La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ostenta el título de marquesa de Salvatierra, ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la «ley antidesahucios», a pesar de la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aunque «seguirá trabajando para reforzar la protección de los deudores hipotecarios». En una nota, la […]
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ostenta el título de marquesa de Salvatierra, ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la «ley antidesahucios», a pesar de la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aunque «seguirá trabajando para reforzar la protección de los deudores hipotecarios».
En una nota, la institución ha justificado la decisión, tomada tras reunirse la Junta de Coordinación, en que ya lo han hecho parlamentarios socialistas y su intervención no es «necesaria» para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico.
Tampoco ve «asumible» el deseo de la Plataforma de que la institución se adhiriera a su propuesta de recurso, que la PAH no ha podido presentar ante el TC al no estar legitimada para ello. En el día en que concluía el plazo legal para recurrir la ley ante el Constitucional, el Defensor del Pueblo propone que se cree un procedimiento de insolvencia de las personas físicas y que se faciliten acuerdos entre las partes.
La institución dirigida por Becerril explica que se ha tomado la decisión tras analizar «detenidamente» la petición recibida desde la PAH y Stop Desahucios contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y por la que deseaban que se presentara como recurso un texto cerrado preparado por ellas. «El Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Ley Orgánica que lo regula, está obligado a actuar con plena libertad e independencia de criterio», dice la nota.
Reforzar la protección de los deudores
La institución reitera que es necesario «reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para impedir los efectos nocivos» y, aunque señala que la ley contiene «elementos positivos» respecto de la regulación anterior, ve necesario establecer «un procedimiento de insolvencia de las personas físicas para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad». Asimismo, propone aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable.
El pasado mes de abril, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias, pidió limitar los elevados intereses de demora y gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes.
Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley.
La PAH denuncia ‘dejación de funciones’ y pregunta a Becerril ‘a quién se debe’
El portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) Rafael Mayoral ha criticado la decisión de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de no avalar su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Antidesahucios por considerar que supone una «dejación de sus funciones» y le ha preguntado «a quién se debe» y «a quién reporta».
En declaraciones a Europa Press, el activista antidesahucios ha recordado que el Defensor del Pueblo tiene el encargo constitucional de «velar por los derechos fundamentales de las personas y por que las leyes no contengan violaciones de esos derechos». «Y es flagrante que esta ‘ley de la vergüenza’ viola derechos fundamentales, pero la Defensora ha incumplido sus obligaciones y ha hecho una dejación de sus funciones absolutamente vergonzosa», ha añadido.
A renglón seguido, ha rechazado los argumentos dados por la Defensora para justificar su decisión, esto es, que era innecesario porque el PSOE ya ha recurrido la normativa, y que además la PAH le había presentado un texto cerrado, lo que va en contra de su obligación de «actuar con plena libertad e independencia de criterio«.
«No hace ninguna valoración jurídica sobre esas violaciones de la ley y busca quitarse la responsabilidad diciendo que le hemos dado un recurso cerrado. Pero se lo hemos dado sólo por si tenía dificultades y no sabía cómo hacerlo, pero si sus servicios jurídicos querían podrían haber redactado otro. Y que el PSOE haya presentado otro recurso no exime al Defensor de sus responsabilidades«, ha añadido Mayoral.
‘Ni pies ni cabeza’
De hecho, a su entender Becerril debería haber actuado de oficio a la luz de algunos de los preceptos incluidos en la Ley Antidesahucios, como que se pueda desahuciar a un niño mayor de 3 años o que se permitan «graves desigualdades» entre las partes durante una ejecución hipotecaria. «No tiene ni pies ni cabeza lo que ha decidido la marquesa de Salvatierra«, ha añadido, en referencia al título nobiliario que ostenta la Defensora.
Preguntado sobre si esa condición nobiliaria o su militancia en el PP tienen algo que ver con su decisión, el representante de la PAH ha emplazado a preguntarle a ella misma. «Ella representa una institución, así que habría que preguntarle para que está ahí, a quién se debe. Según sus obligaciones constitucionales debería hacer algo que no hace. ¿A quién reporta? Nos lo tendría que explicar, porque no está haciendo lo que tiene mandatado«, ha añadido.
Este tema ya había sido puesto negro sobre blanco durante la campaña en redes sociales organizada por la PAH para conseguir que sus simpatizantes realizaran un escrache telefónico a las oficinas del Defensor del Pueblo, con el objetivo de conseguir que el organismo apoyara el recurso.
Durante el tiempo que ha durado la campaña, los comentarios en las redes sociales han ido subiendo de tono hasta el punto de que la cara más conocida de la PAH, Ada Colau, se preguntara en varios comentarios si el hecho de que Becerril sea «ex diputada del PP y marquesa de Salvatierra» es «incompatible para que defienda» una reclamación ciudadana.
«Todo el mundo sabe que para defender los Derechos Humanos hay que tener título nobiliario hereditario, eso da mucha sensibilidad. Oiga, señora ilustrísima marquesa de Salvatierra y Defensora del Pueblo por la gracia de dios, ¿qué tal si #DefensoraDefienda #ElRecursoDeLaPAH?», añadía en otros dos comentarios.
Presión social
En cualquier caso, Mayoral ha reconocido que los miembros de la PAH están «contentos» en la medida en que han «forzado» que se presente el recurso ante el TC, que consideran un éxito de la movilización social. «El PSOE no tenía previsto recurrir, y lo hemos conseguido nosotros. Si hay recurso es por la presión social», ha insistido.
Así, ha reiterado sus críticas a los socialistas por su «oportunismo», al apropiarse de una iniciativa de la sociedad civil en lugar de avalarla, sobre todo cuando «el núcleo central» los argumentos del texto del PSOE era el mismo que el de la PAH, «sólo incorporando alguna cuestión sobre el trámite parlamentario y cargándose algo muy importante: la parte de denuncia de losincumplimientos del derecho a la vivienda durante los últimos 35 años, que no es una cuestión baladí».
«No era momento de hacer partidismo, pero ellos han visto más importante una foto que visibilizar el déficit democrático de que no se permita a la sociedad recurrir ante el TC. Éste era el momento de la sociedad civil pero ellos han pensado que era el momento de hacer oportunismo y sacar réditos políticos en lugar de prevalecer la defensa de los derechos fundamentales. Rubalcaba nos decía que qué importaba quién firmara el recurso. Exactamente, ¿qué más daba?», ha apostillado.
El camino no ha concluido
No obstante, las dudas que les despierta el Tribunal Constitucional son «parecidas» a las que les provoca la Defensora del Pueblo, aunque esperan que el TC «aproveche esta ocasión para rectificar su doctrina sobre las ejecuciones hipotecarias». «Si no rectifica, profundizará en el desprestigio que tiene como institución«, ha añadido.
En cualquier caso, el representante de la Plataforma ha señalado que «no se ha terminado el recorrido jurisdiccional», dejando la puerta abierta a poder acudir ante otras instancias judiciales como el Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, esa vía de actuación siempre estará supeditada a la «lucha social, que es lo que está dando resultados y permitiendo parar desahucios».
Por ello, ha aprovechado para hacer un llamamiento a quienes aún están sufriendo desahucios «en silencio» y «no se deciden a luchar» a que lo hagan, porque «plantarse delante de las entidades financieras, movilizarse y pelear» es lo único que permite conseguir sus objetivos.