La huelga de los trabajadores del sector público, encabezados por la ANEF, constituye sin duda uno de los principales acontecimientos socio políticos de los últimos meses, en un panorama dominado por maniobras y cambullones de política de arrabal, en la Concertación y la derecha, para esconder los problemas de fondo del país. Decenas de miles […]
La huelga de los trabajadores del sector público, encabezados por la ANEF, constituye sin duda uno de los principales acontecimientos socio políticos de los últimos meses, en un panorama dominado por maniobras y cambullones de política de arrabal, en la Concertación y la derecha, para esconder los problemas de fondo del país. Decenas de miles de trabajadores fiscales, de los servicios descentralizados, de profesores y trabajadores de la salud municipalizada se han movilizado por un reajuste del 14,5 por ciento para el próximo año. Sus manifestaciones callejeras han sido ejemplares por su entusiasmo y organización, que ha evitado el desgaste inútil de enfrentamientos con la fuerza policial. El conflicto servirá, además, de pauta para las movilizaciones sociales que se avecinan en un cuadro de crisis.
Las reivindicaciones de los trabajadores fiscales tienen plena justificación, como lo han demostrado a través de sus organizaciones. Sus planteamientos han sido apoyados por sectores de la Concertación y la Alianza así como por la Izquierda, por amplios sectores sociales y también por la Iglesia. Substancialmente reclaman un reajuste que tenga en cuenta el deterioro del nivel de ingresos en este año, derivado del incremento inesperado de la inflación -que superó ampliamente los montos comprometidos por el gobierno- y, al mismo tiempo, sea un mejoramiento de condiciones de vida precarias en la mayoría de los casos, o insuficientes en relación a las del sector privado.
La negociación ha sido difícil.
Tanto por el comportamiento del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, celoso cautelador de los equilibrios macroeconómicos, como por las dificultades que rodearon las conversaciones. El proceso se ha hecho al margen de la ley, ya que Chile es uno de los pocos países que no reconoce la sindicalización de los trabajadores del Estado ni la negociación colectiva para ellos. Esto favoreció al gobierno, que manipuló los tiempos. Al no llegar a acuerdo, el monto del reajuste lo fijó en 10 por ciento para los salarios menores y lo envió al Congreso, en el marco del proyecto de Presupuesto para 2009. La iniciativa para el mayor gasto fiscal corresponde exclusivamente a la presidenta de la República.
La situación es más extraña si se considera que dentro de las medidas contracíclicas que ha anunciado el gobierno para afrontar la crisis, se contemplaría un papel más activo del Estado en obras públicas, infraestructura hospitalaria y políticas que demandarán mayor trabajo a los empleados de la administración, como en los casos de la reforma previsional, en salud y educación.
El conflicto deja lecciones importantes. La principal es reiterativa: prácticamente la única manera de obtener mejoramientos económicos y sociales, es a través de la huelga y la movilización callejera unitaria y combativa de los sectores populares. De esto toman nota diversos gremios que enfrentarán negociaciones colectivas, entre ellos los trabajadores del cobre, los del retail y de otras grandes empresas.
La segunda lección es que, más allá de las palabras, en los hechos, el gobierno se apresta a afrontar la crisis afectando a los trabajadores, mientras simultáneamente favorece a los grandes empresarios. Ya se anuncia un modesto crecimiento del dos por ciento de la economía para 2009, vale decir, nada. Las autoridades chilenas van admitiendo de a poco que la crisis golpeará también al país. No puede ser de otro modo, cuando las grandes economías -la última ha sido Japón- anuncian una a una que van entrando en recesión.