La derecha, a la reconquista de La Moneda

En su última visita a Chile, el 16 de septiembre, José María Aznar acompañó a Sebastián Piñera durante una jornada de trabajo político en la Universidad Católica y expresó su deseo «ferviente» de que el candidato de la Coalición por el Cambio sea el próximo presidente de este país. Aznar esgrimió dos motivos para proclamar su apoyo al representante de la derecha y no al de la Concertación, Eduardo Frei (dirigente del Partido Demócrata Cristiano, aliado tradicional del Partido Popular): la necesidad de la alternancia después de veinte años de gobiernos de la Concertación y el «insólito» acuerdo alcanzado por la coalición gubernamental con el Partido Comunista (una lista compartida para las elecciones legislativas con los objetivos de elegir diputados comunistas por primera vez desde 1973 y lograr una mayoría suficiente frente a la derecha para emprender las reformas democráticas pendientes).

Con el impulso de gobernar las principales ciudades (Santiago, Valparaíso, Concepción, Viña del Mar) y el apoyo incondicional de los grandes medios de comunicación y del poder financiero y económico, la derecha aspira a lograr su primera victoria en unas elecciones presidenciales desde 1958, cuando Jorge Alessandri abrió un interregno de seis años entre los cuatro presidentes radicales y el populista Carlos Ibáñez y los periodos reformista de Eduardo Frei Montalva y revolucionario de Salvador Allende. En las dos últimas décadas, sólo en 1999 Joaquín Lavín logró forzar un empate técnico en la primera vuelta con Ricardo Lagos, pero el apoyo en el ballotage del electorado comunista otorgó a Lagos la Presidencia, como también sucedió en enero de 2006 con Michelle Bachelet, quien derrotó precisamente a Piñera.

Todas las encuestas conceden a Sebastián Piñera una clara pero insuficiente victoria en la primera vuelta de hoy y trazan un escenario lleno de incógnitas para la segunda, que tendría lugar el 17 de enero y en la que su rival será probablemente el ex presidente Eduardo Frei o el independiente Marco Enríquez-Ominami, cuya inopinada irrupción probablemente pondrá fin a un sistema político bipolar impuesto con el final de la dictadura en 1990.

Piñera es una de las personas más ricas de América Latina. Según el economista chileno Hugo Fazio, se estima que cuenta con activos que rondan los mil millones de dólares sólo si se contabiliza su participación en sociedades anónimas donde figura entre los doce principales accionistas. Los mascarones de proa de su poder económico son la compañía aérea Lan y el canal Chilevisión. Hijo de un destacado militante democratacristiano, economista formado en la elitista Universidad Católica y con estudios de postgrado en Harvard, entre sus primeros negocios estuvo la introducción en el país de las tarjetas de crédito a finales de los años 70. En el decisivo plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue una de las contadas personalidades de la derecha política y económica que, como las fuerzas democráticas, votó contra la permanencia de Pinochet en La Moneda durante ocho años más.

Ahora bien, tanto desde el mundo sindical como desde el movimiento de derechos humanos, desde la izquierda como desde la Concertación, advierten de que su victoria supondría una involución en los avances democráticos conquistados a lo largo de estas dos décadas y una concentración peligrosa del poder político, económico y mediático. Porque, en definitiva, Piñera es el candidato de una derecha que se forjó en la sedición contra el socialismo democrático y revolucionario de Salvador Allende, asumió y participó en el proyecto político, económico, cultural y social impuesto por la dictadura militar, ignoró las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y aún hoy las relativiza. De hecho, el 10 de noviembre se reunió con más de mil militares jubilados en el Círculo Español y les prometió el final de los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes de la dictadura, que hoy afectan -según cifras proporcionadas por el Gobierno- a 768 represores procesados, de los que 276 ya están condenados y 53 están cumpliendo penas de presidio.

Sebastián Piñera es militante de Renovación Nacional (RN), que agrupa a los sectores más aperturistas de la derecha, y en estos comicios cuenta también con el apoyo del otro gran partido conservador, la Unión Demócrata Independiente (UDI), una peculiar fuerza creada en los años 80 por Jaime Guzmán, ideólogo del «gremialismo» (el movimiento de masas de la burguesía contra Allende) y principal arquitecto de la «democracia protegida» que Pinochet implantó y que sólo ha sido parcialmente desmontada a lo largo de estos veinte años. Una mirada al directorio de la UDI y también a los históricos de RN conduce a los tiempos más oscuros de la dictadura y esa memoria ha sido un obstáculo hasta el momento insalvable para la derecha.

Es muy probable, pues, que el candidato de la Coalición por el Cambio obtenga hoy la primera mayoría, pero el 17 de enero no le será fácil superar el 46,5% de los votos que ya obtuvo en 2006 contra Michelle Bachelet o el 48,7% que Joaquín Lavín alcanzó en enero de 2000 frente a Lagos, cuando la derecha se quedó a menos de 200.000 votos de reconquistar La Moneda.

Con Piñera en la Presidencia y un gabinete liderado por la UDI y RN no sólo se endurecería el modelo neoliberal, se aplazarían las reformas democráticas y se reinstauraría la impunidad de los asesinos y torturadores de la dictadura. Además, Chile se distanciaría de Brasil, Venezuela o Bolivia y podría aproximarse al papel que desempeñan hoy en la región los gobiernos de países como Colombia o Perú. Así lo vaticinó (a su manera, claro) Aznar en la entrevista que El Mercurio publicó el 20 de septiembre y en la que por cierto aplaudió la instalación de las siete bases militares estadounidenses en Colombia. En las páginas del diario conservador chileno el patrón de FAES dejó dicho: «Hay países sudamericanos que están sufriendo la desgracia del populismo y, políticamente, un salto atrás enorme (…) El resultado electoral de Chile es trascendental…».