Fueron millones, sin exageración alguna, los que el año 2011 se sumaron a la demanda por una Educación Gratuita, Sin Lucro y de Excelencia. El respaldo social alcanzado junto al gran despliegue de las movilizaciones -masivas al punto que su única comparación en nuestra historia reciente la podemos encontrar en las protestas populares contra la […]
Fueron millones, sin exageración alguna, los que el año 2011 se sumaron a la demanda por una Educación Gratuita, Sin Lucro y de Excelencia. El respaldo social alcanzado junto al gran despliegue de las movilizaciones -masivas al punto que su única comparación en nuestra historia reciente la podemos encontrar en las protestas populares contra la dictadura-, reflejaban en las diversas encuestas y en general en el ánimo de todos los ciudadanos, un apoyo que rondaba el 85%.
La política se sacaba de su claustro. La calle como escenario de los sin rostro y sin voz, comenzaban a marcar la pauta y preocupaciones de los señores y señoras electos que llevaban cómodamente, año tras año, gobernando de espaldas a la gente.
Así, tras lo acontecido desde la Revolución Pingüina hasta la Primavera de Chile, surgió un nuevo actor político; amorfo aún, sin un horizonte del todo claro, pero con la capacidad de marcar con firmeza las problemáticas y deseos de una población agobiada por las consecuencias del sistema actual.
Pero no solo eso, junto con la irrupción del descontento manifestado en acción colectiva, se comenzaron a resquebrajar elementos importantes del consenso neoliberal que el pacto de transición había logrado instalar: Que la población chilena pasara de creer que era del todo normal la presencia del mercado en la Educación, a manifestar con claridad que ésta es un derecho y que no puede estar subyugada a las lógicas mercantiles, fue un avance de tal envergadura, que los neoliberales hasta hoy están preocupados de recomponer ese consenso resquebrajado.
No obstante, los estudiantes y toda la población que apoyó masivamente, nos fuimos encontrando con un gran muro de contención. Se evidenció una vez más que la democracia en Chile de demo no tiene nada. Pensar en un plebiscito por ejemplo, que permitiera resolver de manera amplia y participativa el rumbo de la educación en Chile, parecía del todo utópico e irracional, y no aconteció forma alguna en que se pudiera expresar en la toma de decisiones políticas el clamor de las mayorías.
Las demandas sociales eran empujadas a la lista de espera, para que encontrarán su momento en el veredicto de las elecciones presidenciales; el más legítimo e importante proceso -nos decían- en donde se manifestaría la voluntad popular mayoritaria.
Mientras, en las sombras, ya habían muchos preparando el escenario que vendría. Michelle Bachelet se alistaba para arribar a Chile como Presidenta, sabiendo que la carrera estaba ya casi ganada, y que lo que realmente importaba era la fórmula discursiva y programática a través de la cual pudiera dar cuenta de los cambios ocurridos en Chile, sintonizar con ellos, y así re articular las fuerzas políticas concertacionistas para evitar la posibilidad de cambios profundos al status quo.
Ya sabemos que los principales empresarios apostaron por Bachelet -integrantes del conglomerado lo han afirmado-, y con el gobierno de la «Nueva Mayoría» esperaron poder solucionar aspectos que están al límite de lo aceptable para sus intereses: NO puede haber un actor que saque a la política de las cuatro paredes, NO puede haber un resquebrajamiento del consenso sobre lo «exitoso» del modelo, y NO pueden -por ningún motivo- haber reformas que cambien el rumbo que hasta ahora Chile ha seguido.
Ese fue su propósito, y pagaron por ello.
En la «fiesta de la democracia» la Nueva Mayoría defendió un programa de reformas con la tesis que el nacimiento de nuevo ciclo político comenzaba con la llegada de este «nuevo» conglomerado a La Moneda. Chile cambiaría al alero de las tres reformas centrales que Michelle prometió a los chilenos y chilenas.
Desde aquí la historia es conocida, y las criticas también. El programa pasó de ser un conjunto de consignas ambiguas, a encontrar sus contenidos concretos durante estos seis meses de gobierno arraigado no precisamente en los dictámenes e intereses populares, sino que en lo permitido por los guardianes del modelo.
La Reforma Tributaria fue la primera confirmación. No sólo abandonó la idea inicial de cambiar la estructura tributaria por una justa y redistributiva, sino que además se doblegó ante las presiones de los grupos económicos que detrás del parlamento, terminan gobernando desde sus casas. Lo discutido hasta ahora por la Reforma Educacional y las últimas indicaciones solo traen malos augurios. Y para qué decir del abandono de la posibilidad de una Asamblea Constituyente -a esta altura en todo caso ninguna sorpresa-.
Así no puede caber lugar a dudas: el programa de la Nueva Mayoría terminó demostrando ser sólo un pacto electoral, una respuesta para ganar el tiempo requerido para un reordenamiento del tablero en post de los intereses de los de siempre. Indudablemente algunas buenas intenciones se sumaron a dicho proyecto, pero las malas tienen la fuerza de imponerse, y así lo han hecho.
Estos seis meses, junto con reafirmar que el cambio de ruta neoliberal no vendrá de este gobierno y que las reformas promovidas por ellos no serán ni profundas ni efectivas, nos devela una vez más un problema de fondo: una minoría en Chile decide por todos los demás.
Si durante las movilizaciones más importantes del periodo post dictadura no fueron posibles actos de deliberación ciudadana, pero además, si ni siquiera un gobierno con mayoría parlamentaria que para salir electo prometió cambios es capaz de gobernar en función de ellos, es porque en Chile la democracia está enclaustrada.
Y el problema no es la existencia de enclaves, ni de cláusulas autoritarias en algunos espacios del poder, sino que son el sentido e intereses desde el cual está pensada nuestra democracia y sociedad entera.
Ningún Gobierno -con buenas o malas intenciones- podrá hacer frente a las minorías dominantes si no se busca y construye fuerza en el pueblo. Fuerza que no puede en ningún caso ser meramente una expresión de votos, sino que por sobretodo, ha de ser fuerza como expresión organizada y deliberante.
En definitiva, se sigue reafirmando un veredicto innegable: si en Chile se renuncia a la fuerza popular organizada, se renuncia a la democracia.
A seis meses el gobierno reafirmó lo sabido o sospechado. Para mal de todos, seguimos colmados de anti demócrata.
Carla Amtmann Fecci, Directora Fundación CREA