Descentralización significa entregar, en gran medida, el poder de las decisiones públicas a instancias de Gobiernos Subnacionales (Regionales y Locales), que por su condición socio-política y territorial están más cercanos a la ciudadanía y sus problemáticas. Es decir, en términos muy simples, descentralización significa entregar el poder político efectivo a las comunidades regionales o locales, […]
Descentralización significa entregar, en gran medida, el poder de las decisiones públicas a instancias de Gobiernos Subnacionales (Regionales y Locales), que por su condición socio-política y territorial están más cercanos a la ciudadanía y sus problemáticas. Es decir, en términos muy simples, descentralización significa entregar el poder político efectivo a las comunidades regionales o locales, para realizar lo que éstas determinen democráticamente
¿Qué descentralización hemos puesto en práctica en Chile? Fundamentalmente, tenemos una forma de desconcentración del poder administrativo del país, que se sustenta en una idea matriz del modelo neoliberal, como es el rol subsidiario del Estado. Los municipios son meros administradores territoriales de fondos públicos (véase Ley de Municipalidades y Ley de Subvenciones Educacionales) para la ejecución de políticas diseñadas y orientadas desde el Gobierno Central. Los ejemplos más notables se encuentran en el área de educación, salud y seguridad ciudadana. En los Gobiernos Regionales, el carácter subsidiario del Estado se expresa claramente en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que define a priori el destino de los recursos financieros regionales, a partir de diseños de política nacional dirigidos centralmente por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y ministerios sectoriales (véase, por ejemplo, Convenios de Programación que han tenido como objeto la reposición de hospitales).
El enfoque central de este proyecto de descentralización, originado en la década de los ochenta, define implícitamente a las comunidades regionales y locales como simples clientes de políticas. Por tanto, los territorios locales constituyen mercados de políticas públicas, en donde los recursos se asignan según criterios de oferta y demanda. Este diseño apunta a una administración más bien efectista, que en el largo plazo no observa integralmente los problemas de desarrollo de las regiones y comunas. Un ejemplo de este fenómeno es el siguiente: cuando se alcanza un alto porcentaje de cobertura en la educación pública, la crisis que se presenta es de proyecto educativo y no de expansión de la oferta. La crisis del proyecto educativo no puede ser resuelta por el mercado, sino por las comunidades organizadas tras valores de excelencia y calidad vinculados a un proyecto de desarrollo país. Por lo tanto, el modelo de asignación de mercado, es decir, según oferta y demanda, simplemente se agota en la fase de mejoramiento de calidad.
La propuesta de descentralización del actual modelo neoliberal está agotada, pues nunca ha pretendido ser una descentralización política real, sino que sólo se ha quedado en una forma de administración desconcentrada del territorio nacional. Es lo más conservador como proyecto de descentralización, porque apunta sólo a robustecer tanto el rol del Estado Central, como el único actor legitimo de generación de políticas públicas para el país, como del mercado, en tanto uno de los mecanismos principales de asignación de recursos públicos.
Es central avanzar en un debate ideológico para desarrollar una alternativa de reconstrucción de un proyecto país que reemplace la conceptualización de mercado, que reduce las comunidades regionales y locales sólo a una masa de clientes, a la cual se le debe ofrecer una serie de bienes y servicios, obviando deliberadamente su carácter socio-político en la construcción de soluciones públicas para sus comunidades.
¿Cuáles son los elementos que debe tener un nuevo proyecto de descentralización político – administrativa para el país? Uno de los más importantes es reconocer que el Estado tiene una conformación agregada de comunidades políticas organizadas, llámese a éstas regiones, comunas y otras formas de agrupación que se requieren para el diseño y ejecución de políticas de desarrollo territorial. Un ejemplo de esta última pueden ser los gobiernos supramunicipales que dirigen ciudades metropolitanas. Estas comunidades deben tener una expresión de autonomía política, administrativa y financiera que les permita decidir, sobre su población y territorio, los planes y proyectos de desarrollo, es decir, otorgarle valor representación política como un nuevo estatuto político-conceptual de los que son los Gobiernos Subnacionales.
Otro elemento es comprender que un sistema político democrático debe tener una expresión de orden territorial, que debe buscar la consolidación de un proyecto que valide metodológicamente las formas de participación de las comunidades territoriales y culturales organizadas, tras objetivos de bien común y de articulación social. Esto significa fortalecer a la sociedad, conduciendo un proyecto que busca la integración política, social y cultural de todos y todas las personas. Esto se hace cada vez más urgente, pues la visión del individuo como actor único de su desarrollo y su destino es una de las formas más efectivas de controlar y detener los avances de las acciones políticas. Esta concepción ha traído como resultado mayor concentración de la riqueza y las «oportunidades» en los segmentos sociales que han concentrado el poder político y, económico, y el orden cultural – simbólico de la sociedad chilena actual.
Descentralización no es sólo hablar de una política y un aparato orgánico administrativo de un Estado cualquiera. Es hablar de un concepto de sociedad que se funda en la reconstrucción de las comunidades políticamente organizadas, en donde la comuna se recrea como un instrumento para la decisión política soberana de las comunidades regionales y locales.
Pablo Monje Reyes : Director de Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado y Políticas Públicas.
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