I Siempre hemos afirmado que es la solución política al actual conflicto social y armado colombiano la real alternativa a los tambores de conflagración, guerrerismo y neoliberalismo que pretenden imponer con cuantiosos recursos de múltiple procedencia, abanderados por los medios comerciales de desinformación y misceláneos funcionarios estatales. Los que patrocinan por la vía cruenta, dolorosa, […]
I
Siempre hemos afirmado que es la solución política al actual conflicto social y armado colombiano la real alternativa a los tambores de conflagración, guerrerismo y neoliberalismo que pretenden imponer con cuantiosos recursos de múltiple procedencia, abanderados por los medios comerciales de desinformación y misceláneos funcionarios estatales.
Los que patrocinan por la vía cruenta, dolorosa, militar y sangrienta la resolución del conflicto, es como si la guerra fuera su objetivo, o su probado camino para la dominación económica, política, social, cultural, educativa y hasta religiosa que siempre han impuesto, y seguramente pretenderán continuarla.
Es como si no nos bastara la tenaza que centenariamente ha sufrido el país, donde se ha combinado la barbarie autoritaria del Estado con la cruel explotación económica al pueblo y los trabajadores, quienes siempre han soportado en su existencia la catástrofe humanitaria y social que hoy los guerreristas propugnan agudizar.
II
Múltiples manifestaciones en pro de la paz, contra la guerra, en defensa de las víctimas del terrorismo para estatal, voces impulsoras de la solución política al conflicto colombiano, defensoras del intercambio humanitario entre todas las personas privadas de su libertad como consecuencia del conflicto social y armado colombiano, unas en poder de la insurgencia en selvas, montes y cordilleras sufriendo las inclemencias geográficas, climáticas y de inminentes rescates a sangre y fuego, y otras en poder del Estado hacinadas en penitenciarías, al igual que las extraditadas ilegalmente, son el acumulado social, popular, político y humanitario para la paz, para la justicia social y para que la convivencia ciudadana prime sobre el terrorismo de Estado, en el entendido que es el Estado el comprometido internacional y nacionalmente a la defensa, promoción, respeto y generador de condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos, llámenlos humanos o fundamentales, sea real, y no sólo formal.
El CPDH, Andas, Juristas, Sindicatos, Partidos Políticos, Concejales, Parlamentarios nacionales y extranjeros, Diputados, Defensores de Derechos Humanos, lgtbs, Estudiantes, Campesinos, Negritudes, Indígenas, Mujeres, Artistas, Religiosos, centrales obreras, Educadores, Campesinos, Periodistas, Medios Alternativos de Comunicación, obreros, familiares de personas retenidas como consecuencia del conflicto, Demócratas, Intelectuales, las Víctimas del terrorismo para-estatal, el PCC y la UP víctimas del más cruel genocidio y terrorismo estatal conocido en la historia mundial, patriotas todas y todos, propugnan por la paz, la convivencia, la justicia social, la solución civilizada y política del conflicto colombiano.
Fuerzas populares a pesar de seguir siendo agredidas por los impulsores de la guerra, siguen en la búsqueda de una nueva Colombia, una nueva Patria, un nuevo País donde impere – en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional – la búsqueda de la verdad, donde coincida la verdad histórica con la judicial; se imponga la justicia internacional, pues la nacional no ha fructificado en evitar la impunidad; se repare integralmente a las víctimas sus familiares y a la sociedad recuperando su memoria, redimiendo y resaltando la imagen de ciudadanos y demócratas, se le restituya totalmente lo perdido, y se concreten medidas políticas, legislativas, administrativas y toda las estatales que sean necesarias, para evitar la repetición de todos los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que aún siguen impunes.
III
No podrá imponerse la fatalidad de la guerra, pues la contradicción hoy no es entre terrorismo o beligerancia, la disyuntiva es buscar la paz con justicia social o continuar en guerra con desigualdad social.
Proseguir e impulsar la guerra es mantener o incrementar los 15 millones de desempleados absolutos, desatender los cerca de 7 millones de desplazados, desterrar en la práctica a millones los colombianos que obligatoriamente han tenido que buscar refugio político, humanitario y social en otros países.
Profundizar la guerra desde las instituciones del Estado es patentar el paseo de la muerte en beneficio del capital financiero y en detrimento del derecho humano y fundamental de la salud, donde las EPS y las IPS ya no solicitan al enfermo llevado a sus dependencias, sino al carné, como si el carné fuera el enfermo, eso si: carné pero al día en la cotización; es toda una tragedia nacional, que se impone con el impulso de la guerra desde el Estado, sus Instituciones, los guerreristas de dentro y fuera de él, empresarios, negociantes nacionales y extranjeros de municiones, pertrechos, vituallas de operación militares, uniformes, calzados, armas ligeras, pesadas y sofisticadas para más de medio millón de enrolados.
IV
¿Dónde está el compromiso internacional del Estado frente a toda la comunidad internacional?, Estado quien mediante todas y las respectivas Leyes Aprobatorias de esos Tratados Internacionales, se ha comprometido en el cumplimiento de ellos, y fundamentalmente de todos aquellos que versan sobre Derechos Humanos, independiente si hay o no conflicto, prescripción constitucional expresada en su numeral 93, pues ahí se afirma que prevalecen sobre toda normatividad del orden interno.
¿Dónde queda el compromiso convencional internacional del Estado Colombiano, sus Instituciones y sus funcionarios denominados servidores públicos que los incumplen?
¿Dónde queda la obligación Internacional y también Constitucional de aplicar prevalentemente los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que se han suscrito?
¿Y dónde puede quedar la prescripción constitucional colombiana afirmada en el artículo 22 que indica que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento?
Quienes hoy propugnan por la guerra, desde fuera y desde dentro del Estado y sus Instituciones no hacen más que incumplir Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, DIH y el Derecho Penal Internacional, y además agredir la propia Constitución Política que juraron defender y cumplir, y que en caso contrario la sociedad y la patria los demandaría, se afirmó en cada posesión de esos funcionarios.
La Historia y el Derecho Internacional tendrán entonces la palabra. Pues LA DISYUNTIVA HOY ES BUSCAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, O CONTINUAR EN GUERRA CON DESIGUALDAD SOCIAL.
V
Ahora como se ha conocido que las Farc-Ep unilateralmente liberarán a los Parlamentarios Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco de Losada y Orlando Beltrán Cuéllar como gesto humanitario para atender la facilitación del Presidente Venezolano Hugo Chávez, de la Senadora Piedad Córdoba y de los Países Amigos, se requiere coadyuvar en todo sentido las acciones que se requieran para que estos tres colombianos regresen a sus hogares, y es el Gobierno Nacional Colombiano quien en el marco del DIH y los Tratados y Convenciones Internacionales suscritas por el Estado Colombiano, y de los principios Constitucionales, deberá propiciar las medidas y procedimientos igualmente humanitarios para que la insurgencia de las Farc-EP los entregue a quienes ellas han designado recibirlos sanos y salvos.
* Athemay Sterling: Director Centro de Derechos Humanos Universidad Santiago de Cali, Abogado Defensor de Derechos Humanos, integrante del Equipo periodístico de VOZ, Subdirector CPDH y ANDAS Valle, constituyente de la Comisión de Impulso al Intercambio Humanitario, profesor Universitario, Director de Derecho Preventivo & Derechos Humanos, escritor, historiador y analista político, Ex Consejero Departamental y Asesor de Paz, conferencista nacional e internacional sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, sobreviviente del genocidio político cometido por el Estado contra el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, Consultor de la Sección América de la Federación Sindical Mundial con sede en la Habana Cuba.