En los 36 años que median desde el 11 de julio de 1971, bien llamado Día de la Dignidad Nacional, Codelco le ha aportado al desarrollo del país alrededor de 40 mil millones de dólares. Sólo en el año 2006, las diez principales transnacionales que explotan el cobre chileno, sacaron del país 22 mil millones […]
En los 36 años que median desde el 11 de julio de 1971, bien llamado Día de la Dignidad Nacional, Codelco le ha aportado al desarrollo del país alrededor de 40 mil millones de dólares. Sólo en el año 2006, las diez principales transnacionales que explotan el cobre chileno, sacaron del país 22 mil millones por concepto de utilidades, monto que supera el total de la inversión efectuada entre 1978 a la fecha, período de la segunda desnacionalización del cobre, perpetrada en nombre del mercado, la «modernización» y la globalización de la economía.
Ese crimen contra los intereses de la Patria, esa traición contra el legado del Presidente mártir, y todos los patriotas que hicieron posible nuestra segunda independencia, tiene nombre y apellidos.
Vergüenza eterna para ellos.
Los primeros ladrillos
Acaso el principal entre esta gavilla de sujetos, por ser el ideólogo y arquitecto de la argucia que permitió iniciar la segunda desnacionalización del cobre, se llama José Piñera Echenique, autor intelectual de la Ley Orgánica Constitucional 18.097 sobre Concesiones Mineras, de enero de 1982, como antes lo fue del Código Laboral y del sistema privado de pensiones.
En términos sucintos, dicha ley establece la «concesión plena», faramalla jurídica que permitió evadir la disposición constitucional aún vigente, en el sentido de que el Estado tiene el dominio «absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible» de todas las minas»; concesión que fue revestida para todos los efectos como «derecho de propiedad», y protegida por condiciones de indemnización tan favorables -al contado y al «valor de la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado, el cual equivale en el caso de la concesión de explotación al Valor Presente de los flujos futuros de caja que ella puede generar», como se jacta el propio Piñera- , que en la práctica es inexpropiable.
La singular ley lleva la firma del jefe de Estado de facto y de los singulares «parlamentarios» de la época, vale decir, Augusto Pinochet U., José Toribio Merino C., Fernando Matthei A., César Mendoza D. y César Benavides E. Como Ministro de Hacienda oficiaba Sergio de Castro S. y en el de Minería, lo hacía Hernán Felipe Errázuriz T.
En grado de autoría directa, también cabe mencionar a Hernán Büchi B., Rodrigo Alamos M. y Arturo Marín V., integrantes de la comisión redactora.
Grado de complicidad les cabe a José María Eyzaguirre E., Enrique Correa L., Enrique Ortúzar E., Eugenio Valenzuela S., Julio Philippi I., José Vergara V.
y José R. Larraín C., integrantes del Tribunal Constitucional que le dio la pasada a la ley.
Las otras «hazañas»
Si se considera que el Código de Minería, de noviembre de 1983, le proporcionó fundamentos reglamentarios y procesales a la dichosa ley, habría que agregar a la galería de desnacionalizadores, a Samuel Lira O, Ministro de Minería y Jaime del Valle A., Ministro de Justicia.
Asimismo, merecen una destacada mención Sergio de Castro S., Ministro de Hacienda, y Enrique Valenzuela, Ministro de Minería, titulares de sus cargos en 1978, fecha en que ENAMI vende La Disputada de Las Condes a la transnacional Exxon, en 98 millones de dólares, la primera enajenación de un mineral chileno después de la nacionalización del cobre, en 1971.
Otra «hazaña» de la dictadura «nacionalista» que inició la desnacionalización del cobre fue la cesión gratuita de la concesión de Escondida, hoy el mineral de cobre a tajo abierto más grande del mundo, a Utah International en 1984, sociedad de inversiones que financiaba prospecciones mineras en el desierto de Atacama. Logró mantener el secreto del valor del mineral que había descubierto, hasta que la ley Piñera le permitió vender los derechos a un consorcio extranjero, que tras sucesivas operaciones de compraventa, quedó encabezado por BHP Billiton, la principal transnacional del mundo.
El Estado chileno no recibió un solo dólar por esas transacciones.
Para que se entienda la gravedad del asunto, Escondida registró cinco mil 325 millones de dólares de utilidades en 2006, con un 63,4% de rentabilidad sobre el capital, mientras que sólo en el primer trimestre de 2007, se embolsó otros mil 135 millones de dólares. Esos guarismos la situaron como la tercera entre las empresas latinoamericanas de mejores resultados, inmediatamente después de las brasileñas Petrobras y Vale Río Doce.
La última trapacería de los desnacionalizadores en el período de la dictadura fue la promulgación de la Ley 18.940, de febrero de 1990, que en esencia, modificó las facultades de COCHILCO, quitándole atribuciones para fiscalizar a las empresas transnacionales.
Programa traicionado
A contrapelo de su Programa Fundacional, que establecía «el derecho y el deber de aplicar una política chilena del cobre para el desarrollo del sector», y así obtener «mayores recursos fiscales preservando la autonomía y soberanía nacional en el manejo de los recursos», en los hechos los gobiernos de la Concertación han consolidado y profundizado el proceso de desnacionalización del cobre, como lo demuestra el simple hecho que las inversiones mineras durante la dictadura ascendieron a dos mil 399 millones de dólares, mientras que en el transcurso del ciclo concertacionista, esa suma se empinó a la pasmosa cifra de 19 mil 976 millones de dólares. Con un agravante.
En una conferencia dictada en octubre de 2002 en la Universidad Católica, el inefable José Piñera aseguraba que el «Estado puede asegurarse una legítima participación en las utilidades y cuasi rentas de la explotación minera en forma mucho más eficiente y menos riesgosa que con la actividad productiva estatal, utilizando la herramienta tributaria, la cual es discrecional del mismo
Estado». Agregó que a través de la política tributaria «se puede traspasar al Estado la proporción de los beneficios de la explotación minera en la progresividad que se establezca, con la restricción de no desincentivar el nivel óptimo de inversión» y recordó que «la tasa total de impuestos que tiene que pagar un inversionista extranjero sobre las utilidades es de 49.5%».
Piñera sabía que eso es una falacia, y ahí están los números para demostrarlo.
Como está dicho, en 2006 las diez compañías transnacionales de la minería expatriaron más de 22 mil millones de dólares en utilidades. Si las transnacionales cancelaran lo que dicen Piñera y la ley, debieron haber tributado 10 mil 800 millones de dólares en 2006. Sin embargo, según datos del Servicio de Impuestos Internos, cancelaron sólo dos mil 586 millones de dólares, es decir, 11,7% de las utilidades, como muestra el siguiente cuadro:
Impuesto a la Renta declarado por las 10 mayores empresas de la minería privada
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OPERACION RENTA 2006 |
OPERACION RENTA 2007 |
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Millones de US$* |
Millones de US$* |
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(i) Primera Categoría |
1.198 |
2.586 |
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(ii) Impuesto Específico a la Actividad Minera |
– |
705** |
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(i)+(ii) |
1.198 |
3.291 |
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Fuente: Elaborado por la Subdirección de Estudios del SII, en base a Declaraciones de Renta, años tributarios 2006 y 2007. |
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** De este monto, US$ 352 millones fueron aplicados como crédito contra el Impuesto de Primera Categoría Fuente: Servicio de Impuestos Internos |
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En 2006, Codelco, con un tercio de la producción, tuvo excedentes por 9 mil 215 millones de dólares, la totalidad de los cuales traspasó al presupuesto nacional. Esas cifras bastan para demostrar el «negocio» que ha hecho el país con la desnacionalización encubierta del cobre.
La responsabilidad por la gigantesca elusión tributaria de las transnacionales
-posibilitada por mecanismos tales como excesivo endeudamiento con matrices externas o financieras relacionadas, precios de transferencia, exportación de cobre en forma de concentrados, pérdidas en mercados de futuros y gastos superfluos en asesorías técnicas, jurídicas o de mercado, entre otros-, corre por cuenta exclusiva de los gobiernos de la Concertación.
Galería de ilustres
Ejemplo de ello es la Ley 18.985 de junio de 1990. Para efectos de la desnacionalización, esta ley es la que realmente la permitió, puesto que eximió del impuesto a la renta la venta de pertenencias mineras, creó el costo de pertenencia, que puede ser cargado como gasto y, fundamentalmente, cambió la tributación de la gran minería desde renta presunta a renta efectiva, vale decir, se paga tributación sobre las utilidades. En esta misma ley se aumentó el IVA de 16 a 18 %. A partir de esta ley llegaron en masa las transnacionales, generando sobreproducción y la caída catastrófica para Chile del precio del cobre. La práctica se ha encargado de demostrar que permite el principal subterfugio utilizado por las transnacionales, puesto que utilizan todo el arsenal de facilidades que les otorga la laxa y permisiva legislación chilena para maquillar sus balances, de forma de ocultar utilidades.
Esta ley se la debemos principalmente al Presidente Patricio Aylwin A. y a su operador personal, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Edgardo Boeninger K; a los ministros de Hacienda y Economía, Alejandro Foxley y Carlos Ominami P y al Ministro de Minería, Juan Hamilton D.. Director de Presupuesto era José Pablo Arellano y Javier Echeverry C., oficiaba de Director del Servicio de Impuestos Internos.
Otro zarpazo de los desnacionalizadores en tiempos concertacionistas, fue la Ley 19.137 de mayo de 1992, que en esencia, permitió enajenar minerales de reposición de Codelco, que no estuvieran en explotación, a mineras privadas.
Esta ley es la que, en la práctica, precipitó la avalancha de inversión extranjera en la minería chilena, fenómeno especialmente agudo entre 1994 y 2000.
Para la galería de responsables de la segunda desnacionalización del cobre, a los anteriormente nombrados hay que agregar a Iván Valenzuela R., Subsecretario de Minería; Alejandro Noemí C., Presidente Ejecutivo de Codelco, Jorge Bande B., Vicepresidente de Desarrollo de Codelco y Laura Novoa V., Jefa de Asesoría Jurídica de Codelco.
Como consecuencia directa de lo anterior, el junio de 1994 Codelco enajenó el 51% de la propiedad accionaria del mineral El Abra a la compañía Cyprus Amax, perteneciente al Consorcio Phelps Dodge. Esta transacción agrega los siguientes nombres a la galería de responsables de la desnacionalización del cobre: Eduardo Frei R.T, Presidente de la República; Eduardo Aninat, Ministro de Hacienda; Alvaro García H., Ministro de Economía; Benjamín Teplisky, Ministro de Minería; Juan Villarzú R., Presidente Ejecutivo de Codelco; Juan Eduardo Herrera y Juan Enrique Morales, directores de El Abra en representación de Codelco, y Edgardo Boeninger, Presidente del Directorio de El Abra. Si hay nombres que se repiten, en ambos lados del mostrador, no es simple coincidencia.
Actualmente, está en proyecto la enajenación del 25% accionario del proyecto Gabriela Mistral, ex Gaby, uno de los minerales de reposición de Codelco. Responsable de iniciar las negociaciones con la empresa china Minnmetals para este efecto, es el ex Presidente Ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú. En calidad de cómplice en grado de tentativa, toda vez que ha continuado con las tratativas, cabe consignar al actual Presidente Ejecutivo de la corporación, José Pablo Arellano, de tan «lucida» participación en el conflicto de los trabajadores contratistas. El actual Presidente Ejecutivo de Codelco ha manifestado, al menos en dos ocasiones, que es partidario de privatizar Codelco, pero reconoce que el clima político, por ahora, no lo permite.
En el prontuario de los desnacionalizadores concertados no pueden faltar los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Froilán Lagos Escobar.
El primero por su participación en el grado de autoría directa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dudoso honor que comparte con la entonces Cancillera, Soledad Alvear, y del Tratado Minero con Argentina, en virtud del cual está a punto de entrar en producción el proyecto aurífero de Pascua Lama, con desastrosas consecuencias económicas y ambientales.
Don Froilán, como autor de la Ley Nº 20.026 de impuesto específico a la minería, conocida como Royalty 2, que a pretexto de un impuesto específico a la gran minería, lo que hizo en la práctica fue rebajarle la carga tributaria en 7 puntos porcentuales.
Doble militancia
Un capítulo especial merecen los muchachos del CESCO, organización independiente creada en 1984, para oponerse a la legislación minera de la dictadura, y que desde 1990, se dedicó a consolidarla.
El Centro de Estudios del Cobre y la Minería, define su misión como «contribuir al diseño y debate de las políticas públicas destinadas a permitir el mejor aprovechamiento del potencial de la minería para el desarrollo de las economías de los países productores de minerales y metales, en especial de Chile». Sus integrantes se desempeñan o han desempeñado indistintamente en cargos de dirección y/o prestan o han prestado asesorías tanto en Codelco como en las compañías mineras transnacionales; o han ocupado cargos en el aparato del Estado o en organismos supervisores, como Cochilco. En la práctica, los muchachos de CESCO forman parte de las cohortes de lobystas de las empresas transnacionales, a las cuales suministran asesorías, información e influencias, naturalmente no por bolitas de dulce.
Entre ellos cabe mencionar a Jorge Bande B, Juan Eduardo Herrera, Roberto Souper R., Iván Valenzuela R., Patrick Cussen M., Carlos Vignolo, Owen Guerrini G., Isabel Marshall L., Juanita Gana Q., Gustavo Lagos C., Joaquín Vial R., José Luis Mardones Santander y Juan Carlos Guajardo.
Para muestra, solo algunos botones.
Iván Valenzuela Rabi fue Subsecretario de Minería entre 1990 y 1994, es decir, participó en la elaboración de la Ley 19.137. Desde marzo de 1994 a marzo del 2000, desempeñó la Vicepresidencia de Exploraciones y Asociaciones Mineras de Codelco, es decir, era el responsable de negociar las ventas de las pertenencias mineras de Codelco, justo cuando se enajena El Abra. Luego, hasta 1999, aparece figurando en el directorio de la Compañía Minera Los Andes, una sociedad mixta entre Codelco y la transnacional AMP, dedicada a la exploración y prospección de minerales en Chile, y desde ahí salta a otra empresa mixta público privada, toda vez que en 2004 aparece como gerente general de Alliance Copper Limited, un joint venture de Codelco y BHP, dedicado a la biolixiviación de concentrados de cobre. O sea, no es que este señor haya alternado cargos a ambos lados del mostrador, sino que los desempeñó de manera simultánea, aparentemente con interesantes réditos personales.
Análogo es el caso de Patrick Cussen Mackenna.
En 1991, en tanto delegado de Aylwin en Cochilco, expresó, en una de las reuniones del Consejo, su preocupación por la recomendación del Ministro de Minería, Juan Hamilton, en el sentido de no permitir la exportación de concentrados. Claro que, simultáneamente, era asesor financiero de La Candelaria, un proyecto minero de Phelps Dodge y Sumitomo, que se proponía…exportar concentrados. De hecho, en 2004 exportó 700 mil toneladas de concentrados de cobre.
Pero acaso el caso más emblemático sea el de Jorge Bande Bruck. Ingresó a Codelco en 1974, donde se desempeñó durante todo el período de la dictadura en la Gerencia de Ventas. En el Gobierno de Aylwin fue promovido a la Vicepresidencia de Desarrollo, desde la que participó en la elaboración de la Ley 19.137 y la enajenación del porcentaje mayoritario de El Abra. Expulsado de Codelco a consecuencia del «davilazo», pasó a ser gerente general
de la filial AMP Chile Investment, en cuya calidad participa en la creación de la Compañía Minera de Los Andes, en asociación con Codelco. Luego, pasó al directorio de otra empresa generada por la privatización de una dependencia de Codelco, como la Central Termoeléctrica de Tocopilla, de la ex división Tocopilla, actual Electroandina. No por ello ha abandonado su vocación por el «servicio público». Nombrado por Ricardo Lagos como Director de la Empresa Nacional de Minería, la actual Presidenta, Michelle Bachelet lo repuso en el directorio de Codelco.
Otros ilustres integrantes del club de la doble militancia son Eduardo Loyola, que de ex Subsecretario del Trabajo en el gobierno de Aylwin, pasó a Codelco, y de ahí a la minería transnacional, donde llegó a ser Gerente General del Consejo Minero; Nelson Pizarro, ex Gerente de División de Codelco, reclutado por el Grupo Luksic, para su proyecto Los Pelambres;
Juan Salazar, asesor internacional Ministerio de Hacienda, que de Director
General económico de la Chancillería, pasó a la Vicepresidencia Regional de BHP Billiton; Francisco Tomic, quién desde Cyprus Amax y el Consejo Minero pasó a Codelco; Sergio Jarpa, quién desde la gerencia general de Minera El Indio, de Barrick Gold, pasó a la Vicepresidente de Codelco Norte; Marcos Lima, que de Presidente Ejecutivo de Codelco, pasó a vender servicios como asesor de compañías transnacionales, entre ellas, Escondida, y la actual Ministra de Minería, Karen Poniachick, que llegó al cargo impulsada por sus contactos con las transnacionales, adquiridos durante su desempeño como Directora de Asuntos Empresariales y Financieros del Council of the Américas, institución dedicada a promover el comercio y las inversiones entre Estados Unidos y América Latina, y como Vicepresidenta Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras durante el gobierno de Lagos.
La ruta de los denarios
Un caso notable es el de Gustavo Lagos C. director del fantasmal Centro de Minería de la Universidad Católica, uno de los más tenaces lobbystas de las transnacionales y descarado portaestandarte de la privatización de Codelco.
Al cumplirse el 36º aniversario de la nacionalización del cobre, publicó en su columna habitual en el diario La Tercera, una oda a la privatización de Codelco, escrita con lenguaje oblícuo y sibilino:
«Definitivamente, «small is beautifull» (pequeño es hermoso) no es la clave en la industria minera de hoy. Son los grandes los que llevan la batuta y son escuchados. (…) Para estar en la pista de alta velocidad hay que, primero, contar con los recursos que se generan y, como todos saben, Codelco entrega los suyos al Fisco; segundo, hay que poder levantar capital en el mercado, cuestión que Codelco está impedida de hacer por restricciones del programa presidencial actual y de los anteriores. La llave para que la principal empresa pública chilena aumente la velocidad y se pase a las pista izquierda (¡SIC!) no la tiene Codelco, sino que Chile y su gobierno. La disyuntiva para los chilenos hoy es contentarse con ser 100% dueños de de una empresa que vale US$ 30 mil millones, o intentar ser dueños del 80% de una empresa que puede valer US$ 100 mil o US$ 150 mil millones en los próximos años. Si Chile sigue aplicando restricciones ideológicas a Codelco, esta será una empresa segundona dentro de pocos años. En cambio, si nos atrevemos a aprovechar las oportunidades en el mercado, al igual que las otras mineras, tal vez haya alguna posibilidad de desarrollar un gigante minero mundial, haciendo de Chile un país más rico».
Aparte de sus insostenibles contradicciones, y de representar un autorretrato moral de los que se venden por unos pocos denarios de plata, sandeces como éstas, repetidas como un mantra durante los últimos 30 años, son las que le han cimentado el camino a la segunda desnacionalización del cobre de Chile.
Es hora de decirle a Lagos y al resto de los vendepatria: ¡Basta! Con el cobre chileno ¡No!
Francisco Herreros es Periodista y director del semanario El Siglo (Chile)