En las elecciones locales del pasado domingo 25 de octubre triunfó en Bogota, la capital de Colombia, donde viven 9 millones de personas, Enrique Peñalosa, un candidato ubicado en el centro político, experto en temas de desarrollo urbano neoliberal, vinculado a los grandes conglomerados inmobiliarios y las obras de infraestructura vial de cuarta generación que […]
En las elecciones locales del pasado domingo 25 de octubre triunfó en Bogota, la capital de Colombia, donde viven 9 millones de personas, Enrique Peñalosa, un candidato ubicado en el centro político, experto en temas de desarrollo urbano neoliberal, vinculado a los grandes conglomerados inmobiliarios y las obras de infraestructura vial de cuarta generación que administra su aliado el Vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sus propuestas de movilidad, como la construcción de un Metro elevado menos costoso y ágil, la recuperación del río Bogota, la construcción de 10 grandes centros culturales y deportivos, de una red de centros de atención hospitalaria inmediata y un sendero ecológico en los Cerros orientales, tuvo la acogida de casi un millón de ciudadanos, que hastiados con la desastrosa administración de Gustavo Petro, se inclinaron por un giro en el gobierno distrital.
Derrotados quedaron Rafael Pardo, el candidato del Presidente Santos; Pacho Santos, el representante del uribismo ultraderechista y parapolítico; y Clara Lopez, la candidata del Polo democrático.
La izquierda acumuló 12 años de gobierno y los ciudadanos capitalinos se pronunciaron mayoritariamente contra su continuidad en cabeza de la doctora Clara Lopez, quien conto con el respaldo de 498 electores, casi la misma cantidad que la apoyó en las elecciones presidenciales de mayo del 2014. La onda expansiva alcanzó y fulminó a varios ediles de la cuerda de Petro, como Yezid García, Sáenz, Montes de Oca y otros ineptos que quedaron tirados en la lona ante la furia e indignación de amplias franjas de la sociedad afectados por su mediocridad, demagogia y descarada corrupción.
Las preguntas que muchos nos hacemos son las siguientes: ¿Por qué fue derrotada la izquierda en su principal bastión nacional? ¿Qué factores incidieran para que casi un 1 millón de electores se inclinaran por Enrique Peñalosa?
Hay varias hipótesis al respecto.
La que se invoca con mucha frecuencia sugiere que el fracaso se debe atribuir a los mega escándalos de corrupción durante el gobierno del Polo (2008-2011) de Samuel Moreno Rojas, con varios años de prisión en una comisaría policial, quien hizo parte de una cadena de desfalcos presupuestales en el conocido carrusel de la contratación de los hermanos Nule, encargados de la construcción de varios de los tramos de la línea de transporte masivo de Transmilenio en la ruta de la 10 y la que llega hasta el aeropuerto internacional El Dorado.
Sin embargo, el Polo, con el liderazgo de Clara Lopez, en los últimos años y acreditando un amplio compromiso con los diálogos de paz y los derechos sociales fundamentales de los sectores excluidos de la ciudad y el país, logró remontar una problemática que se remitía a la Anapo, el movimiento político de los Moreno Rojas, nietos de un ex general que en los años 50 del siglo XX ejerció la Presidencia del Estado como un dictador anticomunista violento que precipito una cruenta guerra civil en la que perecieron casi 500 mil campesinos, origen del actual conflicto social y armado que se quiere terminar con las conversaciones adelantadas por el gobierno con las Farc en La Habana.
La conjetura más solida, en las actuales circunstancias, plantea que el fracaso de la izquierda en Bogota está asociado con la deplorable y calamitosa gestión del actual Alcalde distrital Gustavo Petro.
Petro, un integrante marginal y advenedizo del movimiento M-19, minúscula fracción foquista del ámbito urbano e integrada en los años 80 por sectores de clase media sin mayor formación ideológica, desmovilizada de la mano de Cesar Gaviria, quien implantó el neoliberalismo en los años 90 en Colombia, cobro cierta relevancia en los ámbitos parlamentarios, escenarios en los que, fruto de su incoherencia, apalanco reconocidos integrantes de la ultraderecha mas retardatario y clerical como el actual Procurador Alejandro Ordoñez, la punta de lanza mas visceral del uribismo. Cuando este alto funcionario fue elegido jefe del Ministerio público, uno de sus más entusiastas promotores fue el señor Petro, quien se invento estrambóticas justificaciones para respaldar su impresentable paso en falso. Gesto que de poco le sirvió posteriormente, pues Ordoñez ha sido el principal contradictor de sus desatinos y yerros administrativos con las entidades de servicios publico de la Capital.
Elegido en el 2011 como burgomaestre de la ciudad, los casi 48 meses de gestión han sido una verdadera pesadilla para la mayoría de la población capitalina.
Microcorrupción generalizada, nepotismo, mediocridad administrativa, caudillismo, amiguismo, clientelismo y atropello a los trabajadores al servicio del gobierno han sido la nota predominante en la gestión petrista.
Paso a enumerar los hechos más sobresalientes del desgreño gubernamental cuya repercusión ha provocado el enojo de millones de personas, particularmente las más débiles de la sociedad.
Transmilenio, el eje del sistema de transporte masivo, prácticamente colapso derivando en una cruel pesadilla para sus millones de usuarios. Buses en deterioro creciente, estaciones en ruina, inseguridad rampante, alzas en las tarifas y malos manejos de sus gestores han sido la nota predominante. Pasaron casi cuatro años y con el consentimiento de Petro y la mediación de sus más cercanos familiares, las 12 familias, dueñas de las rutas, acumularon mas privilegios con la renovación discrecional de unos contratos que fueron autorizados para las próximas décadas sin modificar las clausulas más onerosas. En la práctica, un cuñado de Petro, el parapolítico C. Gutiérrez, inversionista en empresas lecheras de Zipaquira (ciudad cercana a Bogota), asumió de hecho la administración de Transmilenio, donde adjudico a dedo muchos de los contratos de la infraestructura vial principal. Por supuesto, pagaron con mal servicio los ciudadanos de a pie.
En la esfera de la movilidad se hicieron muchos anuncios de nuevas obras como los Metro cables de Ciudad Bolívar y la Calera, el Transmilenio de la Boyacá y el Tranvía de la calle 68. Nada de eso llego a materializarse a pesar de disponer de abundantes recursos financieros. La camarilla petrista prefirió, en complicidad con los dueños del Banco de Colombia, el primero del país, mantener millonarios depósitos bancarios para ampliar la riqueza de los privilegiados grupos financieros y de los burócratas involucrados con las cuentas secretas aperturadas por los asesores inmediatos del Alcalde. Millones de dólares que debieron ser invertidos en la solución de los más graves problemas de movilidad dieron soporte, con su congelamiento irregular, a la configuración de una casta depredadora y delincuencial de origen populista.
Gran parte de la votación a favor de Peñalosa tiene su origen en el rechazo de los usuarios del transporte masivo a la crisis y decadencia del sistema Transmilenio propiciado por la administración que termina el próximo 31 de diciembre.
La otra esfera de la indignación se vincula con la microcorrupción generalizada en diversas dependencias de la administración. Con el cuento de la ayuda a los pobres y mediante el recurso del clientelismo se adjudicaron a dedo miles de decenas de contratos a integrantes de las roscas cercanas a los jefes de las Secretarias de Integración Social, Desarrollo Económico, de Gobierno, Educación, Hacienda, Planeación, Salud, obras Publicas, Empresa de Acueducto, Teléfonos, Instituto de Accion Comunal, Consejería de Desplazados, Secretaria General, Secretaria Privada, Instituto para la promoción de la microempresa, Malla vial, publicidad y alcaldías locales (20).
Todos esos contratos son una suerte de desfalco capilar de los presupuestos públicos que con el pasar de los días los órganos de control, veeduría y fiscalización identificaran para ordenar las correspondientes acciones penales, disciplinarias y penitenciarias de los involucrados en las irregularidades. En los próximos meses veremos en la Fiscalia y en las cárceles muchas caras conocidas del petrismo.
En la Secretaria de Integración social, su titular Jorge Rojas, rompió el record. Fueron billones de pesos en contratos amañados y fraudulentos. Dineros practicamente depositados en las canecas de la basura.
En la Secretaria de Gobierno, Flórez y Cuestas, se fueron por la libre adjudicando partidas entre amigos y cómplices de negocios. Los resultados estan a la vista: más inseguridad y dominio territorial urbano del hampa de las mafias del robo de celulares, la micro extorsión y del «gota a gota» de los paramilitares.
En la Secretaría de Desarrollo Económico, Simancas, desde muy temprano, para cobrarse sus aportes financieros a la campaña electoral del 2010, se llevó por delante los derechos laborales de cientos de trabajadores, muchas mujeres, para poder armar la trinca contractual como la vía del despojo y el desfalco presupuestal del erario público. Ojala los órganos penales actúen prontamente para que no queden en la impunidad los masivos hechos delincuenciales. Simancas, un siniestro personaje del cooperativismo conservador, debería ya estar recluido en un centro penitenciario, pues acumula casi 4 años de ilicitudes y atropellos contra los empleados, los microempresarios y campesino del Sumapaz.
En la Secretaria de Educación, su Jefe Oscar Sánchez, una precocidad neoliberal, poco adelanto en la construcción de nuevos colegios y en los escasos que se hicieron los escándalos y denuncias por favoritismo se hicieron sentir en los medios de comunicación.
El foco de toda esta práctica corrupta se puede ubicar en los amplios presupuestos acordados para atender los más de 600 mil desplazados por la violencia que hay en la Capital. Aprovechando la debilidad social de esta población, contratistas recomendados por concejales de la cuerda petrista, se alzaron con millonarios convenios, adjudicados por asesores jurídicos, tributarios de grandes comisiones, y en su ejecución se embolsillaron altísimas cifras engañando a campesinos y mujeres con chucherías y embelecos de supuesto emprendimiento empresarial. Eso mientras la flamante Consejera para los desplazados, una señora Bernal, acumulo honorarios y gastos de representación por más de un millón de dólares, fungiendo como la redentora izquierdista de humildes víctimas de la feroz violencia paramilitar.
Programas como los de derechos humanos, jóvenes, de mujeres, de discapacitados, los preescolares, empelo, la participación comunitaria y la capacitación de los funcionarios distritales, devinieron en territorios manipulados por los operadores más cercanos al despacho del Alcalde.
Para citar de manera puntual los contratos de capacitación de empleados distritales ordenados con mucha discreción a través de la Universidad Panamericana de Compensar, por el Jefe de la Secretaría Administrativa del gabinete.
Las consecuencias políticas de este desastre ético estan a la vista. La gente le paso injustamente la cuenta de cobro a la candidata del Polo, la doctora Clara Lopez, quien con su tenaz trabajo en los meses recientes logro conservar casi intacta su votación de 500 mil sufragios y elegir cinco Concejales, mientras casi todos los petristas quedaron excluidos de la Corporación edilicia, afortunadamente.
Los amigos e integrantes de la rosca de Petro nos quieren hacer creer que sus créditos serán recuperados prontamente para ser el candidato presidencial de la izquierda y la paz en el 2018. Estan completamente desfasados.
La izquierda tiene que hacer una pausa y reflexionar. Analizar las consecuencias de la derrota bogotana y reorganizarse.
Los acuerdos de paz vendrán, su refrendación e implementación plantearan nuevos retos a la izquierda democrática y los movimientos sociales. En todo caso no se podrá omitir la pésima experiencia del caudillismo populista de Petro, pues cargar ese fardo tendría unos costos políticos enormes.
Seguramente nuevos líderes y procesos organizativos se encargaran de dar otros sentidos éticos, colectivos y coherentes al protagonismo orientado al cambio y la transformación del Estado, la sociedad y la nación.
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