«La democracia se conquistó con el pueblo movilizado, en la calle»

A la vez, quisiera aclarar desde un comienzo que hablo a título personal, expresando los puntos de vista individuales de alguien que hace más de 20 años participó en la lucha contra la dictadura – en el caso mío desde las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es precisamente desde esa perspectiva que quisiera compartir algunas ideas con ustedes.

Si hablamos de movilización social y autodefensa, o legítima defensa, es importante ubicarnos claramente en el momento histórico concreto que vivimos para evaluar las posibilidades de acción que tuvo nuestro pueblo.

En la década de los 60 y 70 se encaramaron al poder en América Latina regímenes militares cualitativamente diferentes a aquellos que se habían sucedido en el gobierno con anterioridad en la mayoría de los países del continente. Si no estoy errado, este nuevo fenómeno se presenta por primera vez en el Brasil en 1964 y en menos de una década se reproduce, salvadas las diferencias históricas, económicas y culturales y lo específico de cada coyuntura, en el Uruguay, Argentina y Chile. En lugar de los viejos pronunciamientos paternalistas en favor de éste o aquel general o coronel, carentes de un proyecto político, económico o institucional definido, esta vez fueron las Fuerzas Armadas en su conjunto – en Chile con la acusadísima preponderancia de la persona de Pinochet en la cúspide del aparato – las que se adueñaron, como institución, de todos los mecanismos del poder, y se orientaron a la instauración de una nueva forma de Estado, destinada supuestamente a perdurar por generaciones. El nuevo Estado apareció, por una parte, como desmovilizador del cuerpo social en cuanto posible factor de oposición política y, por otra, como garante pasivo del régimen económico del libre mercado. El control militar sobre el aparato estatal se inspiró ideológicamente en la Doctrina de la Seguridad Nacional, en cuyo nombre se procedió de modo sistemático y diario al aplastamiento del enemigo interno.

Además, se atentó contra el pueblo a través de la creación de un tipo de sociedad reñida con el único ámbito posible para el libre y pleno desarrollo de las personas: el crecimiento equilibrado de la economía nacional, la salud y vigor físico del pueblo; la educación, la cultura, la paz y la convivencia civilizada, su consolidación institucional y su prestigio en la comunidad de naciones.

Esta enumeración encierra bienes de que no es ya titular el individuo sino el pueblo. En verdad, la subasta al capital extranjero de recursos naturales que era voluntad casi unánime mantener como chilenos, la asfixia de la industria no devorada aún por las empresas multinacionales, la entrega del área social de la economía a manos privadas, la conversión de servicios públicos como la educación y la atención de la salud en actividades de lucro particular, la política económica de pauperización popular y la erección del desempleo en factor estructural de la llamada economía de libre mercado, la desnutrición infantil, el abismo cavado entre dos sectores de la sociedad y la demolición sistemática de instituciones edificadas a lo largo de todo un proceso histórico, representaron un detrimento de efecto permanente, o al menos gravemente prolongado, de bienes y atributos esenciales de una comunidad.

Sólo fue posible consumar estos hechos desencadenando un terrorismo de estado que, como tal, estuvo a cargo de individuos rigurosamente jerarquizados en el aparato gubernativo, y no de bandas punitivas más o menos autónomas que operaron con la tolerancia de quienes detentaban el poder. Su acción se ejerció sobre una masa innominada de ciudadanos a quienes se hizo víctima día por día de ataques que fueron desde la intimidación masiva, los allanamientos, el encierro arbitrario y prolongado, la violación, la tortura, las desapariciones y la muerte.

He aquí la agresión, la agresión contra todo un pueblo y cada uno de los supuestos «antipatriotas» que representaban al llamado «enemigo interno». Hay que reiterar que esta agresión se ejerció contra el pueblo en todas sus formas y todos los días.

Además, esta agresión jamás respondió a ningún tipo de provocación. Es superfluo recalcar que de parte del pueblo chileno no se conocieron actos de provocación antes de que la dictadura comenzara a hacerlo víctima de sus atropellos y crímenes.

Todo pueblo es pacífico hasta que alcanza el convencimiento de que no queda otro recurso que contribuir a la movilización social con la violencia para responder a la violencia. Cabe recordar aquí, que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se creó en diciembre de 1983, más de 10 años después del golpe militar. En esa actitud del pueblo se revela muy claramente la concurrencia de otro de los requisitos formales de la autodefensa o defensa legítima, su carácter subsidiario frente a la inanidad de otros medios, su condición de último recurso frente a la agresión.

Quien observe y analice honradamente el progresivo cambio de actitud del pueblo frente a la dictadura no podrá menos de concluir que tras una primera fase de amedrentamiento por parte de la dictadura, el pueblo fue paulatinamente reaccionando, protestando y enfrentando el poder homicida en plena calle, para luego contraatacar el fuego de la dictadura con palos y piedras, solidarizando y apoyando, en fin, a las organizaciones que en acciones sucesivas abrieron fuego sobre los cuarteles y plazas fuertes del agresor, ajusticiaron a verdugos e intentaron iniciar el desmantelamiento del mecanismo genocida golpeándolo e hiriéndolo en su propia cabeza. Es lo que está forzado a hacer todo pueblo movilizado que es puesto en el trance de defenderse, y de defenderse legítimamente.

Que en el contexto de Chile esto se trató de defensa legítima se vislumbra con claridad palmaria si se atiende a los designios explícitos de la dictadura desde el momento mismo de asaltar el poder por la fuerza. El dictador proclamó entonces estar en guerra con el enemigo interno. Consiguientemente, las Fuerzas Armadas y de Orden, así como la policía secreta de la dictadura, volvieron contra el pueblo las armas recibidas de él bajo juramento de defenderlo. Se trató de una fuerza de ocupación extraña a la población y situada sobre ella de modo latentemente opresivo, y frente a la que no cupo otra cosa que el contra-ataque, acompañando siempre a la movilización de los más amplios sectores sociales de nuestro país. Fue una situación equivalente a la de un pueblo ocupado por dotaciones extranjeras durante una guerra, ante las que se yerguen andando el tiempo las fuerzas de la resistencia organizada. Los actos de esta naturaleza no pueden verse como ataques agresivos, sino como contra-ataques defensivos y mucho menos puede asimilárseles a ataques terroristas ni a lo que éstos tienen de más odioso, que es el directo e indiscriminado asesinato de inocentes o el regateo de sus vidas en cuanto rehenes.

La violencia y las acciones armadas del pueblo SOLO surgieron como respuesta a la dictadura y – por ende – fueron legítimas. En democracia, incluso en una democracia restringida como la actual, esas mismas acciones serían injustificables y sólo dañarían al movimiento social.

Durante la dictadura, la autodefensa – expresada en acciones armadas – surgió para proteger y hacer más efectiva la movilización popular. Fueron acciones que se desarrollaron y adquirieron mayor envergadura a la par de la movilización social, contribuyendo siempre a la lucha anti-dictatorial. Para mi no cabe duda alguna que el intento de ajusticiamiento del dictador Pinochet reflejó – entre otras cosas – el estado de ánimo y decisión de lucha del pueblo, y encendió las luces de alerta en la Casa Blanca y entre algunos sectores de la oposición democrática nacional que empezaron a temer una posible salida democrática popular a la dictadura, esforzándose por impulsar la salida negociada que finalmente se impuso. Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que Pinochet fue OBLIGADO a negociar por la movilización del pueblo en todas sus formas.

La democracia – ésta democracia – se conquistó con la lucha multifacética del pueblo. Fue la movilización social expresada en todas sus formas: protestas nacionales, huelgas, marchas, actos culturales, defensa de los derechos humanos, acompañada de acciones armadas de mayor o menor envergadura la que logró derrotar a la dictadura.

En consecuencia, la sociedad chilena – la democracia chilena – tiene una gran deuda con aquellos jóvenes que hace ya más de 20 años arriesgaron – y en muchos casos – ofrendaron su vida.

La presidenta Bachelet señaló recientemente que la democracia se conquistó a rostro descubierto. Al silenciar el aporte de esos jóvenes se crea confusión y se cae en el juego de aquellas fuerzas que sustentaron a la dictadura y que pretenden tergiversar la historia: Pinochet TAMBIÉN nos obligó a recurrir a los pasamontañas para recuperar la democracia.

¿Acaso no está suficientemente madura nuestra sociedad para que de una vez por todas – sin hipocresías – se reconozca públicamente y en términos políticos la validez de las acciones de legítima defensa del movimiento social que se desarrollaron durante la dictadura y el aporte generoso de aquellos cabros y cabras, de aquellos «Manolos» y combatientes de otras organizaciones que contribuyeron a la derrota de la dictadura?

Y como expresión concreta de ello, ¿no es tiempo ya – habiendo transcurrido 16 años de democracia – de que nuestros parlamentarios legislen a favor de tantos héroes anónimos – a favor de aquellos que, como decía José Martí, ‘en momentos en que a muchos se les arrebató su dignidad llevaron dentro de sí la dignidad de muchos’?

– Un gran número de ellos fueron arrestados y sometidos a torturas horrendas, luego sufrieron años de encarcelamiento y todavía se encuentran cumpliendo penas de extrañamiento imposibilitados de regresar a su país.

– Muchos siguen obligados a vivir en una especie de semi-legalidad, enfrentando permanentemente la posibilidad de ser detenidos y acosados por la autoridad.

– No son pocos los que quedaron con discapacidades físicas de por vida producto de las heridas sufridas en enfrentamientos con la represión Pinochetista, algunos incluso en silla de ruedas.

– Muchos quedaron sin estudios y carecen de capacitación laboral para poder ganarse dignamente el sustento.

– ¿No es acaso justo que el Estado les otorgue facilidades especiales para acceder a tratamientos médicos, beneficios habitacionales y educacionales especiales? El Estado debiera incluso otorgarles una pensión especial, como se ha hecho en Europa con los luchadores de la resistencia contra el nazismo.

Bueno, lo que he dicho hasta ahora se relaciona con la lucha contra la dictadura, sobre lo cual creo poder hablar porque fui uno más de los millones de chilenos que participaron en ella. Si hablamos sobre la movilización social en democracia, está claro que mi situación personal me ha impedido formar parte activa de ella y tuvieron que pasar 18 años para poder aparecer pública y legalmente, como lo hago hoy. Pero aprovechando la tribuna, quisiera expresar algunas opiniones.

La democracia se conquistó con el pueblo movilizado, en la calle. Uno de los grandes reproches a la Concertación es haber enviado al pueblo con tanta rapidez y entusiasmo de vuelta a sus casas. Y a la fecha el pueblo ha demostrado una paciencia impresionante frente a la lentitud de la Concertación para implementar de verdad su propio Programa, paciencia que creo basarse en una profunda lealtad y apego del pueblo a la democracia. Pero, con el correr de los años, el argumento de que ‘no hay que causarle problemas al gobierno para que no vuelvan los militares’, o que se hace lo que se puede ‘en la medida de lo posible’, pierde credibilidad ante el hecho de que durante los gobiernos concertacionistas ha aumentado la brecha entre ricos y pobres en nuestro país, donde la desigualdad en la distribución de los ingresos es una de las peores a escala mundial. No estoy pregonando aquí una quimérica revolución violenta, pero tampoco existe razón alguna para aceptar TANTA desigualdad.

Los estudiantes secundarios representan la primera generación que creció sin los traumas y los miedos de la dictadura. Es la primera horneada de jóvenes chilenos que ha crecido en la era pos-dictadura. Creo que los estudiantes le devolvieron la esperanza a muchos, mostrando una vez más lo que ya ha sido demostrado durante toda la historia de la humanidad: que las reivindicaciones se logran a través de la movilización. Al pueblo nunca se le ha regalado nada. En ese sentido, es lamentable que el gobierno de la Concertación haya expresado a los estudiantes que sólo obtendrían avances si no se movilizaban en la calle, planteamiento que los mismos hechos se encargaron de sepultar.

La Concertación llegó al poder gracias a la movilización social. Por ello, en vez de considerar que la movilización social es un obstáculo para gobernar tranquilo, debiera buscar el apoyo de dicha movilización para ejercer la presión necesaria y derrotar a la derecha en aquellos temas esenciales para el país. La movilización de los estudiantes lo demuestra: nunca antes la derecha se había sentido presionada para abrirse siguiera a una discusión sobre la LOCE. Desde mi punto de vista, la movilización social es la única manera de avanzar en los temas pendientes y es un recurso al cual debiera recurrir el gobierno para romper las trabas y amarres impuestos por la dictadura, que en estos 16 años la concertación no ha podido superar. Ejemplo de ello, es la positiva iniciativa de impulsar un plebiscito vinculante para eliminar el sistema binominal que permitiría a los chilenos contar con fuerzas políticas en el Congreso que reflejen fielmente la voluntad popular.

Al hablar de movilización social, resulta vital el derecho de la población a manifestarse en las calles, sin el temor a ser atacados por la policía o sus provocadores. Creo importantísimo discutir hoy cómo garantizar el derecho del pueblo a manifestarse en las calles, porque sin ese derecho realmente no hay democracia. Fue impresionante apreciar cómo varios compañeros de secundaria de mi hija (que entre paréntesis también y para mi gran orgullo paternal es vocera de los secundarios) se restaron inicialmente a participar en las primeras manifestaciones estudiantiles ante el temor a la desmedida represión policial que en muchos casos recibe una reacción violenta.

Para romper ese círculo vicioso es necesario tomar varias medidas, entre ellas la depuración de la policía de aquellos elementos represivos del movimiento popular, a través de un nuevo sistema de selección de sus dotaciones y de una nueva capacitación y entrenamiento de sus funcionarios conforme a los valores de la democracia.

La práctica policial – evidenciada en las manifestaciones del 21 de mayo pasado y en las protestas estudiantiles – de enviar provocadores a las manifestaciones debe ser investigada y eliminada.