La democratización del derecho de propriedad en Chile

Es el propio desarrollo de la democracia el que cuestiona la propiedad privada de los medios de producción como obstáculo para una consolidación de la democracia, para una consolidación tal que no sea, para las masas populares, tan sólo de carácter formal. Vladimir I. Lenin. Obras escogidas. Editorial Progreso, Moscú 1975, t. III, p. 13.

A 100 años de Revolución Rusa

A la Memoria de Felix Pérez

Democratizar el derecho propiedad: la reforma constitucional de 1967

Cuando en enero de 1967, hace 50 años, el presidente Frei (1964-1970) firmó el decreto promulgatorio de la Ley N° 16.615 que introdujo en la Constitución Política del Estado de 1925 un nuevo estatuto para el Derecho de Propiedad. Y, siete meses más tarde, el 16 de julio, promulgó la Ley N° 16.640 que dio cauce legal a la Reforma Agraria; abrió una intensa coyuntura crítica y creo la estructura política de oportunidades para democratizar no solo la propiedad agraria, sino a la totalidad de la propiedad privada de los medios de producción (PPdMP). Si bien, ese no era su objetivo político, el proceso democratización abierto por Frei continuado y profundizado por S. Allende (1970-1973) provocaron la mayor crisis orgánica experimentada por el capitalismo nacional.

Modificar el derecho de propiedad privada implico afectar a la principal fuente de poder de las clases dominantes. Durante 427 años la PPdMP fue protegida por el Estado Imperial y más tarde por el Estado Nacional. Este velaba para que la propiedad no fuera vulnerada, alterada, amenazada, ni transgredida. De acuerdo a la normativa constitucional de 1833 como de 1925, era inviolable. Nadie ni siquiera el propio Estado podía intervenirla. Se consideraba que la PPdMP antecedía al Estado. Constituyéndose en la principal frontera de la democracia. [iii]

La osadía política de Frei con el apoyo de la izquierda socialista y comunista fue poner fin a esa condición. Pasando de una concepción jurídica-política excluyente y centrada en el «derecho de propiedad» a otra centrada en el «derecho a la propiedad». Imponiéndose la doctrina de la función social de la propiedad.

Así, entre 1967-1973, la PPdMP en manos de las oligarquías terratenientes, burguesías industriales, financieras y mercantiles nacionales y extranjeras, fue expropiada, nacionalizada, estatizada y socializada por el Estado de Chile. La reforma constitucional hizo posible que todos los bienes y recursos naturales pasaran a ser propiedad de la sociedad chilena, o sea, se volvieran bienes comunes. En otras palabras, fueran de todas y todos los chilenos. 

Los iconos históricos y políticos de ese proceso fueron: (a) la Reforma Agraria, que permitió la expropiación de los grandes latifundios con el objeto distribuirlos entre los campesinos sin la tierra; (b) la Nacionalización de la gran minería del Cobre, en junio de 1971, que recupero para uso y disfrute de la sociedad chilena los recursos naturales mineros; (c) la estatización de la banca nacional como extranjera, anunciada el 30 de diciembre de 1970; (d) la expropiación de la emblemática industria textil: Yarur Santiago, el 28 de abril de 1971, iniciándose con ella el traspaso de la industria manufacturera nacional al poder de los trabajadores y, (e) la estatización de las empresas de telecomunicaciones transnacionales.

Si bien estos iconos fueron actos de poder realizados por el Estado. La democratización de la propiedad no fue solo un acto gubernamental, sino, también, fue la expresión del poder los sectores dominados: trabajadores, pobladores, mineros, campesinos, indígenas, de hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad.

Estos sectores no tenían derecho ni acceso a la PPdMP ni tampoco a un lugar donde habitar. Por esa razón, desde fines de los años 50, se había iniciado la ocupación de la propiedad urbana tanto fiscal como privada para «encontrar un sitio» donde habitar la ciudad. ^[iv] A través de «tomas de terreno», el movimiento social de pobladores ocupaba terrenos presionando al Estado a expropiarlos en su beneficio. La «toma» como un acto de apropiación colectiva de la propiedad privada se transformó entre 1957-1973, en la principal forma de acceso de los sectores populares y trabajadores a la propiedad. ^[v]

La democratización de la propiedad impulsada tanto por arriba (gobierno) como por abajo impulsada por el poder popular conducía a la transformación radical del régimen capitalista. [vi] Dado que la democratización de la propiedad consistía en despojar, arrebatar y expropiar el poder infraestructural que la propiedad de los medios de producción confería a la clase capitalista nacional como extranjera. Por tanto, no solo se democratizaba a la propiedad sino también al Estado y hacía extensiva la democracia a todos y todas. La PPdMP dejó de ser un patrimonio individual o familiar, volviéndose colectivo-público-estatal-común. Los «no propietarios», por ejemplo, los campesinos que accedieron a la tierra de manera colectiva adquirieron poder social, económico y político. Y, sobre todo, dignidad.

La expansión democrática asumió una clara orientación subversiva pues desafío y discutió frontalmente la dominación, la hegemonía y la violencia del capitalismo -desde la explotación de la fuerza de trabajo al uso opresivo del Estado-. La democratización del Estado, implico la expulsión relativa de las clases propietarias de él y su ocupamiento parcial, conquista del poder ejecutivo, por parte de los sectores sociales no propietarios. Esta situación explica la crisis política abierta por la profundización de la democratización de la PPdMP, durante el gobierno de la Unidad Popular.

La defensa del derecho de propiedad privada

Esta democratización encontró fuertes resistencias políticas. Su defensa fue asumida por los sectores propietarios nacionales como extranjeros como por la derecha política y sus intelectuales orgánicos los cuales se opusieron y se movilizaron utilizando todos los medios legales y no legales para impedir que ella se expandiera y al consolidarse en el tiempo transformara radicalmente al capitalismo.

El conflicto fue intenso y violento. Tuvo dos momentos álgidos. El primero, durante el gobierno de Frei y se concentra en el parlamento. Los principales actores políticos y sociales opositores este momento fueron: la Sociedad Nacional de Agricultura, el diario El Mercurio y Agustín Edwards E., los partidos Liberal, Conservador y Radical y un joven abogado de la Universidad Católica de Chile, vinculado, entre 1965-1966, a la organización filo-fascista FIDUCIA, Jaime Guzmán Errázuriz. Quién durante el gobierno popular va a pronunciarse abiertamente por la intervención de la Fuerzas Armadas para restituir el derecho de propiedad.

En el segundo momento, durante el gobierno socialista de la Unidad Popular, se sumaron a la defensa no solo de la propiedad sino del capitalismo, la mayoría de gremios empresariales y patronales, entre ellos: la Sociedad de Fomento Fabril, dirigida por Orlando Sáenz, la Sociedad Nacional de Minería, la Cámara Central de Comercio, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, los principales grupos de económicos: el grupo Alessandri-Matte, por ejemplo; el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional, las empresas transnacionales y, por cierto, el gobierno y el departamento de Estado estadounidense. Pero, también, el poder judicial y sectores de la mediana y pequeña burguesía. Una de las mayores expresiones de esta oposición lo constituye el paro patronal de 1972.

La oposición se concentró en evitar la reforma constitucional al Art. 10 de la CP25 y frenar la Reforma Agraria, fue derrotada. Sin embargo, el bloque opositor adquirió mayor poder político y social durante la Unidad Popular, al aliarse los sectores de la derecha con los sectores democratacristianos en contra de la iniciativa popular de la formación del Área de la Propiedad Social. Y, solo apelando a la intervención de las Fuerzas Armadas lograron en 1973 derrotar y frenar el proceso de democratización de la propiedad.

La restauración del derecho propiedad 1973-2017

La dictadura militar (1973-1990) al restaurar el derecho propiedad expropio, en favor del capital nacional e internacional, la propiedad común de los bienes y recursos naturales que la sociedad chilena había recuperado entre 1967-1973. Los gobiernos concertacionistas y electos por votación popular (1990-2017) continuaron lo obrado por la dictadura, o sea, proteger y extender la PPdMP entre el capital. De allí que la tierra, los recursos mineros, los recursos marítimos, el agua, los bosques, etcétera, como la vida de hombres, mujeres, niños y niñas pertenecen a determinados grupos económicos nacionales o grandes corporaciones transnacionales.

El control de los bienes que debieran ser comunes, o sea, todos las y los ciudadanos nacionales hoy gracias a la restauración del derecho de propiedad y su protección en la Constitución Política de 1980, que a través de diversos candados institucionales volvió a la propiedad privada, inviolable, está concentrada y apropiada en 9 grupos económicos de carácter familiar, a saber: Matté, Angelini, Luksic, Solari, Paulmann, Said, Saieh, Yarur, y Cueto. [vii]

Estos grupos son los dueños del país y de su gente. Por eso si la sociedad chilena quiere volver a tener una democracia extensa, profunda, sustantiva como la vivida entre 1967-1973, deberá, ante cualquier cosa, volver a discutir la validez política, económica y ética de la propiedad privada de los medios de producción, de lo contrario, la democracia seguirá siendo una promesa incumplida. Tengamos presente, para cerrar este artículo, que la transición a la democracia en Chile (1990) asumió el postulado de la teoría de la transición que la única forma de tener una democracia estable era manteniendo intocable los derechos de propiedad privada de la burguesía [viii] . Los gobiernos concertacionistas no solo practicaron dicho postulado, sino que para seguir manteniendo el régimen político democrático autoritario extendieron y enajenaron todos los bienes y recursos al capital. Volver a la democracia social supone poner fin a la PPdMP, tal como se hizo hace 50 años.

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[iii] Gómez Leyton, J.C.: La Frontera de la democracia. LOM Ediciones, 2004.

[iv] Garcés, M.: Tomando sitio. LOM Ediciones, 2001

[v] Salazar, G.: La violencia política opular en las grandes alamedas. SUR Profesionales, 1993.

[vi] Gaudichaud, F.: Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. LOM Ediciones, 2016

[vii] Ver Ranking de Grupos Económicos RGE, Facultad de Economía y Negocios, UDD, Julio 2016.

[viii] Gómez Leyton, J.C.: Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal (Chile, 1990-2010), ARCIS/CLACSO, 2011.

Publicado en Le Monde diplomatique, Año XVII, N°185, junio 2017. Edición chilena.

Juan Carlos Gómez Leyton es PhD. en Ciencias Sociales y Políticas – Investigador Asociado FLACSO-Chile