Los que tenemos cierta edad hemos sido testigos de los logros de Osakidetza en sus primeros años y también de su deterioro programado en los últimos. En su inicio, Osakidetza gozó de un gran prestigio, lo que le llevó a ser identificada como la joya de la corona. Gran prestigio y una enorme capacidad que le permitió integrar hospitales privados, como el de Basurto (1992), en la red pública y construir otros, como el de Galdakao (1984), así como implantar una notable red de centros de Atención Primaria generando más infraestructura sanitaria pública. Por aquel entonces había una cierta planificación del sistema sanitario.
Pero, al final, lo que terminó imponiéndose de la mano de la corriente neoliberal liderada por Iñaki Azkuna y Rafael Bengoa (PNV y PSE respectivamente) fue una transformación de la sanidad pública vasca en un modelo similar al de Margaret Thatcher en Inglaterra.
De entrada, el Plan Azkuna, aprobado en 1993, derogó el decreto que exigía la dedicación exclusiva a los nuevos jefes de servicio (creada para evitar conflictos de interés) e introdujo un modelo de gestión empresarial y mercantil en Osakidetza. Una lógica neoliberal que transformó a las y los pacientes en clientes y cambió la forma de trabajo, basada en los criterios de salud pública y bienestar social actuando sobre los determinantes de salud, por objetivos de rentabilidad económica. Se empezó a entender la salud como un coste para las arcas públicas y no como un servicio público que respondía a un derecho básico como es el de la salud.
El Plan Azkuna planteó la reducción de costes mediante la privatización de prestaciones y la implementación los incentivos en función de resultados, orientada, sobre todo, a reducir gastos, etc. Por supuesto, dio un gran impulso a las políticas de concertación con la sanidad privada y frenó de raíz la participación comunitaria, que ni siquiera se mencionaba en el plan.
A partir de ahí, a lo largo de estos años se han ido aprobando leyes que han apuntalado y desarrollado estos criterios economicistas-mercantilistas en la gestión diaria de la sanidad pública. Entre otros, por su trascendencia en el proceso privatizador, vamos a señalar las siguientes:
- En la era Ardanza-Azkuna se aprobaron tanto la Ley 8/1997, de 26 de junio, referente a la Ordenación Sanitaria de Euskadi, como los Estatutos de Osakidetza, que pasaron a definir Osakidetza como un Ente Público de derecho privado e introdujeron la herramienta del Contrato Programa.
- Bajo la responsabilidad del consejero socialista Rafael Bengoa, otro de los grandes artífices de este proceso privatizador, el 23 de mayo de 2012 se aprobó el acuerdo de creación de las Unidades de Gestión Clínica, auténtico caballo de Troya para la privatización de los sistemas sanitarios públicos. También hay que señalar que en el 2019 se aprobó la ley por la que se crearon las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), integrando los hospitales y los centros de salud bajo una dirección hospital-centrista que ha ahondado en el abandono al que se ha sometido a la asistencia primaria (AP) casi desde el inicio. Una ley que ha sido muy cuestionada por sindicatos y organizaciones en defensa de la sanidad pública.
- A nivel estatal, en la privatización de Osakidetza, ha jugado un papel fundamental la ley 15/97, que nació para romper la sanidad pública y permitir la gestión privada de los recursos públicos sanitarios y socio-sanitarios.
- Por último, señalar dos artículos de la ley General de Sanidad (1986). Uno, el art. 67 que regula los convenios singulares, aquellos que se establecen con un hospital privado cuando en una localidad no exista hospital público, mientras se construye éste. Gracias a él, tenemos la clínica de la Asunción en Tolosaldea que nos cuesta 23 millones de euros. Un trasvase puro y duro de dinero público a la privada. El segundo, el artículo 90, donde se regulan los conciertos con la sanidad privada.
Todo este entramado de leyes estatales y autonómicas es el que ha dado cobertura legal a un proceso, lento pero continuo y planificado, de deterioro y privatización de Osakidetza con el objetivo de adelgazar la sanidad pública y engordar la sanidad privada. Su objetivo: satisfacer la avaricia y la codicia de empresas privadas (algunas ligadas a personas importantes del PNV como Jon Azua, Jon Darpón o Mikel Álvarez).
Por ello, derogar estas leyes privatizadoras y en especial la ley 15/97 es un objetivo de primer orden del movimiento en defensa de la sanidad pública.
¿De dónde viene la crisis de la sanidad pública?
Las últimas encuestas y el Deusto-barómetro sitúan al coste de la vida y el deterioro de Osakidetza como las principales preocupaciones de la ciudadanía en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). También dejan claro que la ciudadanía quiere que su gestión sea pública y que es necesario aumentar la financiación y los recursos de la sanidad pública.
Los síntomas de ese deterioro son muy claros: múltiples recortes en la atención, listas de espera escandalosas para poder recibir atención del médico de familia, del especialista o ser intervenido quirúrgicamente; centros sanitarios sin médico que ponen en riesgo la seguridad del paciente, urgencias hospitalarias colapsadas, pérdida de la calidad, etc.
La sanidad pública y, más aún, la Asistencia Primaria se encuentran en una situación muy crítica con graves consecuencias para la salud de la población. Pero esta crisis ni es nueva, ni está provocada por el tensionamiento al que fue sometida Osakidetza durante la época más dura de la pandemia.
La crisis actual de Osakidetza viene de atrás y es la consecuencia natural de las políticas de recorte aplicadas por el gobierno vasco con el objetivo de deteriorar el sistema público para que las empresas sanitarias privadas hagan negocio con nuestra salud.
¿Cómo hemos llegado a esta situación?
En primer lugar, debido a una financiación insuficiente de la sanidad pública y, sobre todo, de la Atención Primaria desde hace años. Aunque la consejera de sanidad y el lehendakari lo han negado sistemáticamente, es necesario invertir más y mejor.
El presupuesto sanitario está mal distribuido y no es suficiente: está por debajo de los países del entorno europeo con igual o similar capacidad económica medida en relación al PIB (Francia, Noruega, Suecia, Inglaterra). Mientras que en la CAV gastamos en sanidad un 5,7 %, en esos países gastan entre un 7 % y un 9 %. Estamos 1 674 millones por debajo de la media de esos países.
Es necesario incrementar la inversión para poder atender las necesidades crecientes de una sociedad muy envejecida, con un aumento de las enfermedades crónicas y de las y los pacientes con pluripatologías y que demandas de cuidados más complejos.
Y, sobre todo, se debe invertir mejor para poner a la Atención Primaria en el centro del sistema sanitario.Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, deberíamos incrementar el presupuesto sanitario hasta el 25 % para mejorar el nivel de salud de la población. Por ello hay que poner en valor la Atención Primaria, que es la que soluciona el 90 % de los problemas y necesidades de salud de la población.
Frente al modelo hospitalo-centrista imperante en la actualidad, que centra el interés en el tratamiento, se necesita un modelo basado en la prevención de la enfermedad de y la promoción de salud. Es en los centros hospitalarios donde se mueve el dinero y está el interés de las farmacéuticas y de las empresas de material médico y de la tecnología punta, pero la Asistencia Primaria soluciona el 90 % de los problemas de salud. Por ello, es urgente reforzar la Asistencia Primaria: genera menos gasto, ofrece mejores resultados en salud y genera más equidad.
Por otra parte, se han ido perdiendo los valores de la Atención Primaria y la medicina de familia. Ocurre, por ejemplo, con la accesibilidad; es decir, garantizar que cada persona, cada demanda, cada necesidad sea atendida en tiempo y de la forma que precisen; o, también, con la longitudinalidad; es decir, contar con la asistencia continúa de la misma persona profesional a lo largo de la enfermedad.
Hoy en día no se pueden garantizar debidamente estos valores debido a la falta de personal y a la sobrecarga de trabajo, lo que conlleva consecuencias negativas para la salud, tanto del personal sanitario como de las y los pacientes, así como una tasa de temporalidad muy alta (50 %) y una contratación de muy baja calidad (contratos cortos y una alta rotatividad) que no cubre todas las necesidades y hace que cada vez que nos atienda un o una profesional diferente.
Todos estos valores son muy importantes, tal y como se desprende de las múltiples investigaciones que han corroborado que una mayor continuidad y un mayor seguimiento por el médico de familia reducen las hospitalizaciones y el gasto farmacéutico, al tiempo que hace disminuir notablemente las visitas a Urgencias y la mortalidad de la población atendida.
Sin embargo, las políticas institucionales están orientadas a aumentar la atención telefónica en detrimento de la atención presencial, que es fundamental para un buen seguimiento y diagnóstico del paciente.
Aun cuando la superación de la pandemia permitía una vuelta a la normalidad en los centros de salud, con consultas presenciales como era habitual, Osakidetza decidió priorizar la atención telefónica muy por encima de la que hubo antes de la pandemia. Y la gente está cansada de que haya más consultas telefónicas de las que tendría que haber y haya poca accesibilidad al o a la médico de cabecera.
Sin embargo, la consejera del gobierno vasco, Gotzone Sagardui, sigue aferrada al impulso de un cambio cultural en nuestra relación con los servicios sanitarios basado en:
- Seguir recortando los horarios de atención en los centros de salud, que van a más (en tan solo dos años se han duplicado), y con periodos cada vez más amplios.
- Incrementar el número de centros sanitarios sin médico, cuando la muerte de una persona en el PAC de Laudio no ha hecho sino visibilizar las consecuencias que pudieran tener para la seguridad del o la paciente.
- Obligar a que la gente se tenga que desplazar a otras localidades para ser atendida.
- Implementar las consultas telemáticas, etc.
Medidas todas ellas recogidos en el estudio realizado por la consultora privada Grant Thorntonespecializada en realizar propuestas para allanar el camino a la privatización de la sanidad pública. Un estudio cuyo costó para las arcas públicas ascendió a más de 40.000 euros.
Como consecuencia de todo ello, las listas de espera para ser atendido por el o la médico de familia, especialista o ser intervenido quirúrgicamente son escandalosas; muy por encima de las que había en el período pre-pandemia.
Crecimiento de los seguros médicos privados
Todos estos recortes y el deterioro de la Sanidad Pública y de la Atención Primaria ha ido creando un panorama ideal para la expansión y crecimiento del sector privado de la sanidad.
Este crecimiento se ha dado a través de muy variadas formas de colaboración público-privadas: conciertos, auto-concertación u horas extras y derivaciones de pacientes a la privada para disminuir las listas de espera, etc. Un mercado que muchas administraciones y gobiernos facilitan y consolidan con sus políticas de reducir la sanidad pública a su mínima expresión.
¿Cómo lo hacen? El mecanismo siempre es el mismo: recortar el presupuesto destinado a la sanidad pública. Hay una relación muy directa entre el deterioro de lo público y el crecimiento de la privada. Si a una persona se le dificulta el acceso al médico de cabecera o a una atención presencial, si la demora es grande para ser intervenida quirúrgicamente, la gente, si dispone de medios económicos, intentará buscarse la solución suscribiendo un seguro privado. Son vasos comunicantes.
Así vemos que el deterioro del sistema público ha disparado el crecimiento de los seguros privados. Actualmente, el 24 % de la población de la CAV han contratado un seguro médico privado, un porcentaje que en Bizkaia es mayor: el 30,4 %, una de las tasas más alta del Estado. Este proceso se inició en el 2008 con la crisis económica y últimamente se ha disparado exponencialmente. A fecha de hoy, los seguros médicos privados se están forrando. Nunca antes empresas como Quirón, IMQ y Zorrotzaurre han tenido tanta gente.
Y su enriquecimiento va ligado al incremento de las desigualdades, ya que son servicios que sólo podrán suscribir quienes se lo puedan pagar. Por otra parte, estos seguros atienden a las personas que tienen menos patología, a una población de entre 20 y 60 años, con pólizas de poco riesgo y rentabilidad alta. Una persona jubilada o con patologías graves tiene más dificultades para suscribir un seguro privado debido a su coste es abusivo y difícil de aceptar. Por lo demás, estos centros privados no solucionan los problemas graves de salud.
Esta situación pone de relieve que la sanidad pública es la única que garantiza el derecho a la salud a toda la población, independientemente de su origen y del poder adquisitivo que se tenga. Además, lo hace de forma equitativa prestando especial atención a las personas más vulnerables de la sociedad. En este sentido, un sistema de salud público sólido actúa como un elemento redistributivo de la riqueza.
La sanidad no es una mercancía
A partir de la crisis económica-financiera del 2008, importantes poderes económicos y financieros (la OCDE, el FMI o el Banco mundial), descubrieron en los servicios públicos (sanidad, cuidados, educación y pensiones) nuevos y grandes nichos de negocio donde extraer grandes beneficios.
Objetivos que están siendo facilitados por diferentes gobiernos, entre los que se encuentra el gobierno vasco, con sus políticas neoliberales. Hoy asistimos a una intensa campaña del gobierno vasco y de la dirección de Osakidetza para legitimar las políticas de colaboración público-privadas como paradigma de eficacia y modernidad. Vienen a decir que lo que le interesa a la ciudadanía es que le operen, sin que importe ni dónde ni el cómo.
Sin embargo, ante unas listas de espera que se incrementan día a día, no podemos aceptar la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de derivar miles de pacientes a la sanidad privada, porque dicha propuesta no se plantea resolver los problemas estructurales de la red sanitaria pública y favorece la expansión de la sanidad privada con cargo al presupuesto público. Por esa vía, el año 2023 se gastaron 5 millones y medio de euros que más provecho hubieran tenido si se hubieran invertido para mejorar la situación en el sistema público de salud.
Además, medidas como esa no va a solucionar las listas de espera. Son pan para hoy y hambre para mañana, ya que no se abordan las causas estructurales que las generan.
Además, suponen, un mayor gasto para las arcas públicas que si se hiciera con recursos materiales y de personal propios. La solución a las listas de espera pasa por reforzar la sanidad pública y por un mejor aprovechamiento de los recursos públicos-propios.
Por ello, es necesario rechazar las políticas de colaboración público-privadas.
La privatización
Representantes del Gobierno Vasco y de Osakidetza nos mienten cuando insisten, una y otra vez, que todo va bien y que no hay recortes ni privatizaciones, mientras al mismo tiempo y por la espalda privatizan servicios como el de diálisis, el canal ciudadano (esa digitalización del sistema sanitario) o… los almacenes, con la construcción de una macro empresa privada con capital público, pero con gestión 100% privada. Según un reciente informe del Parlamento Vasco, el 95% de los abortos se continúa derivando a centros concertados.
Así pues, el proceso de privatización goza de buena salud y avanza a pesar de que recientemente y rigurosas investigaciones han demostrado que la privatización sanitaria ofrece peores resultados en salud:
- La investigación realizada en una extensa área de Italia demostró cómo el aumento de financiación en la sanidad pública conllevaba una notable disminución de la mortalidad evitable de la población atendida. Por el contrario, una financiación mayor a los centros sanitarios privados asociados no suponía ningún beneficio en términos de mortalidad.
- Los estudios y las evidencias han demostrado que los modelos neoliberales de países como EE UU, que son más caros, ofrecen peores niveles de salud y han creado un sistema sanitario dual, fragmentado y clasista: uno para la gente rica y quienes se lo puedan pagar y otro para las personas pobres y ancianas.
- En el Reino Unido, el estudio realizado por la universidad de Oxford demuestra, de forma contundente, que los periodos de mayor derivación a la sanidad privada (2012-2018) se ha correspondido con un aumento de la mortalidad evitable de la población.
Sin embargo, el Gobierno Vasco y Osakidetza van en dirección contraria al camino que sugieren estos estudios. En vez de reforzar la sanidad pública y la Atención Primaria, se tiende a agravar su situación de forma metódica y premeditada.
Situación actual
Esto nos sitúa en un panorama en el que Osakidetza sufre un enorme deterioro y pérdida de calidad. Atraviesa una profunda crisis que ha dado lugar a que se creen Plataformas ciudadanas en Defensa de la Sanidad Pública en números pueblos y comarcas de Euskadi. Plataformas muy plurales en las que se integran asociaciones de vecinos, grupos sociales y sindicales, colectivos feministas, ecologistas, etc.
Por ello, la creciente preocupación y hartazgo de la ciudadanía, expresada en los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que han participado en las movilizaciones realizadas en numerosos pueblos y capitales de la CAV, así como la pérdida del prestigio de Osakidetza y la pérdida de votos (del PNV) en las últimas elecciones, está obligando a los partidos que sostienen el actual gobierno a cambiar el discurso en torno a Osakidetza apremiados por la cercanía de las elecciones autonómicas.
Resulta un tanto cínico que quienes han estado gobernando las instituciones y Osakidetza durante décadas y han provocado consciente y premeditadamente esta situación, quienes han venido sosteniendo que todo iba bien, ahora, ante la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, nos digan que si renuevan el gobierno su prioridad va a ser dar solución a esos problemas; que de alcanzar la gobernabilidad, las esperas para ser atendido por el médico de familia no superaran dos días o que, si es urgente, se realizarán en el día. Eso sí, sin aportar ni aclarar cómo se logrará todo ello… Quizás, porque, una vez más, su solución se oriente a fortalecer la sanidad privada, activar viejas e ineficaces fórmulas como las peonadas-horas extras, o derivar pacientes a consultas médicas en las clínicas privadas debilitando a la sanidad pública.
Cuesta creer que quienes durante años vienen desmantelado la sanidad pública en beneficio de clínicas y seguros privados; quienes llevan años sin hacer nada para solucionar la falta de personal, especialmente de médicos de familia y pediatras, ahora tengan la llave de la solución; especialmente, cuando a través de las Mutuas, pretenden crear dos sistemas de salud: uno, con más recursos, para las personas activas laboralmente y, otro, descapitalizado, para el resto de la población.
Cuesta creer que quienes están en el origen del problema sean parte de la solución.
Poner la Asistencia Primaria en el centro del sistema sanitario
Una Asistencia Primaria que deje de ser la cenicienta del sistema sanitario; una Asistencia Primaria que fomente la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud; una Asistencia Primaria con presupuesto y plantilla suficiente, que nos dé una atención cercana, que recupere una atención presencial plena, fundamental para un buen seguimiento y diagnóstico del paciente, con unos tiempos de atención suficiente (como mínimo de 15 minutos) y con demoras para ser atendidos que no superen los 2 días.
Es urgente frenar este desmantelamiento de la sanidad pública. No podemos permanecer callados viendo como reducen la sanidad pública y la atención primaria a la mínima expresión como en EE UU, que parece ser su modelo.
Por eso, exigimos la implementación de un nuevo modelo de cuidados integral, 100 % público, universal, gratuito y de calidad que cubra todas las etapas de la vida, garantizando la accesibilidad y la equidad, colocando a las personas y la salud en el centro; que se amplíen las prestaciones sanitarias: atención mental, laboral, comunitaria, preventiva, bucodental, fisioterapia, geriatría, etc. Un sistema sanitario transparente en la información y democrático en su gestión, mediante mecanismos reales de participación ciudadana.
Exigimos al gobierno vasco, al PNV y al PSE que dejen de aplicar las políticas de recortes y de privatización, que dejen de mirar por los intereses de la sanidad privada.
Hoy es necesario y fundamental agruparnos, juntarnos para avanzar hacia movilizaciones lo más amplias posibles. Movilizaciones unitarias, abiertas y plurales a las que puedan sumarse la ciudadanía, los y las trabajadoras, las mujeres, la juventud y las y los pensionistas, así como todos aquellos colectivos sociales interesados en la defensa de una sanidad y unos servicios socio sanitarios públicos y de calidad.
Jose Ignacio Martinez y Jose Manuel Castaños, miembros del Movimiento de Pensionistas y de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la CAV.
Fuente: https://vientosur.info/la-deriva-hacia-la-privatizacion-de-la-sanidad-publica/