«En relación a la pobreza, Chile es una paradoja», con estas categóricas palabras el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, definió el momento que el país vive en la materia, donde si bien se han verificado avances de crecimiento económico, desarrollo integral y de reducción de la […]
«En relación a la pobreza, Chile es una paradoja», con estas categóricas palabras el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, definió el momento que el país vive en la materia, donde si bien se han verificado avances de crecimiento económico, desarrollo integral y de reducción de la pobreza en términos absolutos, «persisten tasas preocupantes de pobreza y extrema pobreza, y los niveles de desigualdad son extremadamente altos, los cuales no son ni sostenibles ni aceptables», sentenció tras concluir su visita oficial al país.
En conferencia de prensa realizada hoy al mediodía para dar a conocer su informe, Alston señaló que otro de los problemas que no permiten un correcto abordaje, es que «hay muchos programas para pobres, pero no una política integral que permita cambios profundos», agregando que la existente «está muy segmentada en distintos silos, sin nada que los conecte y eso es un riesgo. No existe un enfoque transversal para la eliminación de la pobreza extrema», aclaró.
Durante el encuentro, en que también participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, analizó en términos generales las reformas emprendidas por la actual administración, que a su juicio no logran garantizar una respuesta para las personas más pobres. Al respecto, si bien valoró la reforma fiscal como «extremadamente importante» y es consciente de las dificultades que implica llegar a un 3% del PIB, a diferencia de las autoridades de gobierno con las que se reunió y que piensa que no se puede avanzar más, cree hay espacios para «iniciativas distintas» a las ensayadas hasta ahora para que Chile se acerqué a niveles de otros países OCDE.
En cuanto a la reforma de la constitución, que es imprescindible que una nueva carta fundamental incluya el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y políticos, pues la de 1980 los considera de «manera débil y no han sido muy eficaces». Si bien declinó pronunciarse respecto de cuál podría ser el mecanismo más idóneo para realizar esta reforma, sostuvo que es «importante que la debate no se desvié hacia una discusión técnica» y que «son las personas, las que en definitiva deben determinar en Chile como incorporan estos derechos que forman parte de una demanda social que está detrás».´
Respecto de la reforma laboral, advirtió que «una sociedad que no tiene una fuerza sindical fuerte no podrá tener grandes avances» y las «medidas tomadas por la dictadura tienen una sombre en este ámbito». También en la salud, en cuya reforma «el principal desafío es enfrentar el legado de la privatización, que ocurrió hace ya mucho tiempo atrás». Finalmente, respecto a la reforma educacional, asegura que «habiendo seguido muy de cerca las movilizaciones por la educación, hubiera esperado más cambios en esta línea, pero ello lamentablemente no es así», acotó.
Pueblos indígenas, entre los más pobres
Para el Relator, quien se desplazó a la ciudad de Temuco para reunirse con representantes de comunidades y organizaciones mapuche, y de sociedad civil, así como representantes de CONADI, la situación de los pueblos indígenas -con un 30% de su población, de acuerdo a cifras entregadas, en situación de pobreza- es de las más complejas definiéndola como «el talón de Áquiles de Chile en políticas de derechos humanos este siglo XXI». Un tema que no pensó tendría que abordar tan en detalle.
En este sentido, advirtió que urge avanzar en el «reconocimiento constitucional de estos pueblos, tomar seriamente las disposiciones del Convenio 169 y de la Declaración de Naciones Unidas, y no hacer comentarios respecto a que (este último) no es vinculante». En cuanto a las demandas territoriales mapuche, señaló «se deben aumentar los recursos financieros, pues no se percibe voluntad de reguardar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas», sentenció.
Po otra parte, «advirtió que las corporaciones involucradas con inversiones en la Araucanía, deberán adoptar una política seria de derechos humanos». Consultado respecto de si existe una relación directa entre la forma de actuar de estas compañías y el empobrecimiento de la población indígena, diijo que «todo la evidencia he visto es que la actividad de las grandes empresas ha tenido un impacto severo en el acceso al agua de estos pueblos y por ende a su calidad de vida». Añadiendo que la «responsabilidad (de resguardar este acceso) es esencialmente del gobierno, no podemos liberar a las empresas de esta situación. Existen para ello principios orientadores para el actuar de las empresas y los derechos humanos que han sido trazados en el seno de Naciones Unidas, que son bastante básicos, por lo es importante que se haga un esfuerzo extra por dar cumplimiento al resguardo de los derechos de estos pueblos», finalizó.
José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano manifestó su satisfacción por las observaciones del Relator Especial Alston, «por cuanto tuvo la capacidad de captar las desigualdades extremas que existen en nuestro país y que hacen de Chile el país con mayor inequidad en los ingresos en la OECD». Más aún, afirmó Aylwin,» el Relator Especial calificó el nuestro como un país altamente segregado, segregación que se manifiesta en los establecimientos educacionales, en las áreas residenciales, entre otras.» Agregó finalmente que el Relator Alston «estableció claramente en su informe la relación entre pobreza y etnicidad indígena, cuestión que pude concluir a partir no solo de las estadísticas, sino de escuchar a los propios representantes del pueblo mapuche y de sociedad civil en su visita a la Araucanía, proponiendo el reconocimiento constitucional de estos pueblos y sus derechos como una reforma fundamental para revertir esta situación».
Ver además:
Video de la Conferencia «El rol de los derechos sociales en el futuro orden global»
Gentileza Derechos Humanos UFRO