí. (Nota de Julio César Guanche de 28 de enero de 2021).

² Entiendo por igualdad política la libertad política con capacidad de autoorganización, de contestación, de creación y de participación respecto a las decisiones estatales, con poder de decisión de los ciudadanos/trabajadores sobre los procesos que afectan sus vidas; y por igualdad social el despliegue de la justicia social, la lucha por la eliminación de la desigualdad y la pobreza, y no alguna clase de igualitarismo represivo. (Nota de Julio César Guanche)

Fuente: https://oncubanews.com/cuba/la-defensa-de-la-revolucion-es-la-defensa-de-la-democracia-ii/