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La Defensoría del Pueblo regional Quindío, cooptada por un experseguidor de defensores de derechos humanos

Fuentes: Rebelión

«De hecho, tienen una idea de lo que debería de ser la democracia; un sistema en el que la clase especializada está entrenada para trabajar al servicio de los amos, de los dueños de la sociedad, mientras que al resto de la población se le priva de toda forma de organización para evitar así los […]

«De hecho, tienen una idea de lo que debería de ser la democracia; un sistema en el que la clase especializada está entrenada para trabajar al servicio de los amos, de los dueños de la sociedad, mientras que al resto de la población se le priva de toda forma de organización para evitar así los problemas que pudiera causar».

Esta frase célebre del intelectual estadounidense Noam Chomski, nos cae como anillo al dedo de cómo se orquestó el nombramiento de la nueva Defensora regional del Pueblo Quindío.

Relato de los hechos:

El día lunes 28 de Enero, del 2019, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, nos reunimos un grupo de líderes sociales, para pronunciarnos contra la decisión del Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Negret Mosquera, de nombrar a una persona ajena al ejercicio de la labor de los derechos humanos en la Defensoría del Pueblo. Pero la inconformidad no se dio solamente porque la funcionaria designada no tuviera la experiencia, idoneidad, ni perfil para dicho cargo. La rabia que nos causo fue la forma espuria como este alto funcionario en una forma maquiavélica modifico los manuales de requisitos para dicho nombramiento.

Y cómo para sorpresa mayor la persona que un día antes ya había sido escogida, a última hora fue descartada para complacer el sector político lobista de la (señorita Luisa Fernanda León Batancurt), sector político oscuro, quien presiono para nombrar una ficha que afecta a los intereses politiqueros del representante a la Cámara Luciano Grisales y su fórmula el cuestionado senador de Antioquia, Julián Bedoya. Hasta ahí la protesta era normal.

Pero, la indignación fue peor cuando por fuente directa, quien por obvias razones nos pide omitir su nombre, por medio de un contacto personal nos propone una cita para denunciar que una de las personas que más intercedió para dicho Nombramiento fue el exsecretario privado de la presidencia de la República, el «doctor» Bernardo Moreno Villegas.

¿Pero quién es este personaje? Un reconocido político del Departamento del Quindío, que en la época de la Presidencia del «doctor» Álvaro Uribe Vélez se ganó el afecto de este gobernante de Colombia y lo ungió como secretario privado de la presidencia de la República. Este, aprovechando su gran alta influencia y poder, fue uno de los que orquestó toda una campaña de desprestigio, señalamientos y estigmatizaciones de líderes políticos de la oposición, periodistas, magistrados, líderes sindicales y defensores de derechos humanos, en las famosas «chuzadas del Das». Aclaro que por estos hechos delictivos este personaje de marras fue condenado a ocho años de cárcel por la Honorable Corte Suprema de Justicia, hechos escabrosos en la historia reciente de la política nacional.

La pregunta que nos debemos hacer es ¿Qué garantía van a tener los defensores de derechos humanos de esta región del país si uno de los artífices principales del nombramiento de la nueva defensora regional del pueblo estuvo implicada en delitos de lesa humanidad como fueron las amenazas de muerte desde el Antiguo DAS a los derechos humanos?

Otra aclaración que debo hacer, no estoy acusando de ningún delito al señor Bernardo Moreno Villegas por haber hecho lobby de dicho nombramiento, es un acto normal en el fango del estercolero sanedrín de la politequería de esta república bananera llamada Colombia.

Como hemos reiterado en varias ocasiones en los distintos medios de comunicación, no es nada personal contra dicha funcionaria. La inconformidad es cómo se rompe el derecho a la moral pública en este tipo de nombramientos.

Le recordamos al defensor del pueblo, «doctor» Carlos Negret Mosquera, «Que la moral pública, integra el bien común o el bienestar general, entendido como un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como o a cada uno de sus miembros el logro más fácil de su propia perfección». En este caso aquí imperó la perfección de un acto inmoral que trasgrede el Estado social de derecho y viola todas las garantías de los defensores de derechos humanos del Quindío.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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