En estos últimos días, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick se ha despachado un festival de declaraciones que constituyen el epítome de la irresponsabilidad, el prejuicio y la odiosidad con que este Gobierno empresarial aborda un problema tan delicado como el conflicto ancestral de la etnia mapuche. Resulta que si fuera por los dichos del […]
En estos últimos días, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick se ha despachado un festival de declaraciones que constituyen el epítome de la irresponsabilidad, el prejuicio y la odiosidad con que este Gobierno empresarial aborda un problema tan delicado como el conflicto ancestral de la etnia mapuche. Resulta que si fuera por los dichos del atolondrado ministro, los mapuche son punto menos que una potencia paramilitar, financiada desde el extranjero, que practican el terrorismo casi por gusto. A pesar de las groseras contradicciones, y de la absoluta falta de pruebas, lo dice con su mejor cara de palo, sin que se le arrugue un músculo, de un rostro de suyo pétreo. A modo de ejemplo, afirmó que tiene «la impresión» de que «dada la capacidad de movimiento de acción y de organización» de los mapuche que reclaman la propiedad de sus tierras ancestrales, «tienen financiamiento del exterior».
Sin embargo, en la misma entrevista, publicada en el Diario Financiero, Chadwick reconoce que «no tengo antecedentes fidedignos» para afirmar que los mapuche tienen «un financiamiento del exterior»: «Uno tiene la impresión, aunque no tengo antecedentes fidedignos, pero creo que dada la capacidad de movimiento de acción y de organización tienen un financiamiento del exterior. Aquí hay recursos y uno se pregunta ¿de dónde salen esos recursos?». Chadwick afirma que el financiamiento se está investigando, pero eso no obsta para que asegure, a reglón seguido, que está «absolutamente claro» que grupos argentinos financian a los mapuche, aunque líneas antes reconociera que no tenía «antecedentes fidedignos»: «Se está investigando, lo que sí en las investigaciones ya está absolutamente claro de que hay participación y apoyo de grupos extranjeros especialmente lo que hemos podido detectar son grupos argentinos».
Hasta ahora, en el terreno de los hechos, los únicos «elementos extranjeros» vinculados con el conflicto mapuche, son dos observadoras de derechos humanos de nacionalidad italiana, las que fueron expulsadas en clara contravención al derecho internacional humanitario. Sucede que al igual que al Gobierno que representa, a Chadwick le tiene sin cuidado si sus acusaciones al voleo carecen de antecedentes que las sustenten. Para ellos, lo único que cuenta es el efecto comunicacional. En La Araucanía, a 670 kilómetros al sur de Santiago, desde la década de los noventa el denominado conflicto mapuche enfrenta a la principal etnia del país con agricultores y empresarios por la propiedad de tierras que consideran ancestrales. La tensión subió hace algunas semanas cuando empresarios y terratenientes de la zona acusaron de inacción al gobierno y la justicia y amenazaron con «salir de cacería» contra los mapuche. Pero frente a esas declaraciones, claramente sediciosas y atentatorias contra el ordenamiento institucional, Chadwick y el Gobierno guardan cómplice silencio.
En la entrevista, con una mano, Chadwick reconoce la complejidad del conflicto mapuche: «Es un tema histórico en que no ha habido capacidad por décadas y por siglos de poder buscar un camino. Como gobierno estamos claros que no lo vamos a lograr en 4 años. Hay que desarrollar un plan de largo plazo». Pero con la otra, demuestra no entender nada de ese secular conflicto, que el Gobierno enfrenta con lógica paternalista y empresarial: «El Gobierno tiene dos líneas de acción. Una que apunta al desarrollo integral de lo que hemos llamado el Plan Araucanía. Dentro de ese desarrollo hay infinidades apoyos y planes destinados a capacitar y a educar a las distintas comunidades. La otra apunta al trabajo con los principales dirigentes gremiales de la zona de La Araucanía. Hemos tenido reuniones con el obispo y con el pastor evangélico, con los dirigentes de la Área de Desarrollo Indígena (ADI) para hacer una alianza de apoyo mutuo entre el sector empresarial agrícola con las comunidades que son parte de la ADI.»
Obviamente ignora, o simula ignorar, que la demanda básica del pueblo mapuche es la recuperación de tierras que ancestralmente les pertenecen. Y como el Gobierno no tiene respuesta frente a esa legítima demanda, al igual que Hinzpeter, desenfunda el recurso a la represión: «Aquí tenemos que actuar por los dos caminos. Un camino es que mientras tengamos acciones de violencia, nosotros vamos a ejercer nuestro deber de aplicar la ley y buscar y esperamos encontrar, a los cabecillas. No vamos a bajar los brazos, no nos va a temblar las manos, si tenemos que aplicar las leyes especiales o bien nos iremos por las leyes comunes».
La Ley Antiterrorista , aplicada contra los comuneros mapuche proviene de la dictadura de Pinochet, y fue creada para juzgar y castigar delitos considerados políticos, con el propósito de estigmatizar como terroristas a las agrupaciones sociales, en particular a los partidos de la Izquierda, que luchaban por recobrar la democracia en la década del ochenta. Y luego, vuelta a los balbuceos y contradicciones: «Sí ha habido personas de otras nacionalidad que han estado vinculadas, las investigaciones que se han efectuado nos dicen que sí pueden haber participación de personas extranjeras, pero es parte de la investigación. Estamos desarrollando una acción especial que nos permita, ojala pode dar con los responsables y poder dar con aquellos que participaron en estos actos de violencia y poder ponerlos a disposición de los tribunales de justicia como corresponde».
De una parte, afirma que el gobierno va a hacer «todas las acciones, junto a las policías con el propósito de que no exista impunidad en nuestro país, y en este caso específico a lo que ha ocurrido en los últimos días en la zona de la Araucanía». Pero de otra, descartó que los hechos sean realizados por la comunidad Mapuche, sino que más bien por un grupo pequeño que, incluso, le hace mucho daño a la causa indígena: «Casi la totalidad del pueblo Mapuche es un pueblo que quiere paz, que quiere avanzar, que quiere desarrollarse. Aquí hay un grupo muy chico, e incluso que le hace mucho daño a la causa Mapuche, y vamos a ir detrás de ellos. Ellos son nuestros adversarios, ese grupo violeto que le hace daño al pueblo Mapuche». Todo en blanco y negro, como cuando Pinochet.
De una parte, se trata de grupos financiados en el extranjero, y con participación de extranjeros, de otra, son sólo «cerca de 120 personas las que generan temor»: «No es fácil enfrentar a grupos que desarrollan acciones de violencia y siempre en forma imprevista. Esto se ha visto en Ercilla, Vilcún, Padre Las Casas o en Tirúa. Hemos buscado potenciar la zona con más dotación de Carabineros, pero son grupos que, si bien algunos tienen alguna organización jerarquizada -como la CAM o los que se están organizando en muchos territorios- también hay mucha acción que obedece a jóvenes de comunidades que, en forma espontánea, ya sea por delitos comunes, como robos o incluso delitos sexuales, desarrollan acciones». Y por fin, se anima a mostrar sus pruebas: «Si uno se mete a las página web de la CAM y de las distintas organizaciones puede observar ahí mismo los apoyos internacionales. La CAM (Coordinadora Arauco Malleco) es un movimiento organizado que continúa desarrollando acciones bajo otros liderazgos y del propio Hector Llaitul, aunque esté detenido».
Y con la fortaleza de esas pruebas, remachó: «No vamos a bajar los brazos en el tema de la seguridad ciudadana y del orden público, pero sabemos que no es fácil. Sabemos que tenemos que enfrentar a un adversario poderoso, enfrentar acciones políticas que son complejas y sabemos que hay apoyos comunicacionales». Bueno, en qué quedamos. O son sólo un grupo de 120 personas, o un adversario poderoso, con financiamiento, apoyo y participación de elementos extranjeros. Así de coherente es el discurso del Ministro del Interior.
Como guinda de la torta de su desfachatada irresponsabilidad, no ha tenido empacho en invadir las prerrogativas de otro poder del Estado, como la siguiente crítica al fallo de la Corte Suprema, que anuló un juicio contra el werkén de Temucuicui, Mijael Carbone: «Jurídicamente, cuesta entender las consideraciones que se puedan haber tenido para otorgarle al señor Mijael Carbone la posibilidad de mantenerse en libertad a la espera de un segundo juicio. Las razones por las cuales se puede aplicar la prisión preventiva a una persona dicen relación con dos causas, que en este caso se me aparecen muy fuerte: una, el peligro de fuga. Esto casi no es necesario explicarlo; estuvo prófugo de la justicia durante cuatro meses, entonces qué explicación puede tener no haberlo dejado en prisión preventiva cuando hay un claro peligro de fuga. La segunda razón para una prisión preventiva es la seguridad de la sociedad. Esto puede ser más discutible, pero, obviamente, alguien que ha estado participando en distintas acciones que pueden ser presuntivamente delictivas puede ser considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad».
O sea, según la doctrina Chadwick, Carbone es culpable mientras no demuestre ser inocente. Chadwick remata su desfortunada retahíla de incoherencias con la afirmación de que los mapuche no son víctimas de represión: «Uno de los efectos de la red político-comunicacional que apoya la causa mapuche es buscar inhibir a las instituciones del Estado para actuar, inhibir la acción de Carabineros y ponerla bajo el rótulo de represión al pueblo mapuche. Eso es falso. Aquí no hay ninguna acción de represión ni menos al pueblo mapuche. Hay el cumplimiento de las exigencias de la ley contra un grupo muy minoritario que ha hecho de la acción extremista una forma de reivindicar derechos, que, por legítimos que puedan aparecer, hacerlo de un modo violento pone esas reivindicaciones en la ilegalidad». Señor Chadwick, pregúntele a las madres de Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún o Juan Lorenzo Collihuin, o a las decenas de presos políticos encerrados por juicios parciales y amañados, si creen que no hay represión contra el pueblo mapuche. O haga una cosa todavía mejor: cállese la boca, mientras no tenga algo coherente o razonable que decir sobre un conflicto que le queda como poncho.