El 2 de agosto de 2010, aprovechando el mes vacacional por excelencia, la EMV ha remitido por correo ordinario a los inquilinos de las viviendas afectadas una comunicación en la que se les ponía al tanto de la subasta que se ha de celebrar el día 13 de septiembre de 2010. La finalidad de dicha […]
El 2 de agosto de 2010, aprovechando el mes vacacional por excelencia, la EMV ha remitido por correo ordinario a los inquilinos de las viviendas afectadas una comunicación en la que se les ponía al tanto de la subasta que se ha de celebrar el día 13 de septiembre de 2010. La finalidad de dicha subasta es la venta, al mejor postor, de cuatro promociones completas en Carabanchel, Sanchinarro, Moratalaz y Vallecas. En total, 630 pisos, o lo que es lo mismo, 630 familias.
Según diferentes fuentes, entre las que se encuentra inmobiliaria.elpais.com, la EMV pretende obtener unos 64 millones de euros por la venta de 630 pisos ya habitados. Es decir, que la EMV va a vender a una gran corporación un piso de 60 metros cuadrados de 6 años de antigüedad por unos 80.000 euros. A algún mal pensado se le podría llegar a ocurrir que se trata de un regalo, pues, quizá, dentro de cuatro años, una vez sobrepasados los plazos de protección, esta misma corporación podría ofertar los pisos a sus inquilinos por 250.000 euros.
La adjudicación de estas viviendas fue promocionada y publicitada por la Administración de Alberto Ruiz Gallardón como una inversión pública y social destinada a ayudar a jóvenes a adquirir su primera vivienda, ofreciendo un precio de alquiler razonable frente a los precios de las viviendas en mercado libre, inflados por la especulación inmobiliaria.
Pero, ahora, la EMV tiene una deuda de unos 1.000 millones de euros y necesita liquidez. Y, claro, quiere dinero rápido. Pero las vías para la obtención de dinero rápido suelen ser un poco tortuosas y, efectivamente, la EMV, olvidando que la sociedad española está sumida en una profunda crisis económica y que, hoy por hoy, cerca de 4 millones de personas carecen de trabajo, ha decidido privatizar el patrimonio inmobiliario erigido con el dinero de todos los contribuyentes e incumplir las condiciones que de palabra expusieron Alberto Ruiz Gallardón y Sigfrido Herraez en la entrega de llaves de las promociones de San Chinarro y Carabanchel, respectivamente.
No parece descabellado pensar que el Consistorio Municipal de Madrid ha tomado con esta medida el camino de la especulación inmobiliaria. Y parece que son sabedores de ello. Si no es así, ¿cuál es el motivo de enviar las notificaciones a los afectados el 2 de agosto y por correo ordinario? Si dispusiese de las viviendas para entregárselas a familias más necesitadas que las que ahora las ocupan, a nadie le vendría a la cabeza el concepto especulación. Pero no es así. Las vende a la baja a una empresa que se beneficiará a partir del 13 de septiembre de un negocio redondo: ganada la puja, no deberá siquiera buscar a sus clientes puesto que ya los tendrá instalados en sus nuevas casas. Luego, ya sólo le restará esperar cuatro años a que se cumpla el plazo de protección de las viviendas para poder alquilar o vender a precio libre unas viviendas construidas con el dinero de todos los contribuyentes. Es posible que haya quien piense que esta crisis no es tan perjudicial: los ciudadanos cubren con sus impuestos los supuestos agujeros de las mismas entidades financieras que les ahogan con una hipoteca de por vida y, además, construyen viviendas con sus contribuciones para que las exploten corporaciones con ánimo de lucro que se las venderán a un precio indecente. Y, de nuevo, nos encontramos con las hipotecas. ¿Y en medio de todo esto? Pues, a lo mejor, hasta nos encontramos con la EMV.
Ante tal injusticia, a los ciudadanos sólo les queda movilizarse. A todos. A los afectados directos porque su futuro se enturbia para que una Administración consiga 64 millones de euros después de despilfarrar el presupuesto municipal de 50 años para soterrar una autopista. A los demás adjudicatarios de viviendas de alquiler de cualquier municipio de Madrid porque ya lo dice el refranero: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A aquéllos que han comprado un piso de promoción privada y viven con la soga al cuello para poder pagar cada mes las letras, por solidaridad. Y, si no lo hacen por solidaridad, por egoísmo. Por sus hijos. Para frenar el expolio del patrimonio de todos los ciudadanos. Para que sus hijos puedan el día de mañana, si lo necesitan, optar a un piso de protección pública. No condenemos a nuestros hijos a revivir las miserias que nos ha tocado vivir a nosotros.
Por ello, hay que acudir a las manifestaciones que recorrerán la calle Alcalá desde Cibeles a Sol los días 24 de agosto y 5 de septiembre y a las concentraciones que se celebrarán ante la sede de la EMV de Madrid (calle Fray Luis de León, 15) los días 20, 25 y 27 de agosto y los días 1 y 3 de septiembre para detener la venta del patrimonio de todos los madrileños.